El principal pendiente, desafío o tarea que tendrá el gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es “el bienestar de todos los mexicanos”, y para lograrlo debería proponerse (intención que aún no se ve) como objetivo principal combatir en serio la pobreza y la miseria que padecen, cifra oficial, 52 millones, pero que cifras extraoficiales estiman cercana a los 100 millones de mexicanos que padecen algún tipo de pobreza.

Hasta el momento, los mexicanos hemos presenciado políticas públicas con más errores que aciertos; el Gobierno Federal se tardó en ejecutar programas sociales como el apoyo con becas a estudiantes, que empezaron a operar en los meses de junio y julio; los apoyos tardíos e incompletos a los adultos mayores y la eliminación del subsidio a hospitales y clínicas que desembocó en el despido de médicos y una escasez de medicamentos casi total en algunas clínicas.

En el paquete económico de 2020 entregado al Congreso por Arturo Herrera, Secretario de Hacienda, tres rubros fueron prioritarios para la asignación de recursos: bienestar social, seguridad y Pemex; dicho documento contempla un crecimiento real anual de entre 1.5 y 2.5 por ciento del PIB en 2020. “En particular, para las estimaciones de finanzas públicas se considera un crecimiento puntual de dos por ciento real anual” ha referido en varias ocasiones la Secretaría de Hacienda.

Según lo previsto, el Programa Sembrando Vida tendrá 25.1 mil millones de pesos en 2020, cifra mayor en 10.1 mil millones de pesos respecto a lo asignado en 2019; el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, que apoya a la niñez, “tendrá un presupuesto de 11.9 mil millones de pesos, cifra superior en 3.4 mil millones de pesos respecto a lo asignado en 2019”, y el monto de recursos para Educación Superior suma 131 mil 454.9 millones de pesos, mayor en 7.6 por ciento en término reales respecto del aprobado en 2019. La Secretaría con el incremento más importante es Energía: de 72 por ciento en términos reales, respecto a lo aprobado para este año; le sigue Función Pública, con un aumento de 56.5 por ciento.

Las más castigadas serán Turismo, a la que se prevé otorgar 44.7 por ciento menos en términos reales, respecto a lo aprobado en 2019; Sedatu, que recibirá 43.7 por ciento menos; y la Secretaría del Trabajo, encargada del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dispondrá de 35.8 por ciento menos. La Secretaría de Agricultura sufrirá una reducción de 31.8 por ciento; y La Secretaría de Salud, en términos reales, verá recortado el 0.1 por ciento de su presupuesto.

Se prevé un incremento en las aportaciones y participaciones (ramos 28 y 33) para estados y municipios de 2.9 por ciento, es decir de un billón 655 mil 576 millones de pesos que tuvieron en 2019 pasarán a un billón 703 mil 654 millones de pesos; pero la inflación calculada para el próximo año es de tres por ciento, algo que no podrán cubrir las entidades; y si comparamos esto con otros sexenios, el porcentaje de incremento es menor.

El “aumento” de recursos para los estados es marginal; no solo no cubre el tres por ciento de la inflación, sino que no alcanza a cubrir las necesidades de cada entidad federativa; la gente sentirá las consecuencias en la falta de obras y servicios. Gobernadores de oposición (Guanajuato, Chihuahua, Durango y Jalisco) protestaron recientemente, pero nada han conseguido. Manuel Guadarrama, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advirtió que existe un consenso en casi todas las entidades acerca de que la estructura fiscal es completamente obsoleta, y que es necesario que se discutan nuevas reglas de coordinación fiscal, pues la fórmula para distribuir los recursos a las entidades se ha visto rebasada.

Sea cual sea la modificación que sufra la propuesta el PEF 2020, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, en México seguirán desatendidas las necesidades sociales; vemos recortes a programas de la SCT y a la Sedatu, que afectarán la construcción de nuevas carreteras, autopistas, caminos y sobre todo la dotación de obras y servicios para comunidades y colonias pobres del país.

El gobierno de AMLO tiene deudas pendientes con México en seguridad pública; la Guardia Nacional no está cumpliendo las expectativas; parece que el gobierno solo cambió el color de sus uniformes. Finalmente, sigue pendiente garantizar la libertad y los derechos de todos los ciudadanos; aunque al Presidente no parezca agradarle, tenemos derecho a organizarnos y luchar por mejores condiciones para todos. Hoy podemos deducir que en el PEF 2020, se destinaron más recursos en las áreas que garantizan más votos para la elección de 2021. Por el momento, querido lector, es todo.