De los 300 mil estudiantes de nivel superior que el Programa Nacional de Becas Benito Juárez (PNBBJ) supuestamente había entregado hasta abril de este año, según la página web de la Secretaria del Bienestar (SB), en San Luis Potosí solo se conoce la exclusión de miles de sus potenciales beneficiarios que anteriormente recibían apoyos similares a través del desaparecido programa social Prospera.

Esta denuncia fue hecha el nueve de mayo por un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí (Becene), la Escuela Normal Camilo Arriaga (ENCA), la Universidad de Ciencias y Artes del Potosí (UCAP), la Universidad Politécnica (UP), la Universidad Potosina (UP) y otras instituciones de educación superior, que se manifestaron frente a la delegación de la SB en la capital potosina.

Además de su demanda pública de inclusión en el PNBBJ, los estudiantes advirtieron de viva voz, y mediante un documento entregado a la delegación federal, que al no ser incluidos en el nuevo programa muchos de ellos se verán obligados a desertar de sus estudios.

Óscar García Miranda, estudiante del octavo semestre de la Facultad de Derecho de la UASLP y representante estatal de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR), que agrupa a más de cinco mil estudiantes de nivel medio superior y superior, denunció que en toda la entidad potosina son miles los jóvenes excluidos del nuevo programa de becas.

“Somos miles de estudiantes potosinos que contábamos con la beca de Prospera y que ahora solicitamos la beca Benito Juárez; nosotros vivimos una situación muy compleja. Yo soy originario de una comunidad rural del municipio de Moctezuma; soy de los mejores de mi clase, con un promedio de 9.2 y no recibí la beca”, denunció García Miranda.

Al igual que Óscar, Catalina Pérez de Domínguez, universitaria oriunda del municipio de Santa Catarina, dijo que anteriormente contaba con la beca de Prospera y que utilizaba ese recurso para cubrir parte de sus gastos de hospedaje, alimentación y transporte. “Ahora, sin este apoyo, la situación es más difícil para mí y para muchos de mis compañeros”, comentó.

Santa Catarina es uno de los municipios con mayor índice de pobreza en San Luis Potosí, ya que el 92 por ciento de su población se clasifica en esa condición, según datos recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Las estadísticas reportan también que en esa región solo el 16.76 por ciento de lwos pobladores entre los 15 y los 24 años asiste a la escuela.

Durante la manifestación, los estudiantes exhibieron letreros exigiendo al Gobierno Federal la entrega del PNBBJ para poder continuar con sus estudios. La única persona que atendió a los estudiantes fue Ana Luisa Núñez Aburto, una de las coordinadoras de la Delegación de Bienestar, cuyo superdelegado es Gabino Morales Mendoza.

Núñez Aburto dijo desconocer el motivo por el que los inconformes no quedaron inscritos en el PNBBJ, se comprometió a analizar sus demandas y a darles una respuesta en dos semanas. Pero han transcurrido tres desde esa promesa y la oficina federal no ha dado respuesta a la demanda de los estudiantes, quienes ahora padecen la ausencia del apoyo económico que se les revocó.

“Solicitamos que se amplíe la entrega de becas para que no se trunquen los estudios de miles de jóvenes potosinos. Esperamos que el señor presidente considere a los estudiantes que se han quedado sin beca y, sobre todo, piense que nos vemos en la necesidad de solicitarla, pues nuestro país desgraciadamente no tiene las condiciones para acabar con los elevados índices de pobreza y marginación, que cada día agobian más a las familias mexicanas; situación que hace que los jóvenes salgamos a buscar apoyo para poder continuar con nuestra preparación académica”, señaló el líder estudiantil.

García Miranda agregó además que la manifestación del nueve de mayo, fue el inicio de una lucha que impulsarán los integrantes de la FNERRR y otras agrupaciones de estudiantes de nivel medio superior y superior de varias instituciones educativas, tanto oficiales como privadas, para exigir que no se les excluya de la entrega de becas.

