El recorte presupuestal a los municipios de la Mixteca poblana representa un nuevo golpe socioeconómico contra la población ancestralmente marginada, que ahora se halla bajo el flagelo del Covid-19. Esta medida del gobierno de Miguel Barbosa lo revela no solo como una persona totalmente indiferente a las necesidades de los poblanos, sino además como su enemigo.

La reducción aplicada este mes por el gobierno estatal a las participaciones destinadas a los municipios de esa región fue de entre 51 y 60 por ciento, y ha afectado los servicios públicos de mayor prioridad para los habitantes. Pero la disminución presupuestal de julio no ha sido la única, sino la tercera en un año, ya que la primera se produjo en 2019 y la segunda en junio.

El recorte al Ramo 28 afecta servicios públicos esenciales como seguridad pública y limpia, los cuales deben funcionar las 24 horas los siete días de la semana. Su disminución al 60 por ciento deja a los ayuntamientos sin recursos para pagar salarios, combustibles y mantenimiento de vehículos. ¿Qué espera Barbosa? ¿Que solo cuatro de cada 10 policías realicen su tarea? ¿Qué solo se recojan la basura en cuatro de cada 10 calles?

Visto desde cualquier perspectiva, resulta por demás obvio que el recorte llevará a las autoridades municipales a incumplir sus obligaciones; que afectará seriamente a los habitantes y que se produce justo cuando los efectos del Covid-19 se hallan en su curva más alta.

Si algo se destinaba a subsanar la falta de equipos en centros de salud, clínicas y hospitales donde médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo deben atender a varios pacientes, la ausencia de esos recursos aumentará el riego de contagio.

Los servicios de las oficinas municipales del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que en muchos lugares apoyan el traslado de enfermos y medicinas, también se verán mermados precisamente cuando la pandemia mantiene a Puebla en semáforo rojo.

¿Y qué ocurrirá con los insuficientes recursos destinados a la entrega de despensas alimentaria a los más pobres entre los pobres?

También sufrirán una mengua drástica. Y, por encima de todo esto, la menor llegada de recursos a las arcas municipales provocará fatalmente el recorte salarial, inclusive el despido de muchos empleados. Se sabe, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Chinantla discute con sus trabajadores quién está dispuesto a laborar con medio sueldo, y si no acepta de plano dejará su plaza.

En contraste a esta situación, en los municipios de Tepexi y Tecomatlán autoridades y trabajadores acuerdan en la mejor forma de conservar los empleos, cuya falta es uno de los mayores problemas nacionales de México.

¿Cuál progreso y cuál bienestar puede alcanzarse en estos municipios poblanos con estas medidas? ¿El gobierno estatal supone que los municipios pueden resarcirse de esa pérdida con ingresos propios?

Quien así razone demuestra que ignora la realidad de la población mixteca poblana. La inmensa mayoría se halla sin empleo; está desatendiendo sus cultivos debido a la exigua demanda de sus productos; muchos reciben de sus parientes remesas muy mermadas, y otros tienen que pagar recibos de luz con incrementos de hasta el 200 y el 300 por ciento.

Están crucificando a la población por el Covid-19 y por las decisiones del gobierno morenista. Y a esto súmenle que Miguel Barbosa está girando ya oficios a los alcaldes con el aviso de nuevos recortes en agosto.

Por todo lo anterior, aplaudo la valentía de los presidentes municipales antorchistas que el martes siete de julio acudieron a la Casa Aguayo para denunciar esta injusticia que el gobernador de Puebla está cometiendo contra sus gobernados.

Coincido con ellos en que no queda más camino que la lucha decidida para echar atrás estos recortes tan perjudiciales para la población. Necesitamos que todos los mixtecos conozcan este nuevo atentado contra la seguridad y el bienestar de los poblanos; que todos se enteren de la forma de gobernar del Movimiento Regeneración Nacional, el cual prometió atender primero a los pobres.