Nuestro Reporte Especial aborda esta semana el tema de los recortes presupuestales a estados y municipios, la demanda de las organizaciones estatales y municipales y la respuesta del Presidente de la República. Se destaca en este punto que el Presidente considera legítima dicha demanda, pero en los hechos se niega a enmendar la situación, afirmando que ha entregado el presupuesto legalmente establecido, y que su gobierno ya no debe nada. En síntesis, se dan elementos suficientes para demostrar que el recorte presupuestal a estados y municipios es una medida irracional por desproporcionada, inequitativa e injusta; se aporta una sólida base a quienes afirman que la medida es electorera, pues dejará anémicos a los gobiernos locales para engordar la bolsa del Gobierno Federal morenista que está dispuesto a fortalecerse en 2021 para repetir su triunfo sexenal en 2024; y por último se prueba que el Presidente sabe que una distribución más equitativa de los recursos federales es una demanda legítima, pero al mismo tiempo sostiene la absurda medida, convirtiendo también en absurda su actitud. Así, ya se puede culpar a gobiernos anteriores, de quienes copió esta política de recortes.

Conviene recordar que los ingresos administrados por el Gobierno de la Federación provienen, en su totalidad, de estados y municipios que de una u otra forma contribuyen a la formación del Ingreso Nacional. De aquí, y de otros muchos profundos argumentos, se concluye que la distribución del ingreso debe ser proporcional a las necesidades de cada entidad federativa y de cada municipio, es decir, de la base social de la República Mexicana. Vista con cuidado, la acción de recortar recursos a estados y municipios es un atentado contra la nación entera; y también resulta un absurdo considerar legítima una demanda y al mismo tiempo negarse a resolverla.

Esta irracionalidad en la distribución del Presupuesto de Egresos de la Federación es algo muy grave y peligroso; es colocar a la inmensa mayoría del pueblo al borde de un precipicio a causa de un reparto desproporcionado. Cerrarse ante los reclamos y solicitudes de enmienda por parte de los gobernadores y alcaldes es, sobre todo, irresponsable en las actuales condiciones.

La respuesta del Presidente a las demandas de las organizaciones estatales y municipales que proponen una nueva distribución del presupuesto no es la más racional que podía esperarse; está muy lejos de tomar en cuenta la importancia de que el Gobierno Federal cumpla con la responsabilidad que la Federación le ha encomendado: velar por sus intereses. Responder, apegado a una vieja ley, que el gobierno ha cumplido y ya no debe nada, reconocer que la demanda es “legítima”, prometer que revisará el asunto y no tomar después partido en favor de la población es doblemente injusto. Con esta actitud se demuestra una vez más que cuando las mayorías reclaman modificar leyes a su favor, no son escuchadas; pero que no ocurre lo mismo con la iniciativa privada, la clase empresarial, los dueños del capital, que reciben atención expedita cuando sus necesidades requieren reformar alguna ley.