Con el voto de cuatro diputados de oposición, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aprobó en solo 10 días una reforma electoral con la que evitará que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y los representantes populares sean sometidos a una consulta de revocación de mandato en 2022. Morena desapareció además 212 consejos electorales municipales y redujo de cuatro a tres años el periodo gubernamental. de los a

La oposición política de Veracruz prepara una serie de recursos para echarla abajo porque la considera un retroceso para la democracia en la entidad; además advirtió que la supresión de los consejos electorales municipales y su sustitución por 30 consejos distritales pueden generar conflictos políticos y sociales debido al traslado de paqueterías electorales.

Las reformas fueron aprobadas el pasado 12 de mayo con 34 de los 50 votos posibles en el Congreso de Veracruz, 14 en contra y una abstención. Otro de los cambios suscritos por la llamada Reforma Electoral de Veracruz implicó la reducción del 50 por ciento en el financiamiento de los partidos políticos para las elecciones locales y la disminución de cuatro a tres años en la gobernación de los ediles a partir de 2021 tiene como argumento causal la reelección hasta por dos periodos continuos.

El cambio promovido por Morena en la figura de la revocación de mandato consistió en eliminar la consulta popular de 2022 para que los representantes populares elegidos democráticamente –es decir el gobernador García Jiménez, los próximos alcaldes y diputados locales– no sean sometidos a ésta. Además de la eliminación de los consejos municipales, la reforma incluyó una ampliación de las competencias de los consejos distritales.

La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, quien habló en nombre del grupo legislativo de Morena, señaló que con la aprobación de este decreto, Veracruz se ahorrará 177 millones de pesos tan solo con la reducción aplicada en el financiamiento a los partidos políticos.

“De por sí ese dinero ni siquiera ha llegado a las campañas, ni a sus candidatos; ese dinero no se ha sido utilizado para fortalecer nuestra democracia. Digamos las cosas como son: históricamente ese dinero, que es del pueblo veracruzano, ha servido para enriquecer a ciertos líderes políticos”, agregó para justificar las modificaciones legales.

La legisladora destacó que la reducción del periodo gubernamental a tres años en los municipios, además de alinearse con la Constitución Federal, permitirá a los ciudadanos de Veracruz refrendar o castigar a sus autoridades, según haya sido su desempeño y, de paso, hacer coincidir las elecciones municipales con las del Congreso local, lo cual evitará duplicidad de gastos cada cuatro años, como ocurre ahora.

El coordinador del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), diputado Omar Guillermo Miranda Romero, precisó que debido al lapso muy corto durante el que se debatió la reforma electoral no fue posible realizar un análisis puntual de su contenido, el cual, sin lugar a dudas, afectará el proceso democrático en Veracruz.

Tras ser aprobado por el pleno del Congreso local, la Mesa Directiva remitió el decreto a los 212 ayuntamientos para que lo revisen, aprueben o rechacen, de acuerdo con lo previstos en la ley reglamentaria del Artículo 84º de la Constitución.

La oposición expulsará a los traidores

La aprobación de la llamada Reforma Electoral de Veracruz fue posible gracias a los votos de los diputados de oposición Andrea Yunes Yunes, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Alexis Sánchez García del Movimiento Ciudadano (MC); Rodrigo García Escalante del PAN y Antonio García Reyes, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Las direcciones estatales de Acción Nacional, el MC y el PRI iniciaron ya los procesos de expulsión de sus diputados.

En un documento fechado el 13 de mayo al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín, el coordinador del grupo albiazul notificó la separación de García Escalante de su bancada. Por su parte, la Comisión Operativa Estatal del MC también procedió contra Sánchez García y Marlon Ramírez Marín, dirigente del tricolor, hizo lo propio.

Este último afirmó que ni el PRI nacional ni el PRI estatal de Veracruz respaldarán la actitud del diputado García Reyes, quien se prestó a apoyar la reforma “amañada”, promovida y aprobada por Morena: “Haremos valer la autoridad interna de nuestro partido”, indicó el dirigente estatal priista, quien informó que aquél será juzgado con base en los Artículos 62º (fracciones II, III y V) y 250º (fracciones II, III y VI) de los estatutos de su partido.

Cabe recordar que Antonio Reyes García llegó a la curul como suplente del diputado priista Juan Carlos Molina Palacios, quien fuera asesinado, acto de cuya investigación judicial no hay aún resultados, pese al compromiso del gobernador García Jiménez ante el pleno del Congreso local de esclarecerlo de inmediato.

“Lamentamos que con esta acción no solamente traicione al Partido Revolucionario Institucional, sino a la memoria de quien le brindó la confianza para ser su compañero de fórmula en la diputación local que hoy detenta”, subrayó el dirigente partidista.

Pero la Reforma Electoral de Morena no solo ha generado el rechazo de los partidos de oposición, sino también la crítica de funcionarios de Estado que, en su contenido, advierten consecuencias negativas para el proceso de democratización de la entidad.

Por ejemplo, el presidente del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, José Alejandro Bonilla Bonilla, indicó que algunos de los cambios conllevan varios riesgos de retroceso y citó, entre ellos, la desaparición de los consejos municipales en un intento por hacer más eficientes las prerrogativas.

“Nos enteramos de la propuesta de reforma electoral una vez que se publicó en la Gaceta Legislativa; no hubo un acercamiento con ninguno de los consejeros para conocer cómo estamos operando, mucho menos para analizar las implicaciones. Es necesario, como en todo, que los expertos en la materia den su opinión, tanto para enriquecerla como para evitar cualquier riesgo a la democracia”, abundó.

