El Ejército seguirá en las calles pero ahora habilitado como Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad pública que el presidente  Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se ha obstinado en crear para combatir la creciente violencia delictiva que arrasa al país, pero en el que  expertos y agrupaciones civiles advierten un riesgo potencial de militarización y el uso de mecanismos de control y criminalización para meter miedo a las protestas sociales que defienden los derechos sociales y humanos en México. 

Desde su segunda campaña presidencial en 2012, AMLO prometió que, de ganar las elecciones, regresaría al Ejército a sus cuarteles, porque su encargo era “defender la soberanía nacional”. En 2017, casi un año antes de su tercera campaña electoral, reiteró el compromiso: “la seguridad pública es un ámbito de responsabilidad civil. Retiro paulatino y programado del Ejército y la Marina”.

Los elementos del Ejército Mexicano han estado en las calles desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), quien puso en marcha una guerra contra el narcotráfico que  su sucesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018) continuó a fin de combatir a la delincuencia organizada. El ahora primer mandatario criticó fuertemente a ambos y algunos de sus colaboradores incluso calificaron como fallida la política de Estado.

Y lo era, en efecto, pues en lugar de disminuir, las cifras de violencia e inseguridad se dispararon. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el sexenio de Felipe Calderón se registraron 121 mil 35 muertes violentas vinculadas al crimen organizado y en el de Peña Nieto se elevaron a 150 mil 992. La cifra global, que superó las 271 mil víctimas, fue el resultado de una violencia generalizada en varias regiones del país que además provocó desplazamientos de familias, mayor inseguridad pública y pobreza.

El Ejército solo obedece órdenes de sus superiores

El pasado 16 de enero, la Cámara de Diputados, con mayoría del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aprobó en sesión extraordinaria la iniciativa para reformar diversos artículos de la Constitución, con ello da paso a la creación de la Guardia Nacional. La iniciativa fue secundada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Encuentro Social (PES), algunos diputados de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC). Ahora toca al Senado de la República discutir la reforma,  aunque el partido del Presidente garantizó su aprobación y su puesta en marcha, anticipó el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal.

La iniciativa plantea reformar en total 13 artículos de la Constitución (13^o, 16^o, 21^o, 31^o, 32^o, 36^o, 55^o, 73^o, 76^o, 78^o, 82^o, 89^o y 123^o) así como varios transitorios que permitirán la integración de la Guardia Nacional. El 19 de noviembre, AMLO justificó su creación aduciendo que persiste la “crisis de violencia e inseguridad en el país” y que sus tareas oficiales serán la “prevención del delito, preservación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia”.

Este nuevo cuerpo de seguridad, según el proyecto legislativo, provendrán en una primera etapa del Ejército y la Marina, así como de la Policía Federal. Posteriormente se sumará a ella elementos de procedencia civil. De hecho, antes de que su propuesta fuera aprobada en la Cámara de Diputados, el Presidente lanzó una convocatoria nacional a quienes pudieran interesarse en formar parte de la nueva corporación. Estos elementos tendrán formación y adiestramiento especializado en planteles militares y serán capacitados en materia de derechos humanos.

Sin embargo, las voces en contra de la creación de la Guardia Nacional no han dejado de aparecer en diferentes foros y tribunas. El diputado panista, Miguel Alonso Riggs, por ejemplo, argumentó que la nueva corporación será militarizada a pesar de que se le presenta como civil y aseguró que, de aprobarse, representará una amenaza para las libertades de los ciudadanos y los grupos civiles organizados.  

Tatiana Clouthier, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, se abstuvo de votar a favor o en contra de la Guardia, pero al dirigirse a su grupo parlamentario, dijo: “Les recuerdo que la propuesta de campaña fue pacificar al país y desmilitarizarlo paulatinamente, algo contrario a lo que estaríamos votando hoy si no lo eliminamos desde la Constitución”.

La minuta turnada al Senado dice que “la Federación contará con una institución policial de carácter y dirección civil denominado Guardia Nacional, responsable de las tareas de seguridad pública para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, la preservación de los bienes y los recursos de la Nación”.

