Creado apenas el año pasado, el Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz (Seaver) está a punto de desaparecer en la entidad veracruzana por la falta de recursos financieros y porque el Poder Legislativo local considera que duplica las facultades de la Contraloría y el Órgano de Fiscalización Superior. En julio próximo dejará de existir si no recibe un aumento presupuestal.

La Cámara de Diputados de Veracruz aprobó, en julio de 2017, la creación del Seaver, pero fue hasta agosto del año pasado cuando se instaló su Comité Coordinador con el objetivo de delinear las políticas públicas más idóneas para combatir el flagelo delictivo que más ha desprestigiado a la clase política de la entidad en décadas recientes.

Su Secretaría Ejecutiva se integra por un grupo interdisciplinario conformado por Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, auditor General Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis); Leslie Mónica Garibo Puga, titular de la Contraloría General del Estado; Yolli García Álvarez, presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y Protección de Datos Personales; Pedro José María García Montañez, presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV); Carla Rodríguez González, representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) y Marcos Even Torres Zamudio, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

Pese al peso político y administrativo de sus integrantes, el Seaver poco ha avanzado en su encomienda, en gran medida por la falta de recursos financieros que requiere este órgano para operar y a las diferencias que hay entre sus miembros, mismas que se han vuelto de dominio público.

Incluso su presidente, Sergio Vázquez Jiménez, quien está próximo a dejar el cargo que asumió por dos años, ha sido involucrado públicamente en presuntos actos de corrupción. En noviembre de 2018, su corporativo Caremm S.A de C.V. fue acusado desde los medios de comunicación de ser una “compañía fantasma”, esto después de la auditoria efectuada a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa.

Por corrupción y disputas internas del comité, el Seaver no ha logrado destacar como se esperaba en la función para la que fue creado, al punto de empezar a decaer la confianza y credibilidad que los veracruzanos depositaron en él.

Disputas internas en el Seaver

El IVAI fungió como vocero de los seis entes públicos que integran el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Seaver, cuando los titulares de éstos revelaron varias anomalías, algunas de ellas en el funcionamiento interno; destacó la denuncia de que no fueron convocados conforme a la normatividad a la celebración de la segunda sesión extraordinaria de dicho cuerpo colegiado, efectuada el 23 de abril.

A decir del IVAI, dicha sesión era fundamental para el pleno funcionamiento institucional del Seaver, toda vez que entre los puntos de la orden del día figuraba la aprobación de los ajustes al Presupuesto de Egresos del gobierno de Veracruz para el ejercicio fiscal 2019.

La denuncia de dicha oficina incluyó la explicación de que la convocatoria que se hizo llegar a los integrantes del Órgano de Gobierno del Seaver, no circuló en tiempo y forma, ni incluyó los elementos necesarios para que realizaran un análisis exhaustivo de la propuesta de ajustes presupuestarios de la Secretaría Ejecutiva.

Además de que la propuesta de ésta, explicó el IVAI, no era viable, formal, concreta, rigurosa, ni ajustada a la realidad, ni al marco jurídico y los parámetros establecidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz.

Por lo anterior, las propuestas fueron consideradas insuficientes para garantizar, entre otras cosas, las prestaciones laborales y de seguridad social a las que tienen derecho los trabajadores adscritos a la Secretaría Ejecutiva; además de que una de las medidas resultaba contraria a la legalidad, porque sugería que entes públicos del Seaver destinaran recursos para satisfacer necesidades de esa institución.

En virtud de lo que el IVAI y los otros cinco entes públicos calificaron como “posibles irregularidades” al interior de la Secretaría Ejecutiva, solicitaron que la Contraloría Interna iniciara las acciones correspondientes, a efecto de detectar si ha habido conductas contrarias a la legalidad para, en su caso, proceder legalmente en contra de quien resulte responsable.

“La falta de voluntad, convicción, profesionalismo, objetividad, eficiencia, eficacia, transparencia e integridad ha sido una constante por parte los servidores públicos adscritos a la Secretaría Ejecutiva. Los entes públicos que integramos el Seaver, reiteramos nuestro compromiso institucional de combatir la corrupción, siempre en el marco de la legalidad”, dijo el IVAI.

Recorte y despidos

El presidente del organismo, junto con el consejero Emilio Cárdenas Escobosa, advirtió que de reducirse en un 50.93 por ciento el presupuesto programado para este 2019, quedarían paralizados los trabajos de la Seaver, porque 20 millones 315 mil 698 pesos serían insuficientes para realizar las tareas del combate a la corrupción. Y, de acuerdo con los datos que presentó, en Veracruz solo se invierten 2.5 pesos por habitante para este fin.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló, en un estudio realizado a inicios del año, que Veracruz figura como el octavo estado en el país con la peor calificación en el Índice Mexicano de Corrupción y Calidad Gubernamental. También se ubica en los últimos lugares en percepción ciudadana de la corrupción institucional, con 0.370.

