El viernes pasado, la mayoría morenista en la Cámara de Diputados aprobó en bloque el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2021); el proyecto enviado por el Presidente de la República no sufrió modificación alguna, fue aceptado sin discusión y sin escuchar siquiera los argumentos de quienes han venido cuestionando su política presupuestal. Por tercer año consecutivo, y en plena crisis económica y sanitaria, los representantes de la “Cuarta Transformación” (4T) en San Lázaro se negaron a oír las voces de quienes venían advirtiendo las graves consecuencias económicas y sociales, no solo en algunas entidades federativas, sino en todo el país, de una política de recortes al gasto público que ahora se reedita.

A pesar de las protestas de la oposición, los incondicionales del Presidente impusieron su proyecto. Esta conducta de los legisladores morenistas es más propia de un gobierno dictatorial que de uno democrático, como presume ser el de la 4T; es una muestra del extremo al que puede llegar el control absoluto del poder, los riesgos de que los tres poderes se depositen en un solo partido, grupo o individuo, dejando indefensa a la sociedad ante los posibles errores, torpezas y deficiencias que pudiera cometer un gobierno.

La inconformidad expresada por los gobernadores de la Alianza Federalista, que protestaban por los recortes en renglones estratégicos para el desarrollo social y la construcción de infraestructura, no atrajo más que la negativa de López Obrador a dialogar para impedir que “se menosprecie la investidura presidencial”. Algunos analistas consultados por buzos sostienen que los mandatarios aliancistas no pretendían romper el Pacto Federal, que solo demandaban una distribución más equitativa de los recursos fiscales entre la Federación y los gobiernos estatales y aceptaban que las entidades con mayores ingresos siguieran aportando en beneficio de las más pobres.

Esta cerrazón del Ejecutivo es otro ejemplo de cómo impone su voluntad sin atender razonamientos de ningún tipo y de ningún sector social; oídos sordos es lo único que encuentran quienes difieren de la opinión del Presidente. La negativa a escuchar los argumentos de 10 gobernadores y la imposición de un PEF que en 2021 profundizará la desigualdad y la pobreza se suman a otros atropellos de la 4T que ya se han documentado en las páginas de este semanario. Testigos de esta manera autoritaria de gobernar son los padres de niños con cáncer a quienes se negó la dotación de medicamentos, los beneficiarios de 109 fideicomisos desaparecidos por mandato presidencial, los afectados por la eliminación de los refugios para mujeres violentadas y sus hijos, los damnificados por las recientes inundaciones en el sureste del país, que hubieran visto atendidas sus necesidades apremiantes de no haber desaparecido el Fonden; y un largo etcétera que este espacio no permite reproducir.