No hay comprobación fiscal que lo inculpe, argumentó la consejera electoral Carla Humphrey
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La pandemia del coronavirus (Covid-19) se irá en un abrir y cerrar de ojos, pero dejará grandes estragos físicos y económicos en muchos familias mexicanas –al igual que en todo el mundo–, que agravarán los males de mayor impacto social: pobreza, inseguridad pública, violencia delictiva, corrupción, insalubridad, etc. En la antesala de las elecciones federales y locales de 2021 empezarán a darse los primeros acuerdos entre los partidos políticos y las cúpulas de poder económico para ir planchando los nombres de los candidatos a puestos de elección popular. Esto ocurrirá entre junio y septiembre.
El año próximo habrá elecciones para definir 500 diputaciones federales, legislaturas locales en 27 entidades federativas, 13 gobernadores y presidentes municipales de 28 estados. Se disputarán en total tres mil 200 cargos públicos y de representación popular, por lo que hay voces que afirman que será una contienda política muy importante.
Este asunto por sí mismo permite prever fuertes tensiones porque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados partidistas intentarán mantener el control político que ahora tienen; y porque la oposición intentará levantarse de su derrota de 2018 a costa de las políticas erráticas que el gobierno y algunos morenistas locales han implementado para enfrentar la contingencia sanitaria y la crisis socioeconómica que se agudiza.
Éste es el contexto político complicado, donde la clase política en el poder operará durante los meses próximos y, sobre todo, en las elecciones de 2021; esto explica por qué a menos de un año de los procesos, ya es muy alta la preocupación tanto para AMLO y sus asesores como para los grupos fuertes de Morena en San Lázaro. Éstos no dejan de preguntarse qué deben hacer para usar el aparato gubernamental e imponer cambios legales que les permitan mantenerse en el poder, ya que saben que difícilmente podrán ganar en las urnas. Ellos están pensando en una elección de Estado.
AMLO y Morena temen perder las elecciones en 2021 y por esa razón, en días pasados, el Presidente –como si no fuera más importante atender a la población pobre amenazada por el Covid-19 y la crisis macroeconómica– retó a los “conservadores” a que aceptaran que la consulta para la revocación de mandato se hiciera en 2021 y no en 2022. Con esta propuesta, AMLO desafió a sus “acérrimos rivales” para que, a cambio de su eventual defenestración, aceptaran que figure en las boletas electorales y le permitan hacer campaña de propaganda con sus compañeros y aliados. AMLO sigue pensando y creyendo, ciegamente, que la elección del año próximo será como la de 2018, cuando arrasó y arrastró tras de sí a muchos candidatos de Morena que ni en sus casas los conocían.
La propuesta de AMLO es una maniobra política para el futuro electoral mediato y para desviar la atención de las exigencias y denuncias que los mexicanos ya están haciendo sobre la pandemia del Covid-19; denuncias que, además, cargan tristezas, angustias y tensiones generadas por la muerte, enfermedad y convalecencia de familiares afectados y, por supuesto, por la pérdida de empleos, negocios y la satisfacción de las necesidades básicas, entre ellas la alimentación.
En México, hay ahora muchas familias que no tienen ingresos fijos para garantizar su alimentación mientras están encerrados en casa; hoy 44 millones de mexicanos “empiezan a tener hambre” y reclaman su presencia en las calles, porque era en éstas donde conseguían su sustento diario. Hoy estas personas, que además de padecer la tardía reacción del Gobierno Federal frente a la pandemia, reclaman a AMLO lo que no se le ocurre ni por asomo: un programa nacional de distribución de víveres o de recursos monetarios directos destinados a la alimentación.
La popularidad de AMLO sigue a la baja y su aprobación está en 46.8 por ciento; en un año bajó 20 puntos; su descenso más rápido se lo debe a la crisis pandémica. Perdió 10 puntos y medio de enero a abril y, si continúa esta tendencia antes de que termine 2020, tendrá solo un 30 por ciento de aprobación o quizás menos. Tres de cada 10 mexicanos lo apoyarían contra siete que lo rechazarían.
La caída en la popularidad de AMLO puso en evidencia su desesperación político-electorera respecto a las elecciones de 2021; pero también las razones por las que muchos de sus seguidores o admiradores empiezan a distanciarse: sus resultados frente a la pandemia del Covid-19 fueron poco efectivos y su política para superar la emergente crisis socioeconómica de millones de mexicanos ya generan mayor rechazo a su imagen últimamente.
Ojalá que, como sugirió el Fondo Monetario Internacional (FMI), su gobierno otorgue dinero en efectivo a las familias mexicanas para que compren comida. Si lo hace, aunque sea tardíamente, la población se lo agradecerá, aunque no será garantía de que mucha gente vuelva a votar por él y por Morena. Si no lo hace, aumentará la irritación social contra todo lo que huela a AMLO y Morena y la derrota de ambos en 2021 estará asegurada. Por el momento, querido lector, es todo.
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El salario de Andrés López Beltrán, como el de todos los dirigentes de partidos políticos, proviene del erario.
Lo que quiere este gobierno es silenciar, callar, amedrentar y asustar”: Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.
En 2018, la deuda externa se ubicó en 3.94 billones de pesos, mientras que en 2025 alcanzó los 4.49 billones.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).