De esta manera, el pasado 23 de mayo, en el día del estudiante, más de 12 mil jóvenes (de los cuales 500 son estudiantes potosinos) integrantes de la FNERRR nacional, protestaron en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, para exigir a AMLO que cumpla con la asignación y el pago de las becas.

Son 35 mil estudiantes adheridos a la FNERRR, de éstos, 17 mil ya fueron censados y únicamente seis mil han recibido el apoyo. En la entidad potosina son cerca de cinco mil integrantes, de los que cuatro mil no fueron acreedores de la BBJ. De seguir esa posición negativa y de no haber pronta respuesta a su petición, convocarán a los miles de jóvenes potosinos excluidos del programa asistencial de AMLO.

“En la Huasteca han sido muy pocos los beneficiarios; la cobertura es muy deficiente, sobre todo para zonas como el Altiplano. Por el momento tenemos una lista con más de mil estudiantes que se están acercando para solicitar estas becas; se encuentran vulnerables y muy preocupados, ya que, de no recibir apoyo, algunos tendrán que desertar de sus estudios, pues con estos recursos sostienen los gastos de transporte, colegiaturas, gastos en libros o material, alimentación, etc.”, explicó Óscar García.

“Estudiar se ha convertido en todo un reto; las oportunidades son menos, pues vivimos en un país donde la pobreza crece, los salarios son bajos y las familias apenas tienen ingresos para cubrir sus necesidades básicas. Por ello no hay recursos para la educación; esta necesidad, que se supone debería ser prioritaria para el gobierno, está fuera del alcance de niños y jóvenes humildes. Al contrario, la educación se privatiza y se reducen espacios, y se solicita el pago de elevadas cuotas de inscripción y colegiaturas; ya estando dentro se tiene uno que enfrentar a los gastos de libros y material de estudio, alimentación y transporte”, comentó Celeste Miranda López, estudiante de la licenciatura en Estomatología de la Universidad Potosina.

Miles de jóvenes sin oportunidades

A la pérdida de Prospera que sufren miles de estudiantes potosinos que estudian en preparatorias privadas incorporadas a la UASLP o a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), se agrega el hecho de que las becas PNBBJ solo son entregadas a alumnos de escuelas oficiales.

Y como la UASLP no tiene preparatorias (porque en 1986 fueron cerradas por el exrector José de Alfonso Lastras Ramírez), y los colegios de Bachilleres (Cobach), de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytes) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) están saturados, muchos de los 45 mil jóvenes que demandan educación media superior, y 25 mil que buscan un espacio en el nivel superior, se ven obligados a estudiar en preparatorias privadas e incorporadas.

Esta situación determina que en San Luis Potosí abunden los jóvenes de escasos recursos que por necesidad están inscritos en escuelas privadas y, por lo mismo, son excluidos de las becas del PNBBJ, dijo el director de Educación Media y Media Superior de la SEGE, José Antonio Bonales Rojas.

Por este motivo, los padres de familia sienten impotencia e incertidumbre; no saben qué va a pasar con la educación de sus hijos sin estos apoyos.

“Somos una familia de escasos recursos económicos. Soy obrera, viuda y madre de dos varones. Uno de mis hijos actualmente estudia en el Instituto Ponciano Arriaga (IPA), incorporado a la UASLP. Cuando me enteré de que el Gobierno Federal entregaría becas para apoyar a los diferentes sectores de la población me entusiasmé e investigué, junto con mi hijo, los requisitos para poder solicitar una beca; de conseguirla, sería un alivio a nuestra apretada economía. Sin embargo, mi hijo no pudo ser acreedor a ésta por estudiar en una escuela particular (una de las más económicas entre las particulares).

“Siento impotencia y descontento por esta exclusión. Mi hijo decidió agruparse con otros jóvenes estudiantes que tampoco pudieron solicitar la beca por pertenecer a una institución privada”, manifestó, inconforme, Pilar Delgado Hinojosa, una de lasmiles de jefas de familia en la entidad potosina.