Veracruz está reprobado también en calidad de los servicios públicos con el l.9 de calificación; en cuanto a corrupción en las instituciones de seguridad pública y seguridad social apenas alcanza 3.1 puntos.  De ahí la necesidad de fortalecer al sistema y no menguarlo.

Sin embargo, los primeros despidos de personal y las reducciones salariales a los consejeros del Seaver ya se están dando. El 1º de mayo concluyó la relación laboral de 28 empleados, a quienes, al llegar a su oficina, ubicada en la calle de Landero y Coss, en Xalapa, el personal de seguridad les negó el ingreso.

De inmediato, los trabajadores se manifestaron contra esa decisión y denunciaron que no fueron notificados de su despido y que, por supuesto, no habían firmado su supuesta renuncia. Al cierre de esta edición, los despedidos injustificadamente no habían recibido ni liquidación ni la parte proporcional que les corresponde por sus prestaciones.

¿Una tabla de salvación?

Días después, la diputada local Érika Ayala Ríos presentó una iniciativa de reforma al Artículo 33º de la Constitución Política del Estado, para establecer la progresividad e irreductibilidad de los presupuestos de los órganos autónomos, como el Seaver.

La legisladora priista comentó que busca señalar la atribución del Congreso del Estado de aprobar el Presupuesto de Egresos, para que éste considere las partidas necesarias para el funcionamiento de los organismos autónomos, a efecto de que en ella quede establecido expresamente que los montos presupuestales asignados a los mismos nunca serán inferiores a los otorgados en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Este modelo, dijo, ya aplica en la legislación ordinaria en el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Universidad Veracruzana (UV), y agregó que con esta reforma se abonaría a la construcción de entes públicos con mayor fortaleza institucional y capacidad de operación financiera. “Que no vean limitadas sus importantes funciones por consideraciones de orden político o administrativo que produzcan reducciones a sus presupuestos”, abundó. Agregó que los órganos con autonomía reconocida en las constituciones tienen una naturaleza jurídica distinta a la de otros entes públicos, en razón del carácter técnico especializado de sus funciones, por lo que no deben intervenir en el ejercicio de éstas los depositarios del Poder Público, como ocurre en el caso de los organismos descentralizados.

Ayala Ríos detalló que la procuración de justicia, la defensa de los derechos humanos, la fiscalización de los recursos públicos, la garantía de acceso a la información pública y la protección de datos personales, la protección a los periodistas y la impartición de justicia en materia administrativa, son tareas esenciales para consolidar la democracia y el Estado de Derecho.

Por lo anterior –añadió– debe plantearse renovar el marco jurídico que regula a los organismos responsables de las mismas, para brindarles mayor independencia y funcionalidad en el ejercicio de sus atribuciones.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

Investigaciones estancadas

A casi seis meses de que arrancara la administración estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ya se han registrado varios casos de presunta corrupción sin que hasta el momento la Contralora General del Estado y también integrante del Seaver, Leslie Garibo informe sobre los avances en las investigaciones.

El primer episodio consistió en los supuestos actos de nepotismo en la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), a cargo de Guadalupe Argüelles Lozano, quien en marzo pasado pretendió nombrar a su hija Quetzalli Cárdenas Argüelles como jefa del Departamento Jurídico y Amparos en esa dependencia.

Al filtrarse el audio de la funcionaria haciendo el anuncio, tuvo que dar marcha atrás. Actos similares fueron atribuidos también al secretario de Salud, Roberto Ramos Alor y a la diputada local, también morenista, Rosalinda Galindo Silva, quienes supuestamente intentaron incrustar en la nómina estatal a varios parientes.

Más recientemente, el gobierno estatal encabezado por Cuitláhuac García adquirió varias patrullas policiales, cuyo costo publicado al parecer no cuadró con el real o contable.

Sin contar estos casos, el Comité de Participación Ciudadana del Seaver envió a la Contraloría un total de 40 denuncias por presuntas irregularidades; de éstas, 14 fueron del ORFIS; 13 de la propia Contraloría; tres del IVAI; tres del Congreso del Estado de Veracruz; dos de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción; cinco del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; y una de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Salud, del Organismo Público Local Electoral y la Secretaría de Gobierno. Hasta el momento, ninguna de estas demandas ha procedido.

Mientras tanto, el Seaver deberá renovar a uno de sus consejeros, pues su presidente fue nombrado solo por un año. Se postulará a uno de los actuales comisionados a la presidencia, entonces quedaría una vacante que será ocupada el próximo 13 de junio.