La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso local aprobaron este martes el dictamen para reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública.
La propuesta fue presentada por el diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Hugo Lobo Román, quien explicó que en la iniciativa “busca implementar mecanismos y programas especiales para la apertura o reapertura rápida de establecimientos mercantiles en caso de desastre natural o ante una emergencia sanitaria. Estos mecanismos y programas especiales tendrán carácter de temporal”.
En el dictamen que aprobaron los 18 legisladores enlazados vía online, “las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia”.
La reunión de las Comisiones fue encabezada por el presidente de la Comisión de Administración Pública Local, el morenista Gerardo Villanueva Albarrán, y como secretario fungió el presidente de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, Jorge Gaviño Ambriz.
De la primera Comisión, faltaron los diputados: Lourdes González Hernández, del PRI, así como los panista Luis Chávez García y Ricardo Rubio Torres, mientras que la segunda: los panistas Federico Döring Casar y Diego Garrido López, así como el ahora “sin partido”, Gonzalo Espina Miranda.
Se propone que existan medios del fomento y acciones de simplificación administrativa para reactivar la economía de la Ciudad de México, además, impulsar el crecimiento y desarrollo de micro y pequeños comercios.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Redacción