Rodolfo de la Cruz Meléndez

Una observación atenta del panorama nacional nos permite constatar que las obras de bienestar y pacificación, con las que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirma estar haciendo felices a la mayoría de los mexicanos, solo existen para un reducido grupo de sus creyentes y favoritos. Ese mismo análisis nos lleva a corroborar que la entrega de apoyos monetarios directos a la población solo sirve para que las personas no se mueran de hambre, pero no para elevar su nivel de vida.

¿Cuáles son, entonces, los hechos contantes y sonantes que debemos reconocer al gobierno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena)?

Desde nuestra perspectiva, son cinco los hechos que los mexicanos deben acreditar al gobierno de AMLO y su partido.

El primero: la destrucción de organizaciones populares por tres vías: A) Con la anulación práctica de su derecho de petición y gestión, como ocurrió cuando canceló el ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el cual atendía las peticiones de obras públicas básicas de las comunidades marginadas de los municipios del país, y también con su terminante negativa a dialogar con los demandantes comunitarios porque él solo trata con individuos. B) Con su permanente campaña de satanización contra los líderes de organizaciones populares a los que acusa de corruptos y vividores enriquecidos a costa de los pobres, sin que hasta la fecha haya promovido una sola acusación ante el Ministerio Público, lo cual evidencia que su guerra contra la corrupción se realiza con balas mediáticas disparadas desde la tribuna presidencial de sus mañaneras. C) Con sus programas sociales de transferencia monetaria a sectores vulnerables de la población (ancianos, discapacitados, estudiantes, jóvenes que desean integrarse al trabajo productivo, etc.), cuya entrega es personalizada para fomentar el individualismo y el apoliticismo entre los beneficiarios y, asimismo, para evitar que las organizaciones sociales que exigen drenaje, agua potable, escuelas, carreteras, sean apartadas de la exigencia de estas obras vitales que mejoran el nivel de bienestar de las comunidades. ¿Qué pueden hacer entonces los demás pobres para conseguirlas, si el propio gobierno cancela esos derechos constitucionales? Solo leer en la Carta Magna que hay derechos a la salud, a la vivienda digna, a la educación gratuita; pero que no podrán ejercerlos porque el gobierno de AMLO ha decidido negárselos o solo usarlos para sus creyentes y allegados.

Segundo: la modificación a modo de las leyes para que el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) despliegue, a su gusto, persecuciones y venganzas contra sus adversarios o disidentes mediante el uso abusivo y descarado de su mayoría en el Congreso de la Unión.

 Tercero: el nombramiento de funcionarios incondicionales en el Poder Judicial y la desaparición o introducción de personas o mecanismos de control en los organismos autónomos con el objetivo final de obligarlos a plegarse a sus designios.

Cuarto: el manejo clientelar de los programas de transferencias monetarias directas mediante la elaboración de padrones de beneficiarios y la entrega, en extremo opaca, de esos recursos financieros. Estos programas existen, pero solo para los cuates y los sumisos. ¿Quién puede garantizar que lleguen a todos los que cumplen los requisitos? Nadie. Por eso las quejas y las inconformidades proliferan por doquier. Sí, hay millones que están contentos porque los reciben, pero nos atrevemos a afirmar que son más los que están engañados y discriminados.

Quinto: la asignación de obras y contratos de suministro a los empresarios preferidos de Morena. Sobran los ejemplos de esta conducta violatoria a la normatividad vigente y de la clara predilección del gobierno de AMLO por las firmas extranjeras. Ésta fue constatada en 2019 por los fabricantes nacionales de carros cisterna, cuando durante la crisis de desabasto de combustibles denunciaron que la 4T prefirió comprar pipas fuera del país y, como ahora, cuando las farmacéuticas locales se quejan de que el Presidente ya ordenó que se compren medicinas de patente en el extranjero en lugar de genéricos, más accesibles al bolsillo de las mayorías.

La paciente observación de estos cinco hechos nos obliga a razonar sobre sus consecuencias, pues nada de lo que sucede cae en un vacío social, sino en el terreno abonado por la polarización que a diario alimenta el propio AMLO. Esta conducta siembra y alienta la violencia, y ahora son millones y millones de mexicanos los que se sienten a la par agraviados e impotentes frente a esos actos de injusticia. 

En este contexto cuasi explosivo, la burda fabricación de delitos contra auténticos líderes populares, como Rosario Sánchez Hernández, conocida como Charis entre los colonos del norte y sur de la ciudad de Puebla, constituye una provocación. Es el cerillo con el que el pueblo puede salirse de madre.

Con esta conclusión, no creemos exagerar. Nosotros, que convivimos diariamente con los hambrientos y desesperados por las políticas erróneas de Morena, sabemos que puede suceder. Por eso, desde ahorita, los responsabilizamos de la violencia actual y futura.

Llamamos a todos los mexicanos, conscientes de esta problemática a luchar sin descanso por un proyecto de país que recoja las reivindicaciones de las mayorías y para que, en torno a él, construyamos un frente común que nos lleve a conquistar el Congreso y la República.