El 1° de diciembre de este año, el Presidente hizo un balance de sus dos primeros años de gobierno. La conclusión general de su desempeño fue que, en este periodo, quedaron sentadas las bases de la transformación de México. Una de éstas consiste en la preferencia que su gobierno ofrece a los más pobres, las mayorías, y como prueba citó los apoyos monetarios que, de manera directa, se entregan a las personas que se hallan en la parte más baja de la pirámide social, recursos que según él son liberados por el combate a la corrupción. “El 70 por ciento de los hogares de México recibe, cuando menos, un programa de bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional”, declaró muy satisfecho.

La principal fuente de ingresos de los hogares en México procede del trabajo; y la segunda son las transferencias, que pueden ser los envíos realizados por los trabajadores migrantes desde el extranjero, las pensiones, los apoyos de gobierno, etc. Sin embargo, en las últimas décadas los salarios han sido cada vez más bajos. En 2018, los ingresos por trabajo del decil I (el 10 por ciento de los hogares más pobres) representaban el 29 por ciento del total, mientras que el peso de las transferencias era del 47.9 por ciento. Esta dependencia hacia las dádivas gubernamentales y las remesas se refuerza en la medida en que los ingresos por trabajo se deterioran.

El aparato productivo del país está tecnológicamente rezagado. Hasta ahora, esta ineficiencia ha sido compensada a costa de los salarios de los trabajadores y sus familias. Sobre la base de los bajísimos salarios es como los empresarios adquieren la competitividad suficiente para permanecer en el mercado y para atraer las inversiones extranjeras. La contención salarial alienta también el exceso de oferta de trabajo, y la escasez de empleo aumenta la capacidad de los empleadores para imponer condiciones laborales favorables a ellos. De este modo, los pagos al trabajo se deterioran cada vez más.

Sin ingresos suficientes para alimentarse, vestirse, educarse, curarse, hacerse de una vivienda digna, etc., los trabajadores mexicanos engrosan continuamente las filas de la pobreza. Estas carencias han atado férreamente a las personas pobres a los programas gubernamentales. Conscientes de ello, los gobiernos neoliberales han hallado, en la política social, la fórmula inmejorable para congraciarse con los poderosos y con los necesitados. De esta forma han eludido el combate real a las causas de la pobreza y se han abstenido de corregir y regular la distribución inequitativa del mercado laboral. Al mismo tiempo, han descubierto que con los programas sociales aprovechan mejor las campañas electorales. La “Cuarta Transformación” (4T) procede de la misma forma. A estos aciertos hay que agregar el sello caritativo del discurso cristiano del Presidente, con el cual alimenta la gratitud y la fe ciega de muchos ciudadanos hacia su persona.

El Presidente afirma que su estrategia de apoyos sociales ha fortalecido el ingreso de las mayorías. Esta aseveración es falsa: el ingreso laboral del 44.5 por ciento de la población es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria, a decir del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2020). Los programas de transferencias monetarias, concediendo que se hayan limpiado de la corrupción y el intermediarismo, hacen patente su fracaso. Si la población se sujeta cada vez más a estos apoyos, es porque con su trabajo no puede hacerse de lo más indispensable. Esta situación de vulnerabilidad sistemática fue la que alimentó el rechazo a los gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional. Andrés Manuel López Obrador ofreció atender esta demanda, afirmó que tenía la solución definitiva y que lo lograría en poco tiempo. Nada ha cambiado en el terreno de los hechos. Dos años han pasado y la “prometida” transformación no ha hecho más que sentar sus bases morales. Sobre estos cimientos, los cambios propuestos están condenados a fracasar.