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Esos actos arbitrarios no son nuevos; en octubre de 2020, el Presidente y los legisladores morenistas desaparecieron 109 de estos instrumentos financieros con el mismo objetivo. Algunos de ellos fueron el Fondo Metropolitano (FM), el Nacional de Desastres Naturales (Fonden), Minero (FM), Inversión y Estímulos al Cine (Foncine), de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología (FCICT), para el Cambio Climático (FCC), para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (FPPDDHP) y, entre otros, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FDAR).
La transferencia de esos recursos (68 mil millones de pesos) hacia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se efectuó mediante “el discurso de loro amaestrado” de la anticorrupción, sin considerar que millones de mexicanos (trabajadores y funcionarios públicos de todos los niveles y actividades, científicos, tecnólogos, docentes, estudiantes de posgrado, deportistas, damnificados, etc.) quedarían indefensos frente a la emergencia de múltiples problemas socioeconómicos y laborales.
La injusta supresión del Fonden, por ejemplo, ha provocado que hoy no sean atendidos con la celeridad y la atingencia necesarias la pérdida de empleos, viviendas, bienes domésticos, cultivos, cosechas, escuelas, carreteras, etc., que cada año y con demasiada frecuencia padecen decenas de miles de mexicanos debido a terremotos, tormentas tropicales e inundaciones.
En marzo de 2022, el portal forbes.com.mx informó que el gobierno de AMLO usaba “135 mil mdp de los fideicomisos desaparecidos” y que ese dinero no provino de ingresos tributarios. Ese año, a decir de los analistas de la Cámara de Diputados, los ingresos no tributarios fueron 385 mil 477 mdp, monto superior a los 181 mil 328 mdp de 2021. Esos recursos fueron supuestamente reasignados a los programas sociales del gobierno y a solventar problemas de salud, vivienda e infraestructura; pero la deplorable situación de estos sectores muestra que no fueron atendidos.
Cuando AMLO volvió a la cargada contra la SCJN y ordenó desaparecer 13 de sus 14 fideicomisos, no existe la menor duda de que el destino de ese dinero será atender los problemas de financiamiento de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, además de que asfixiará –como lo ha denunciado el diputado federal Héctor Saúl Téllez– “a todo aquel poder u órgano autónomo que no tenga consonancia con el gobierno”.
En esta situación se halla hoy el Poder Judicial contra el que, con el apoyo de los grupos parlamentarios afines al gobierno morenista en el Poder Legislativo, “se quiere perpetrar un asalto” que violenta la Constitución, varias leyes secundarias y omite las necesidades de muchos mexicanos sólo para satisfacer los caprichos u ocurrencias del autoritario titular del Ejecutivo Federal, quien se cree infalible y omnipotente.
Los diputados federales morenistas y sus aliados del PT y el PVEM deberían considerar que, en las elecciones generales de 2024, cuando se renueve completamente el Congreso de la Unión, algunos o muchos de ellos podrían no lograr su reelección en castigo por su antipatriotismo y mal comportamiento como representantes populares. Por el momento, querido lector, es todo.
Es decir, donde vaya, el presidente López Obrador no podrá tomar sana distancia del clima de ingobernabilidad que está generando y afecta ya las capas populares.
Desde la Presidencia de la República se le ha ordenado a la Cámara de Diputados no le cambie ni una coma al presupuesto propuesto por López Obrador. Incluso, se ha convertido en “un honor” de los diputados morenistas obedecer su instrucción.
Acudirán a Palacio Nacional, los gobernadores del sureste, de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Veracruz y Oaxaca, ya que se dará a conocer el plan de atención migratorio en la frontera.
Como hemos visto en los últimos años, los embates de la naturaleza no disminuirán, por el contrario, el cambio climático es una realidad latente y encuentra a México.
Si la Carta Magna no tiene el máximo valor, y si quien juró guardarla y aplicarla no lo hace, entonces la República está en sus peores días... Este debilitamiento sistemático puede llevarnos, incluso, a largo plazo, a un Estado fallido, advierten analistas.
El SPIEF es uno de los eventos económicos más importantes del mundo.
El titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, afirmó que recientemente los jueces votaron contra la garantía de la estabilidad en la red eléctrica.
Los estados de Veracruz, Estado de México, CDMX, Puebla y Morelos son los que acumulan en 49% del delito de secuestro respecto al total nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo realidad su propuesta acerca de entregar directamente recursos a madres y padres trabajadores
Respecto al nuevo libro de AMLO, Carlos Urzúa se dio a la tarea de desmentir, por lo pronto, sólo cuatro afirmaciones plasmadas en “A la mitad del camino”, ya que afirma, “son muchas las equivocaciones, las omisiones y, de plano, falacias”.
“Tengo una carrera impecable, no tengo nada de qué avergonzarme. Continuaré trabajando intensamente, participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes”, sostuvo la ministra.
Al menos 17 Congresos locales deben aprobar la reforma judicial para promulgarla ley.
Han transcurrido 41 semanas desde el 22 de febrero, cuando surgió un significativo movimiento político-social en ese país norafricano. Entonces miles de argelinos salieron a las calles en rechazo a una quinta presidencia de Abdelaziz Bouteflika.
Al lado de los antorchistas han sumado fuerzas para que el gobernador Quirino Ordaz Coppel, les dé una solución a la violencia
El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, es dueño de un patrimonio inmobiliario en España con un valor de 113 millones de pesos, con la posesión de cuatro viviendas de lujo. Así lo dio a conocer el diario español El País.
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Escrito por Miguel Ángel Casique Olivos
Colaborador