El año con más adjudicaciones directas en las contrataciones del gobierno sucedió en 2019, cuando 78.1 por ciento de los contratos públicos registrados en la plataforma COMPRANET se entregaron por esta vía. Sin embargo, las cifras de los primeros cinco meses de 2020 apuntan a que ese récord podría ser superado, ya que hasta este momento el 78.2 por ciento de las contrataciones se han entregado a través de adjudicaciones directas. De continuar con esta tendencia, este año podría convertirse en el punto con mayor uso de esta figura en una década.

 En revisiones anteriores de las contrataciones públicas del gobierno, SE HABÍA IDENTIFICADO UNA LLAMATIVA DIFERENCIA DE RESULTADOS entre las instituciones que actualmente tienen una justificación legal para acudir con mayor flexibilidad a las adjudicaciones directas debido a la crisis del coronavirus, como el IMSS, el ISSSTE, las Secretaría de Salud, Marina o Defensa, y el resto de la administración pública. Al separar a las instituciones encargadas directamente de atender la pandemia del resto de contrataciones públicas, resulta que el porcentaje de adjudicaciones directas es incluso superior a la del total del gobierno, ya que sube hasta 82.4 por ciento. Esto muestra que el uso y abuso de esta forma de contratación no es atribuible a las compras realizadas para atender la pandemia, sino que forma parte de una costumbre cultivada por todos los gobiernos, sin importar su color partidista.

Contratos del gobierno por tipo de procedimiento, sin considerar a las instituciones que atienden el coronavirus de manera directa, 2020.

En la lista de las 10 instituciones que más contratos entregan por vía de la adjudicación directa podemos verificar la intensidad con la que la figura es utilizada, pues no sólo son muchos los contratos dados por esta vía, sino que representan casi la totalidad de los procedimientos.

Por ejemplo, de los 512 contratos registrados por parte de la Secretaría de la Función Pública hasta este momento, 494 han sido entregados por adjudicación directa, es decir, el 96.4 por ciento. La mayor parte de estos contratos de la SFP son para tener personal de apoyo a la dirección general o personal para realizar labores propias de la dependencia (lo cual es una práctica recurrente en muchas instituciones y explica por qué, a pesar de que EL PRESIDENTE ASEGURA QUE NO SERÁ ASÍ, habrá múltiples pérdidas de empleos al aplicar un recorte de 75 por ciento a los gastos operativos del gobierno, que son los que pagan esta clase de contratos).

Las adjudicaciones directas se mantienen como la regla en prácticamente toda la administración pública. En Fonatur Tren Maya, por ejemplo, el 92 por ciento de los contratos que han dado hasta lo que va de 2020 han sido entregados directamente, lo mismo sucede con el 70 por ciento de las compras hechas por la Guardia Nacional o el 78 por ciento de las del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

 La obligación autoimpuesta por este gobierno de eliminar las adjudicaciones directas, como se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo, cada día queda más lejos de ser cumplida y, peor aún, las cifras hasta lo que va de 2020 indican que, de seguir este camino, una vez más esta administración podría reclamar el récord de tener, por segunda ocasión consecutiva, la cifra más alta de adjudicaciones directas en toda la década.