En su Artículo 21^o, el documento especifica que la Guardia Nacional estará adscrita a la Secretaría de Seguridad, aunque su mando operativo estará conformado por una junta de jefes del “Estado Mayor, compuesta por integrantes de las dependencias de los ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina”. Aclara, asimismo, que la formación y capacitación de los miembros se regirá con una “doctrina policial fundada en la disciplina, el acatamiento de las órdenes superiores, el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género”.

Estas precisiones, sin embargo, no convencen a algunos diputados, académicos y defensores de derechos humanos, así como a amplios sectores de la sociedad. “Son soldados, entrenados como soldados, con estructura militar y dicen que no son soldados. Es en realidad un engaño. Los militares obedecen a militares, no a civiles”, aseguró en entrevista con este medio el senador independiente Emilio Álvarez Icaza. Dijo que existe confusión y contradicción con respecto a la existencia de sus mandos mixtos, porque no están claras las tareas de una y otra: “¿Seguridad Pública hará los oficios, los cheques? Eso no se entiende”.

Aunque la iniciativa lleva delantera y se halla en proceso de revisión en el Senado, el Presidente la rechazó tal como la aprobaron los diputados, ya que insiste en que el Ejército y la Marina sean quienes garanticen la seguridad en tanto los elementos civiles son capacitados para tal tarea. La propuesta presidencial no determina con precisión el tiempo en que los elementos militares permanecerán al frente de la Guardia Nacional y el reclamo de AMLO para que se apruebe su proyecto original sugiere que la temporalidad de la militarización puede ser indefinida.

AMLO se opone específicamente a la eliminación del Artículo 4º transitorio, referente al tiempo indeterminado de los soldados y marinos en las tareas de seguridad; pero confía en que los senadores de Morena y sus aliados –incluido el PRI– rectifiquen esta modificación y la incluyan en la aprobación final. De ser así, el país se militarizará.

Emilio Álvarez Icaza afirmó que con esta medida “quieren avanzar en la constitucionalización de la militarización del país”, lo que contraviene los derechos ciudadanos de los mexicanos. Cuestionado por buzos sobre el principal riesgo de militarizar México, Álvarez Icaza aseveró: “Los soldados no están capacitados para hacer labores de seguridad pública. El uso de la fuerza física es el recurso extremo; como si no tuviéramos una crisis de violaciones a los derechos humanos; son soldados y su función y tarea es otra”.

En el proyecto de decreto de la Guardia Nacional, además, no está claramente definida su operatividad. En el Artículo 73º de la Constitución se ordena la creación de una ley secundaria para la organización, disciplina, profesionalización, operación y evaluación de esta institución; así como la expedición de leyes secundarias para establecer las “bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios; expedir la ley general del uso legitimo de la fuerza y la ley nacional del registro de detenidos, garantizando el respeto a los derechos humanos”.

Estas leyes secundarias deberán expedirse en un plazo de 90 días, después de que el proyecto de decreto de la Guardia, tras la aprobación del Senado y las legislaturas estatales, sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

A decir del senador independiente, AMLO está avanzando en una propuesta que “ni Calderón se lanzó a hacer; en campaña nos dijo que este modelo estaba mal, pero ahora hay un cambio radical de propuesta: vemos a quienes criticaban la Ley de Seguridad Interior entonando loas al ejército. Me parece muy grave”. 

Guardia Nacional: permiso para amedrentar

En el foro organizado en la semana previa a la aprobación de la iniciativa en San Lázaro, diputados, gobernadores, presidentes municipales, académicos, defensores de derechos humanos nacionales e internacionales advirtieron del peligro que implicaba aprobar la propuesta original del Ejecutivo Federal.

En una carta enviada a los diputados, el general José Francisco Gallardo Rodríguez señaló que la propuesta lde AMLO busca “militarizar a la sociedad”, por lo que pidió a los legisladores reconsiderar su aprobación. Gallardo Rodríguez ha elaborado ya otras propuestas en materia de derechos humanos a favor de los militares, entre las que destaca la creación de un ombudsman en el Ejército. En su misiva alertó que la nueva propuesta presidencial “propone regularizar la presencia del Ejército en las calles, otorgarle una nueva legislación que desborda sus facultades restringidas a la disciplina militar”.

