Los bombardeos violan el derecho internacional humanitario.
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                    Debido a que el desfalco de 15 mil 308 millones de pesos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) permanece sin responsables sancionados se hará una nueva auditoría externa para rastrear más irregularidades en la paraestatal fundada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hace seis años.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ordenó la auditoría externa, por la cual se destinaron casi tres millones de pesos al despacho Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V., con el objetivo de dictaminar los estados financieros y presupuestarios de 2024, así como detectar posibles nuevos fraudes.
Cabe recordar que entre 2019 y 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un daño patrimonial superior a los 15 mil millones de pesos. En 2023, la entonces Secretaría de la Función Pública ordenó esclarecer el destino de otros 146 millones.
En 16 contratos auditados el año pasado, el Órgano Interno de Control reportó fallas que impidieron verificar el uso eficiente del presupuesto; entre las anomalías detectadas destacaron la compra de boletos de avión, arrendamientos de vehículos y servicios logísticos para el Programa de Precios de Garantía. Hasta el momento, ningún alto funcionario ha enfrentado consecuencias legales.
 
                            Los bombardeos violan el derecho internacional humanitario.
 
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                            En el operativo se aseguraron actas de nacimiento, juguetes, celulares y dinero como evidencia del delito.
 
                            A pesar de que el Huracán bajó a categoría 1, se mantienen alertas en Bahamas, La Española, Cuba y Jamaica.
 
                            El 92% de las denuncias por despojo no reciben atención directa de las autoridades y sólo el 2% culmina con la recuperación del inmueble.
 
                            El proceso iniciará con una fosa piloto que contiene 287 cuerpos; de ellos, 67 cuentan con hipótesis de identidad y 102 permanecen sin identificar.
 
                            Leyva Ávalos actuó bajo las órdenes de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad del Estado, señaló Harfuch.
 
                            La venta del emblemático pan de muerto aporta hasta una quinta parte de los ingresos anuales de las panaderías, reafirmando el poder económico y simbólico de esta tradición.
 
                            Los estados y la Policía Preventiva también se desploman en credibilidad; la desconfianza se consolida como el nuevo sentir nacional.
 
                            El proyecto establece que el solicitante debe tener plena capacidad para decidir sobre su vida y su muerte.
 
                            Mientras las autoridades de Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México evaden su responsabilidad, el cuerpo permanece sin resguardo.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.