El contenido de la iniciativa de reforma constitucional enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al Congreso de la Unión para rehabilitar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresa del Estado mayoritaria en el sector, vulnera el acuerdo mundial para reducir el uso de energéticos contaminantes y el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Con este proyecto de reforma, el Gobierno de México se perfila hacia un “choque” jurídico y político con empresas nacionales y trasnacionales, de acuerdo con el análisis de especialistas en derecho comercial y ecológico, quienes anticipan la posible generación de juicios internacionales impulsados por las corporaciones que participan en el sector energético nacional desde 2013, cuando se suscribió la nueva versión del acuerdo comercial de Norteamérica (T-MEC), el cual fue aprobado por el Senado de la República el 19 de junio de 2019, después de que se aprobó la reforma a los Artículos Constitucionales 25°, 27° y 28, promulgada el 20 de diciembre de 2013.

Los expertos detallaron que, de reformarse esos artículos constitucionales, el gobierno incurrirá en grave violación al T-MEC, el cual hoy tiene una calidad jurídica equivalente a la de la Constitución y el Congreso no puede modificarlo; por lo que las corporaciones locales y extranjeras podrían fundamentar juicios contra el gobierno de México mediante la legislación internacional en materia de protección de inversiones.

Pese a ello y en oposición al sentido de la reforma de 2013-2014, que buscó romper el predominio estatal en el mercado eléctrico para abrirlo a la competencia y al libre mercado, el Presidente insiste en que su reforma constitucional permitirá administrar mejor los energéticos; porque el Estado puede ser mejor empresario y actúa con más transparencia.

La reforma de 2013-2014 se propuso aliviar la ineficiencia de la CFE como empresa del Estado, ya que no contaba con recursos económicos suficientes para invertir en el desarrollo del sector, sobre todo en las tecnologías para generar energías limpias, las cuales son más baratas y requieren la participación de inversionistas mexicanos y extranjeros.

La iniciativa presidencial, presentada el 1° de octubre pasado, ha provocado diversas controversias porque busca dotar a la CFE con el dominio del 54 por ciento del mercado eléctrico y reducir la participación de la iniciativa privada al 46 por ciento; y porque, además, los analistas cuestionan la capacidad empresarial del actual titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, quien se ha visto envuelto en varios escándalos de corrupción.

La Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMEE) y la Asociación Mexicana de Energía Solar (AMES) advirtieron sobre el efecto expropiatorio de la reforma, porque arrebataría el negocio a particulares y porque tendría una aplicación retroactiva que afectaría gravemente los intereses financieros de las empresas privadas del sector.

“Relegar, o incluso excluir, a los actores privados que han invertido en el desarrollo y la sustentabilidad del país tiene efectos retroactivos y expropiatorios y, lo más grave, elevaría el costo de la electricidad. Ello impactaría a la economía de las familias y debilitaría la competitividad de la economía en su conjunto”, advierte un análisis de la AMEE y la AMES fechado el cuatro de octubre de 2021.

¿Es expropiación o no?

El analista y consultor en energía, David Shields, reveló a buzos que el presunto contenido expropiatorio de la reforma de AMLO es uno de los puntos centrales de la iniciativa.

“El lenguaje de la reforma, o contrarreforma, sí se está interpretando, en general, como expropiatoria, y sí dice que van a cancelar servicios y contratos. Están dando a entender, incluso, que quieren cancelar el mercado eléctrico; si eso es cierto, entonces un privado no puede generar electricidad.

“Quieren fortalecer a la CFE, pero cancelando a los demás no a través de la eficiencia de la CFE; que vaya ganando terreno por su eficiencia, sino cancelando a otros productores, a pesar de que en el discurso siguen manejando que los privados van a conservar el 46 por ciento del mercado de la generación de electricidad.

“Pero, ¿cómo conciliar este 46 por ciento con el lenguaje de la reforma? Porque en la iniciativa de la reforma se dice que van a cancelar los permisos a los privados”, cuestionó Shields, para luego destacar que la iniciativa tiene incongruencias –las cuales podrían ser una estrategia–, pero también varios errores de diseño. “No me sorprendería nada que no hayan medido las consecuencias”, afirmó, el especialista.

Con respecto a esta posibilidad, el abogado, analista político y exlegislador José Luis Espinosa Piña, dijo a buzos que la reforma constitucional propuesta contiene un proyecto de regresión hacia un modelo de empresa estatal que en el pasado tuvo grandes problemas en materia de infraestructura y tecnología productiva.

“Ese viejo modelo nos llevó a tener una empresa quebrada, teníamos problemas sindicales y de corrupción. Con el nuevo modelo se pretendió evitar que la CFE se deteriorara más”, explicó el también profesor de derecho en la Universidad Anáhuac.

