Hace unos días se difundió el paquete fiscal integrado con los proyectos de Presupuesto de Ingresos y Egresos de 2020, cuyo monto asciende a más de seis billones de pesos, de los que habrá mucho dinero destinado a los programas “prioritarios” del Presidente, ya que el año próximo será víspera para la elección intermedia de 2021, y él y su partido Morena necesitan ganarse el apoyo de los sectores votantes para perpetuarse en el poder.

Pero este objetivo no les será nada sencillo, pues el pobre desempeño económico del nuevo Gobierno Federal y el aumento de la violencia delictiva serán dos factores que jugarán en su contra.

Pero el Gobierno de la República tiene además otro gran desafío: ¿De dónde va a sacar tanto dinero para comprar la conciencia de los grupos más vulnerables? La mayor fuente de ingresos de cualquier gobierno son los impuestos.

Es cierto, los ciudadanos tenemos la obligación de ir al corriente con nuestros impuestos y el gobierno la de emplear el dinero público en obras y servicios; y la presente administración prometió que, a diferencia de las administraciones neoliberales y conservadoras, daría prioridad a los pobres. Si esto fuera cierto, se traduciría en cambios sustanciales en la recaudación fiscal y, sobre todo, en su efectiva aplicación en el rescate de la pobreza y la precariedad de millones de mexicanos mediante la creación de empleos y la construcción de obras y servicios públicos básicos como la educación, la salud, la vivienda, etcétera. Pero esto no es lo que realmente sucede.

México es el país con la menor recaudación fiscal entre los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y aun entre las naciones hermanas de América Latina, y pese a que es la decimoquinta economía del mundo, su nivel porcentual de recaudación impositiva es similar a la de El Salvador, uno de los países más pobres del continente.

La mayor parte de esta carga tributaria recae sobre los trabajadores. El Universal reveló en un reportaje que en México se cobran más de 30 impuestos y que más de 50 por ciento del gasto familiar se destina al pago de contribuciones. Con el gobierno de la 4T, esto no ha cambiado, ni parece que vaya a cambiar. Al contrario, se sigue con la misma tendencia y aun cuando se dice que no se “cobran nuevos impuestos a los pobres”, se anuncian otras medidas fiscales que se “cebarán” sobre ellos. Esto significa que los que generan la riqueza a través de su trabajo seguirán siendo los que menos ingresos reciben pero sostienen la mayor parte de la carga tributaria, que en manos del gobierno se usa con fines electoreros y no para hacerles la vida más llevadera.

La perversidad fiscal consiste en quitar a los que menos tienen para fortalecer a quienes los mantienen en la pobreza. La acaudalada clase oligárquica del país comparte los mismos beneficios que las empresas trasnacionales, puede evadir y exentar impuestos mientras el gobierno los beneficia construyendo la infraestructura urbana requerida por sus negocios y sus confortables mansiones. Cuando el gobierno impone algunos impuestos a estas grandes empresas, inmediatamente trasladan ese costo a los consumidores, que al final son los trabajadores, pues ninguna de las grandes empresas está dispuesta a disminuir, aunque sea un poco, sus márgenes de ganancia; por el contrario, tienen el suficiente poder económico y político para hacer que la recaudación fiscal obre a su favor; no así el ciudadano de a pie, el profesionista o los pequeños empresarios quienes, para acceder a los apoyos gubernamentales o a financiamientos, deben formalizarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y comenzar el tortuoso calvario de pagar impuestos de una actividad económica que no es rentable ni sostenible. Y si a algunos de éstos les cae encima la maquinaria del Estado, son “exprimidos” sin que puedan sobrevivir, porque están aislados y totalmente desorganizados para enfrentar con mejor suerte la ley del embudo, donde a la hora de pagar les toca la parte más ancha, y a la hora de recibir la parte más angosta.

Hasta ahora, los trabajadores han soportado estas vejaciones y han escuchado, generación tras generación incontables promesas de cambio provenientes de la clase política. Pero el tiempo pasa inexorablemente y las condiciones de vida empeoran. A la pregunta ¿qué de bueno está ofreciendo hoy a la clase trabajadora el ocurrente gobierno actual? solo se puede responder: nada, al contrario, ha significado un retroceso para los trabajadores. Ha llegado la hora de juntarnos uno a uno hasta que el último trabajador entienda que la única forma de mejorar su vida se encuentra en sus manos y en las de nadie más.