Explica además que está iniciativa viola la Constitución, pues con “la Guardia Nacional Militar se trata de militarizar a la sociedad para sembrar una política de miedo como un mecanismo de control social para criminalizar la protesta social en su lucha por hacer valer los derechos humanos. Nace en el seno del ejército, a petición y amenaza expresa del alto mando militar, es una política de Estado que se convierte en una amenaza a la seguridad nacional, a la sobrevivencia y desarrollo democrático del pueblo mexicano”.

Un día después de que los diputados aprobaran la iniciativa, agrupaciones como México Evalúa, Seguridad sin Guerra, México Unido Contra la Delincuencia y otros defensores de derechos humanos, académicos, especialistas y agrupaciones civiles, publicaron una carta titulada No usen nuestros nombres para militarizar al país,  en la que expresaron su inconformidad y protestaron ante los diputados por hacer a un lado las evidencias de especialistas y activistas en seguridad y justicia. Exigieron al Congreso de la Unión, especialmente al grupo parlamentario de Morena que “no usen nuestro nombres para legitimar el proceso legislativo que culminará en la aprobación de la Guardia Nacional”.

Edna Jaime, de México Evalúa, aseguró que uno de los puntos de mayor riesgo en el proyecto de la Guardia Nacional, es que otorga al Ejército la facultad de efectuar detenciones, así como intervenir en las indagatorias que realice el Ministerio Público. “Las Fuerzas Armadas podrán investigar delitos del fuero común como robos, violencia familiar, lesiones. Es un error querer resolver con las mismas estrategias un problema de delincuencia común que uno de crimen organizado”.

Durante su participación en la mesa Derechos humanos y Guardia Nacional, de la Cámara de Diputados, María Elena Morera, de Causa en Común, hizo hincapié en que las funciones de seguridad del actual gobierno deben estar en manos de la policía, no del ejército. Dijo que solamente los regímenes autoritarios buscan enfrentar la inseguridad mediante el uso de las fuerzas militares.

En torno al papel del Ejército, puntualizó que es clara su función, incluso plasmada constitucionalmente, como una fuerza de apoyo al poder civil, a comunidades sociales y en desastres naturales. También afirmó que su lealtad y el buen prestigio que tiene ante la sociedad están siendo aprovechados por fuerzas políticas que pretenden colocarlo en escenarios donde habrá consecuencias políticas y sociales.

De acuerdo con Alejandro Madrazo Lajous, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el uso de los cuerpos del ejército no garantiza que disminuya la violencia, como ha quedado demostrado en diversos municipios. Tras su análisis, consideró que México está en posibilidad de crear una Guardia Nacional Civil sin violentar la Constitución.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también publicó un documento en el que analiza la posible infracción a los derechos humanos por cuenta de la Guardia Nacional: “Lo que sí está claro y, resulta delicado y grave, es que el mando y adscripción de la Guardia Nacional durante los primeros cinco años, corresponda a la Sedena; y posterior a este tiempo perdure la dependencia a esta secretaría, respecto a la estructura jerárquica, disciplina, profesionalización y capacitación, entre otras, pues la formación y disciplina castrenses que tendrán los miembros de la Guardia Nacional no es la idónea para garantizar los derechos humanos de los mexicanos”.

La convocatoria de AMLO

Tres semanas antes de la aprobación de la iniciativa de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, AMLO, en compañía del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Luis Crescencio Sandoval y el Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, lanzó la convocatoria para reclutar al personal civil de la futura corporación policial.

La meta, sostuvo el Presidente en conferencia de prensa, el tres de enero pasado, es reclutar en un periodo de entre tres y cuatro años a 50 mil nuevos elementos. Para este año se espera la adscripción de 21 mil 170 elementos; en 2020 habrá 14 mil 430 más y en 2021 otros 14 mil 400.  En el Presupuesto de Egresos de este año se aprobaron dos mil 500 millones de pesos para su operación inicial.

En una carta publicada en varios medios de comunicación, especialistas en seguridad pública y organizaciones sociales han advertido que la Guardia Nacional no garantizará la disminución de la violencia; “nadie puede esperar que una institución militar pueda aparecer de pronto llena de sentimientos democráticos”.