“Ahora, con la contrarreforma de AMLO, con la administración de Manuel Bartlett, pretenden regresar a la CFE al viejo esquema de alta ineficiencia, mucha burocracia, lo cual es una mala receta. La corrupción asociada con la falta de competencia genera un desastre”.

Espinosa Piña comentó que, cuando hay competencia, se fomentan nuevas prácticas, se introducen mejoras regulatorias, se hacen eficientes los procesos para competir; “pero el gobierno no quiere competencia; y eso, a la larga, nos va a perjudicar gravemente”, señaló.

“Yo espero que la reforma constitucional no sea aprobada. Y esto no tiene que ver con partidos políticos y con ideologías, tiene que ver con la defensa de la eficacia administrativa y de la calidad de servicio y que los costos por la electricidad sean accesibles para todos los mexicanos”, insistió Espinosa Piña.

Desde el inicio de su gobierno, AMLO buscó dar mayor preponderancia a la CFE en el mercado eléctrico, haciendo a un lado a las empresas productoras de energías limpias y a las autoproductoras de electricidad, que operan en el país con las garantías de la reforma constitucional de 2013-2014.

Ante la imposibilidad de conseguir ese fin sin violar leyes, AMLO emprendió reformas a la Ley de la Industria Eléctrica –legislación secundaria, es decir, de menor rango jurídico que la Constitución–, lo cual consiguió con el respaldo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados en el Congreso de la Unión. Los cambios fueron aprobados el dos de marzo de 2021.

Sin embargo, el contenido de esa reforma se dificultó por lo dispuesto en los Artículos 25°, 27° y 28° Constitucionales desde 2013-2014; y las empresas afectadas solicitaron amparos ante el Poder Judicial, el cual suspendió la aplicación de la reforma a la legislación secundaria. La Secretaría de Energía (Sener) aceptó y publicó la suspensión de éstas el 24 de marzo de 2021.

El 16 de marzo de 2021, Juan Pablo Fierro, juez federal especializado en Competencia Económica, ordenó la suspensión definitiva de la citada reforma eléctrica, luego de varias suspensiones provisionales otorgadas días antes.

Una de las características más relevantes de la sentencia fue que no solo protege a poco más de una decena de las empresas privadas que promovieron amparo, sino a todas las que forman parte del sector eléctrico debido a que también podrían verse afectadas por la legislación secundaria.

Ahora, la reforma constitucional

Frenada ésta por el Poder Judicial –hecho que provocó la molestia de AMLO, quien incluso pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investigara al juez Fierro– el pasado 1° de octubre de 2021, envió al Congreso una iniciativa para reformar los Artículos 25°, 27° y 28° de la Constitución, cuyo contenido sirvió para conceder los amparos a las empresas privadas.

El proyecto de reforma constitucional propone la suspensión de permisos para producir energía eléctrica de autoconsumo, incluidos los que estén en trámite, por lo que desaparecerían los autogeneradores de electricidad, que representan una figura legal aprobada en el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), mediante la cual una empresa puede producir electricidad para cubrir sus necesidades, con lo que está obligada a vender lo sobrante a la CFE mediante contratos de compra-venta, cuya extinción también está prevista en la reforma.

Desaparecerían asimismo la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que asumieron funciones de la CFE y fueron creadas para dinamizar el nuevo modelo de mercado eléctrico con participación privada; en tanto que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), organismo autónomo, instaurado en ese mismo marco legal, formaría parte de la CFE.

Se suspendería la expedición de permisos para la explotación de litio, que sería exclusiva del Estado; este elemento es fundamental para la elaboración de baterías recargables y desechables, con mayor poder de acumulación energética y muy utilizadas para mover autos eléctricos, que poco a poco sustituyen a los de gasolina y gas.

Las ocho concesiones otorgadas hasta la fecha a empresas privadas para explotar litio serían respetadas; pero siempre y cuando demuestren haber empezado a extraerlo y a producirlo industrialmente.

Todas las expectativas generadas por la reforma han vertido en advertencias cada vez más críticas e inconformes. El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales A.C. (CEEG) denunció el pasado seis de octubre que el impulso de la CFE como empresa estatal dominante en el mercado de electricidad perjudicará la confianza de los inversionistas.

Esta confederación agrupa a 56 compañías que operan en el país, entre ellas Kansas City Southern, Arcelormittal, Caterpillar, Bosch, Dupont, Fiat Chrysler Automobiles, Honeywell, Toyota, Iberdrola, Manpower Group, Citibanamex, Danone y Exxon Mobil.

