A menos de seis meses de iniciado el gobierno morenista, los compromisos de campaña fueron relegados al olvido y la mayoría de los contratos gubernamentales se han adjudicado directamente, sin cumplir con la promesa de involucrar a los ciudadanos y a los observadores de la Organización de Naciones Unidas.

La base de datos CompraNet denunció que tan solo durante el primer trimestre de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se entregó, mediante adjudicación directa, el 74.3 por ciento de los contratos de obra pública a un selecto grupo de empresas.

La asociación civil mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reporta que las cifras de la adjudicación directa de contratos son muy similares a las del expresidente Enrique Peña Nieto, quien en 2018 asignó el 76.2 por ciento, y mayores en nueve por ciento a las adjudicaciones realizadas en 2012 por el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa (67.7 por ciento).

Esta práctica, que por ahora se considera un sello característico de la administración morenista, es recurrente en las más relevantes acciones de gobierno, como en el caso de la compra, en enero pasado, de más de 600 pipas que Petróleos Mexicanos (Pemex) requirió para distribuir gasolina, con motivo del combate al robo de combustibles.

Otro de los proyectos de AMLO, el Tren Maya, fue otorgado también por adjudicación directa, pese a que su viabilidad multidisciplinaria se encuentra aún bajo análisis y el monto de la inversión plantea la necesidad de someterlo a licitación pública.

Entre los contratos de obras y servicios concertados por vía de adjudicación directa entre empresas paraestatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y compañías privadas, hay espacios donde pueden darse “relaciones de corrupción” precisamente por la falta de procesos de licitación, advierte MCCI.

Las empresas del ramo de la construcción han alzado también la voz en cuanto a la forma en que están asignándose los proyectos, e incluso han acusado al Presidente de la República de beneficiar a determinadas empresas y no brindar a otras la “oportunidad de competir libremente”. A pesar de las críticas, hasta la primera semana de mayo, AMLO continuaba con las licitaciones directas, subraya CompraNet.

Ambigua Ley de Adquisiciones

Agrupaciones empresariales y organizaciones civiles dedicadas a dar seguimiento a los actos de corrupción y a la falta de transparencia en la administración pública identifican ambigüedades en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público –cuyas últimas modificaciones se hicieron en 2014− que propician interpretaciones sesgadas de los funcionarios públicos.

En el Artículo 26º de esta ley se afirma: “Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones”. Es decir, ordena que el gobierno opte entre las mejores propuestas en términos de precio, calidad, financiamiento, oportunidad, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua y otros recursos sustentables.

El Estado prevé procedimientos legales. “Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa”, precisa la legislación.

Con base en esta cláusula, a fines de abril, AMLO defendió las adjudicaciones directas de su gobierno para la compra de pipas. Según él, su administración cumplió con el procedimiento legal y logró ahorros sustanciales; aunque no ha informado el monto de éstos ni ha transparentado el proceso administrativo empleado para efectuar dicha compra.

Eso sí, se escudó en la corrupción de anteriores administraciones federales, a las que acusó de recurrir a licitaciones tramposas que burlaron la ley, incurriendo en lo que tanto desaprobó durante su campaña: la corrupción y la opacidad.

Entre los 50 compromisos de gobierno con que arrancó su administración resaltan los siguientes: “Las compras del gobierno se harán de manera consolidada; mediante convocatoria, con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Y los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo mediante licitación pública, con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU”.

Las adjudicaciones de AMLO

En el primer trimestre del gobierno de López Obrador, según el análisis de MCCI, solo el 18.3 por ciento de las adjudicaciones de obras y servicios públicos contratados por el gobierno se hizo mediante licitación pública, el 7.4 por ciento mediante invitación restringida y el 74.3 por ciento mediante adjudicación directa.

Los documentos Asignación de obra pública en la nueva administración y compras y contrataciones en la nueva administración diagnostican una contradicción en los actos de gobierno del Presidente. “Al analizar los contratos que se encuentran en la plataforma CompraNet queda demostrado que no hay diferencia entre las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y AMLO en lo que toca a la proporción de contratos asignados por las tres vías que señalan la Constitución y las leyes en la materia y que en todas ellas se abusa de la excepcionalidad que abre la ley para la asignación por la vía de adjudicación directa”, refiere parte de su análisis.

Además, resaltan que los contratos analizados evidencian una parte del problema. El otro tiene que ver con el hecho de que no incluyen los contratos que se dan justificándose en la ley, es decir de las empresas paraestatales como Pemex y la CFE, entre otras.

Este análisis concluye que este patrón de comportamiento no solo “se aleja de la legalidad vigente, sino que las compras y contrataciones que realiza el gobierno son dos de los principales espacios para la creación de relaciones de corrupción”.