Bonilla explicó que la reforma al Artículo 66º constitucional, cuyo nuevo contenido obliga al OPLE a instalar Consejos Municipales Especiales durante los procesos electorales en municipios donde concurran las actividades de dos o más distritos uninominales, implicará el transporte de paquetes electorales, cuyo traslado puede generar conflictos sociales incluso violentos.

“Basados en experiencias anteriores, las elecciones municipales siempre hacen que el ciudadano se involucre más en el proceso. Esto podría generar hasta conatos de violencia, inseguridad, algo que hemos intentado erradicar en el estado”, destacó Bonilla.

El presidente del OPLE afirmó que con la desaparición de los 212 consejos municipales electorales y su sustitución por los “especiales” no habrá ningún ahorro real, porque la instalación, la contratación de personal y el traslado de éstos y los materiales electorales –entre otros– implicará gastos sustantivos para la OPLE.

“Una reforma electoral es sumamente compleja, que debía ser planificada y revisada con expertos a fin de que no sea un retroceso, sino un avance para nuestra democracia”, concluyó.

En riesgo la legalidad de los procesos electorales

El diputado local Bingen Rementería Molina aseveró que la reforma electoral de Morena afectará, en lo inmediato, la legalidad del proceso electoral de Veracruz en 2021, debido a que pretende garantizar el triunfo de sus candidatos en dicho proceso.

“Hoy se tiene un organismo que ha funcionado bien, permitiendo la alternancia y respetando la voluntad de la mayoría ¿Por qué cambiarlo? Por temor a perder las elecciones, porque no han podido con el paquete y no han cumplido”, sentenció Rementería.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Anilú Ingram Vallines, propuso recientemente un punto de acuerdo para que se solicitara, al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los 212 ayuntamientos de Veracruz, un pronunciamiento público en contra de la llamada Reforma Electoral Veracruzana.

“Es lamentable que en medio de una crisis sanitaria y económica, los supuestos representantes de Morena y sus aliados, aprueben en menos de 10 días, sin consultar a los expertos, una reforma electoral que solo responde a sus intereses político partidistas, valiéndose de que la gente está al pendiente de la pandemia del Covid-19”, advirtió la diputada federal veracruzana.

Ingram Vallines pidió al INE que precise las posibles afectaciones al principio de certeza electoral contenidas en la reforma constitucional aprobada por el Congreso local y exhorta a los consejeros a que se pronuncien por su probable inconstitucionalidad.

“Ante las contradicciones, que son evidentes en la reciente reforma a la Constitución del Estado de Veracruz, y ante la notoria vulneración a nuestra Constitución en materia electoral que esos cambios traerán en la certeza y equidad en los procesos electorales y de las garantías de la ciudadanía del Estado de Veracruz, es necesaria la pronta intervención del INE para detener la probable invasión de facultades que el Congreso de Veracruz está realizando. Además que en el ejercicio de sus facultades, los ediles de los municipios tendrían que aprobar dicha reforma constitucional para que sea vigente”, añadió.

Asimismo, destacó que la desaparición de los 212 consejos municipales del OPLE, para convertirlos en 30 consejos distritales, no solo es un simulacro de ahorro, sino una acción deliberada o consciente para propiciar conflictos políticos y sociales en los municipios que pondrán riesgo no solamente la democracia en éstos, sino también la seguridad física de los ciudadanos.

“Su oportunismo político, sus madruguetes legislativos, se los va a cobrar la gente a Morena y a los diputados maromeros aliados en 2021. En el PRI no les vamos a permitir que sigan torciendo la ley a su conveniencia”, concluyó Anilú Ingram.

La iglesia católica se suma a las críticas

En un comunicado dominical, la Arquidiócesis de Xalapa a través de su vocero, José Manuel Suazo Reyes, criticó el proceder de los diputados locales en medio de la pandemia y se sumó a las voces que piden el veto de la reforma.

“Resulta muy sospechoso, extraño y lamentable que en medio de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, que mantiene a la población confinada y preocupada por su salud, su economía y su sobrevivencia, la Junta de Coordinación Política haya agendado y llevado a la votación una reforma electoral. Da la impresión de que no les interesa el sufrimiento de la gente ni sus preocupaciones, solo las ambiciones de su partido. Se está cumpliendo aquella frase de que la pandemia les cayó como anillo al dedo”, externó.

El ministro religioso declaró que, en contraste con esta acción política, ni el gobierno estatal ni el Congreso local han mostrado voluntad política en aprobar un presupuesto extraordinario destinado a brindar apoyo alimentario a los veracruzanos más vulnerables, ni para fortalecer los servicios y los equipos del sector público de salud.

Esta reforma, prosiguió, no está en el corazón ni en la mente de la gente, solo en aquellos que la impulsaron. En nombre de un supuesto ahorro del que no tenemos la certeza a dónde irá a parar o si verdaderamente se invertirán, pues en el estado ha habido falta de transparencia y subejercicios, se lastima la incipiente democracia de Veracruz.

El sacerdote consideró asimismo que el movimiento de paquetes electorales de los municipios a las sedes distritales seguramente reactivará las sospechas de fraude electoral, con lo que se pondrá en riesgo la paz social de los municipios.

“Es muy lamentable que se haya eliminado la figura de la Revocación de Mandato. Con esto se le ha robado al pueblo la posibilidad de mandar a su casa a algún representante popular que sea incompetente y no dé resultados. En tiempos de campaña se pregonaba a los cuatro vientos aquella expresión que ilusionaba a los ciudadanos ‘el pueblo pone y el pueblo quita’, ahora todo resultó una mentira. Y esta reforma lo confirma. Una honorable decisión y buena salida a este enroque jurídico, sería que esta reforma fuera vetada”, concluyó.

La decisión final estará en el voto de los cabildos de los 212 ayuntamientos, pues al tratarse de una reforma a la Constitución local tendrán que dar su aval.