En San Luis Potosí, el 30.3 por ciento de los hogares tienen jefatura femenina, reporta la Encuesta Nacional de Hogares 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entrevistado por buzos, José Luis Baranda, docente del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), dijo que la falta de recursos económicos en las familias es la principal causa de la deserción escolar. “En niveles medio superior y superior, donde muchos jóvenes, al no tener oportunidad de trabajar y estudiar, se ven obligados a truncar sus estudios. Además, gran parte de los que intentan ganar un lugar en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no lo consiguen”, explicó el maestro.

“Hacen falta estrategias profundas para combatir este problema. Todo va enlazado; la falta de empleos bien pagados limita a los padres para que sus hijos puedan ingresar a las instituciones educativas, pues todas involucran gastos, unas más, otras menos, pero al final hay que pagar por recibir educación. La entrega de becas es una manera de lograr que los niños y jóvenes tengan la oportunidad de ingresar a alguna institución educativa; muchos de ellos, sin el apoyo de estos programas, abandonarían sus estudios. Actualmente, en San Luis Potosí, solo cinco de cada 100 estudiantes logran desarrollar una formación profesional; aún nos falta mucho por hacer para cambiar estas cifras”, indicó el docente.

Luis Baranda resaltó que el factor económico es el de mayor peso, repercutiendo en las posibilidades, cada vez más escasas, de ingreso de los jóvenes potosinos. “Es necesaria la generación de proyectos para impulsar nuevas instituciones públicas”, propuso.

Por otro lado, Carlos Muñoz Izquierdo, especialista en planeación educativa y economía de la Ibero, afirmó que la distribución inequitativa de las oportunidades de acceso, permanencia y aprendizaje es el factor que más influye en el deficiente desempeño del sistema educativo.

Uno de los rasgos más visibles de este sistema se encuentra en la injusta y lacerante distribución de oportunidades educativas (en las distintas acepciones y dimensiones de ese concepto). Es lamentable que este problema sea de la magnitud que ha alcanzado, no solo por las razones éticas que serían suficientes para reprobarlo, sino también porque la equidad es el primer requisito que debe ser satisfecho, si se desea elevar la eficacia del sistema educativo. En otras palabras, no es posible mejorar en forma generalizada la calidad de la educación que se imparte en el sistema, mientras las oportunidades educativas se sigan distribuyendo tan inequitativamente como se ha observado hasta la fecha, aseveró el investigador.

“Debo reconocer que ninguna reforma, ni programa que yo conozca ha generado efectos totalmente favorables en el sistema educativo. En algunos casos, ello se ha debido a deficiencias en el diseño de las propias intervenciones; y en otros a varios errores cometidos al implementarlos. Sin embargo, ciertas intervenciones educativas de ese tipo han generado algunos efectos parcialmente benéficos”, indicó el académico.

Agregó que uno de éstos había sido el programa Prospera, que se propuso crear las condiciones necesarias para que los jóvenes de escasos recursos obtuvieran apoyos e ingresaran a estudiar.

“Diversas evaluaciones de la efectividad de dicho programa comprobaron fehacientemente que, a consecuencia de su funcionamiento, fue posible mejorar los índices de escolaridad de sus destinatarios”, enfatizó el investigador, quien asimismo dijo que por ahora solo es posible comparar las becas de Prospera con las del PNBBJ por las diferencias en el número de sus beneficiarios.

“Con todo esto creo que el problema tiene otra raíz. Nuestro país no es una sociedad que garantice a sus habitantes una calidad de vida óptima, con trabajos bien remunerados, salud, educación, un desarrollo integral que garantice a un país desarrollado. Ésa es la verdad; por la falta de ello, es que las familias y los jóvenes recurren a buscar programas sociales que le brinden apoyo a su necesidad de educación”, puntualizó el especialista.