Más del 20 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF 2019) se utiliza en contrataciones gubernamentales. “La posibilidad de incidir discrecionalmente en la decisión de quién puede o no ser proveedor de un bien o servicio abre la puerta a negociaciones en las que se eleva sensiblemente la posibilidad de que quede fuera la búsqueda de la mejor relación precio-calidad y de que ésta sea sustituida por una relación de beneficio propio”.

Sobre la transparencia en los procesos de asignación de obra pública, el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez Leal, se pronunció por que el presidente López Obrador abra las licitaciones a la competencia. “Que dé oportunidad de competencia, que sean mediante un proceso de competencia abierta y eficaz, de oportunidad a las empresas de que compitan libremente”, destacó en una entrevista con ADN 40.

En este mismo tema, Jesús Padilla Zenteno, presidente en la Ciudad de México de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que el gobierno de AMLO falta a su palabra, porque aún no se transparentan los procesos de adjudicación de obras públicas, como lo prometió. Sin transparencia no habrá combate contra la corrupción, y al paso que va su administración, López Obrador evidencia lo contrario, sentenció.

Si las asignaciones directas del 74 por ciento de los contratos gubernamentales generan desconfianza del sector empresarial hacia la administración federal, Padilla Zenteno precisó a buzos: “La transparencia en los procesos es muy importante. Lo que vemos nosotros es que todo anuncio que se haga –de licitaciones– debe ser presentado con toda la información, de cómo se hará, qué pasos seguirán. Hacerlo después produce un sesgo  de incertidumbre que no es positivo para el país”.

SCT, IMSS y CFE con más contratos directos

El Observatorio de la CMIC revela que hay tres dependencias gubernamentales con un número importante de contratos asignados directamente. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encabeza la lista, pues de los 70 contratos que hasta entonces había concertado, el 61 por ciento fueron por asignación directa.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) había entregado el 69 por ciento de sus obras a empresas privadas mediante licitación pública y 47 contratos por adjudicación directa. La CFE es otra de las entidades que ha optado por la adjudicación directa con 27 contratos y 664 por licitaciones públicas, fueron los datos del Observatorio.

Otras dependencias federales con adjudicaciones directas son:  el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales y Pensiones de los Trabajadores del Estado (ISSSTEP), con siete; el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), con 13 y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), con seis.

En el caso de Fonatur, su propio director, Rogelio Jiménez Pons, reveló al diario El Financiero que para el arranque del Tren Maya se habían adjudicado dos contratos por vía directa con un monto mayor a los 200 millones de pesos. Uno a la empresa inglesa Steer Davies, encargada de diseñar el Plan Maestro para el proyecto ferroviario de mil 525 kilómetros en el sureste del país; y otro a Pricewaterhouse (PwC) que realiza el estudio de costo-beneficio del proyecto.

“Ya se echaron a andar los estudios, fueron cuatro estudios en asignaciones directas (…) son proyectos que urgían para lanzar las grandes licitaciones, los cuales costarán alrededor de 200 millones de pesos”, justificó Rogelio Jiménez Pons.

La mayoría de los contratos de Fonatur son por adjudicación directa. La plataforma CompraNet registra cinco con inversiones mayores a 600 mil pesos cada uno. Con la empresa Corporación de Ingeniería y Desarrollo S.A. de C.V., por un monto de 625 mil 720 para trabajos de supervisión de conservación de áreas verdes. A Estafeta Mexicana entregó un contrato por 742 mil 582 mil pesos.

Hay otro, también para trabajos de supervisión de conservación de áreas verdes, con la empresa Consorcio de Proyectos Viales S.A. de C.V., por 613 mil 720 pesos. Uno más, por 646 mil 556 pesos, con la compañía Servicios Inmobiliarios para la supervisión de trabajos de conservación de áreas verdes, vialidades, infraestructura y alumbrado público.

Entre los primeros contratos que el gobierno de AMLO asignó directamente se encuentra la compra de 671 autotanques (pipas) para la distribución de gasolina en el mes de febrero, tras la fallida campaña de combate al robo de combustibles.

El costo de esta transacción con empresas estadounidenses ascendió a 92 millones de dólares, cifra equivalente a más de mil 800 millones de pesos. AMLO justificó esta adjudicación directa con la “urgente” compra de pipas para el traslado de combustible y, por ende, no había tiempo para licitar.

Y aunque garantizó la publicación de los contratos por la adquisición de las 600 pipas, hasta el momento se desconoce el procedimiento utilizado por las secretarías involucradas en dicha transacción: Economía (SE), Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP).

Sobre este punto, Padilla Zenteno, de la Coparmex capitalina, expresó que es necesario realizar un análisis muy puntual sobre los casos en los que se beneficia a algunas empresas, aunque “lo verdaderamente importante es que se cumpla el propósito expresado por el gobierno. Esperamos pasos reales en ese sentido”.