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Este miércoles, el Gobierno Federal actualizó el costo del Tren Maya para el 2022 a 167 mil 341.6 millones de pesos, es decir, 6 mil millones de pesos más de lo presupuestado a la fecha, además, busca asignarle 62 mil 942.1 millones de pesos para emprender una etapa intensa de construcción (dicho monto representa el 67.2% más de lo asignado durante el 2021, en términos reales).
El Tren se inaugurará a finales del 2023, siendo el mayor proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio.
Con base en el proyecto de presupuesto de egresos para el siguiente año, la Secretaría de Turismo, como cabeza de sector, continuará con el programa de adquisiciones para las reubicaciones de asentamientos humanos en el derecho de vía del proyecto y, a través de las empresas que tiene a cargo las obras, entre ellas ICA, Mota Engil, Operadora CICSA y GAMI, debe fomentar la creación de empleos en el sureste del país.
“Para el ejercicio fiscal 2022 se considera que al menos dos municipios sean interconectados con la construcción y/o rehabilitación de 62 kilómetros de líneas férreas, así como la construcción de 4.4 estaciones de la ruta del Tren Maya (de las 19 contempladas)”, informó la dependencia.
En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) necesita para la culminación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que tendrá que ser inaugurado el 21 de marzo próximo, y las primeras labores constructivas del nuevo aeropuerto mixto civil/militar con categoría internacional en Tulum, Quintana Roo, recursos por 11,031.4 millones de pesos, 50.1% menos de los recursos que se le asignaron para el 2021 a la Dirección General de Ingenieros de la dependencia. Adicionalmente, se busca dar 419.4 millones de pesos a la empresa Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles SA de CV para cubrir los gastos de organización y administración para el funcionamiento de la terminal, así como actividades administrativas necesarias para el funcionamiento y desarrollo de los Organismos Militares que integran esta Secretaría de Estado, entre otros.
Fuente: El Economista
No era necesario nacionalizar el litio, pues éste ya es propiedad de la Nación. Lo que hicieron fue reglamentar cosas relacionadas con su extracción y manejo, entre ellas, una revocación que provocará que el Gobierno pague más con nuestros impuestos.
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En ambos municipios está la mano negra del gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien desde su campaña declaró una guerra de exterminio contra el Movimiento Antorchista, y la ha emprendido logrando numerosos atropellos en contra de esta organización.
Este retraso en la proclamación presidencial de El Profesor, como llaman sus simpatizantes al miembro de una izquierda peruana que se proclama marxista, contribuyó a la incertidumbre, caldeó ánimos y confrontó a las instituciones del país.
La autonomía de la máxima casa de estudios, la libertad de cátedra y de expresión están en riesgo, ya que AMLO y su partido intentan violar la ley, entrometerse, y convertirla en una de las “universidades del bienestar”.
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Escrito por Redacción