El CEEG advierte que la reforma violaría lo dispuesto por el T-MEC sobre los mercados libres en la región y otros convenios internacionales, en los cuales se define que no deben limitarse las condiciones para la inversión y que existe la obligación de no aplicar medidas discriminatorias contra empresas privadas para beneficiar a las estatales.

“Las empresas globales estamos convencidas de que fortalecer a las empresas públicas no debe pasar por restringir la libertad para que otras empresas puedan acceder y competir en condiciones parejas en un mercado eléctrico eficientemente regulado”, advierte el CEEG.

La representación empresarial consideró la iniciativa como incongruente con los objetivos fijados en los recientes encuentros sobre el Diálogo Económico de Alto Nivel, efectuado entre representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos.

Los efectos indeseables

Firmas internacionales, nacionales y financieras cuestionaron, el seis de octubre de 2021, la iniciativa de reforma constitucional porque si se expide, se perjudicaría tanto a la población como a las empresas, ya que provocará un alza en los precios de la electricidad.

Al emitir su posición sobre la reforma, el Consejo Coordinador Empresarial señaló, el 1° de octubre, que la reforma afectaría la economía de los mexicanos: “La CFE no ha desarrollado centrales de generación usando energías renovables de bajo costo. Por lo tanto, no ha contribuido ni contribuirá a reducir los costos de generación ni las emisiones contaminantes”.

A su vez, el CEEG insistió en que “de ser aprobada en sus términos por el Poder Legislativo, la reforma propuesta elevaría los costos de las tarifas eléctricas, tanto de familias como empresas, y se limitaría el acceso a energía asequible, segura, sostenible y suficiente, indispensable para el desarrollo industrial, social y económico del país”.

En un análisis del cuatro de octubre de 2021, el grupo financiero BBVA afirmó: “Si bien el componente de electricidad en la inflación de los energéticos es bajo, no se puede ignorar el aumento de los precios de la electricidad y el efecto adverso para los consumidores que puede tener el aumento de la participación en el sector de una empresa poco eficiente. De implementarse la reforma, los precios aumentarán todavía más”.

Al respecto, BBVA agrega que las compañías privadas producen electricidad de bajo costo, a diferencia de la CFE. “Esto se traduce en precios más bajos para los usuarios de energía eléctrica y complementan la capacidad de la CFE para atender la demanda nacional”.

“La CFE podría decidir no trasladar los aumentos de precios a los consumidores mediante esquemas de subsidios, pero ello implicaría un mayor costo fiscal. En cualquier caso, la población sería afectada por una estructura de producción más costosa”, añadió el grupo bancario.

El CEEG explicó que el incremento en los precios se concretaría porque la CFE produce energía más cara que las firmas privadas, porque la genera a base combustibles fósiles, como combustóleo, diésel y carbón, a pesar de que en el mundo se desarrolla electricidad mediante el uso de energías limpias como la solar y la eólica.

Compañías de energía limpia

La AMEE y la AMES aseguran que si se aplican los cambios constitucionales propuestos por la iniciativa de AMLO “se le dará prioridad a energía sucia y más costosa, transformando dos de las principales ventajas de la energía renovable de nueva generación, ser barata y limpia, en desventajas irremontables ante la Constitución, imposibilitando su operación”.

Han revelado asimismo que el “99 por ciento de la energía eólica y solar que se genera en México es producto de la inversión privada. Su generación ha permitido la mitigación de 19 millones de toneladas de CO₂ a la atmósfera cada año.

“Los más de 300 proyectos eólicos y solares en operación suman una capacidad total de más de 12.9 gigawatts, representan 19 mil millones de dólares de inversión directa, nacional y extranjera, y más de 86 mil empleos en todo el país. Además, a través de la generación distribuida, hemos instalado paneles que suministran electricidad limpia, renovable, a más de 240 mil hogares, comercios y pequeñas industrias”.

La AMEE y la AMES advirtieron que, si se concreta la citada reforma, México violaría el Acuerdo de París y arriesgaría su participación en la lucha global contra el cambio climático, marco en el que la mayoría de países procuran sustituir el uso de los combustibles contaminantes por otros amigables con el medio ambiente, mediante la reducción de sus emisiones de carbono, cuyo uso resulta muy contaminante.

También señaló que existe el compromiso internacional de que, en 2024, el 35 por ciento de la electricidad sea producida con tecnologías limpias, y el 43 por ciento en 2030.

El CEEG, por su parte, reveló que la disminución de los inversionistas privados en la generación y trasmisión de energía eléctrica aumentará el riesgo de más apagones, con lo que afectaría tanto a los domicilios como a las cadenas de producción nacionales e internacionales asociadas a las interrupciones eléctricas.