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El primer semestre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se desarrolló sin crecimiento económico. Hace muchos años que la economía mexicana no se estancaba a un nivel tan preocupante. Ante esta realidad dramática, el Presidente declaró que “no le preocupa mucho el asunto”, porque su gobierno se centra en “crear y distribuir la riqueza; estamos haciendo una mejor distribución (…) ahora se está creciendo y hay más y mejor distribución del ingreso abajo”. Pero el Presidente miente porque para “distribuir” la riqueza primero hay que crearla; cualquier padre o madre de familia sabe eso. Esta parte de la mentira se expresa en los datos del segundo semestre del año, los cuales reportan que la economía sigue estancada, que no hay crecimiento económico o, para ser claros, que no se está creando riqueza. La otra parte se evidencia en el hecho de no hay más ni mejor distribución del ingreso hacia los de abajo.
Para distribuir la riqueza, el gobierno necesita finanzas públicas sanas. Esto implica que la recaudación de impuestos sea abundante y suficiente para enfrentar sus funciones administrativas, especialmente en áreas vitales como salud, educación, inversión en infraestructura, investigación, promoción del comercio, entre otras. Para recaudar la cantidad suficiente de impuestos es necesario que la economía crezca y ésta, como lo muestran los datos, no está creciendo.
La economía no solo no está creciendo al cuatro por ciento como prometió López Obrador en su campaña, sino que está estancada, y este problema se advierte en los preocupantes datos de las finanzas públicas: en julio, la captación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) cayó 10.1 por ciento en términos reales con respecto al mismo mes del año pasado; el Impuesto al Valor Agregado (IVA) –el cual refleja de manera más o menos fiel la actividad comercial– cayó 7.9 por ciento con relación al mismo periodo de 2018. Esto indica un marcado deterioro en la recaudación fiscal del gobierno; y más allá de los problemas operativos que hay en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los datos denuncian algo más grave: el estancamiento económico. Este peligro se constata con el reporte de la propia SHCP en torno al subejercicio de 190 mil millones de pesos, el cual resulta perfectamente lógico cuando se espera que la economía no crezca en 2020 y que, por tanto, tampoco la recaudación fiscal.
La recaudación de impuestos en México representa 14 por ciento del producto interno bruto (PIB), 10 puntos por debajo de la media de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En una nación con un mercado laboral donde más de la mitad de los trabajadores se halla en la informalidad y percibe salarios bajos, y donde la evasión de impuestos pone en jaque las arcas del Estado, es imposible recaudar los recursos financieros suficientes.
López Obrador llegó al poder haciendo muchas promesas: crecimiento económico del cuatro por ciento, creación de empleos, aumento de los salarios y combate a la pobreza. Pero a nueve meses de su estancia en el Gobierno Federal no hay crecimiento, no hay empleos, el salario resulta insuficiente y el combate a la pobreza sigue la misma estrategia. ¿Cómo va hacer frente a su promesa de “primero los pobres” si no tiene recursos?
Aunque se están tomando medidas para corregir lo que se ha hecho mal en la economía, el desarrollo no puede cambiar de un día para otro. Es loable que el gobierno de la “cuarta transformación” (4aT) esté acercándose a los empresarios (como ocurre con Slim), porque es necesario crear las relaciones que lo ayuden a arreglar parte del problema económico. Pero hay un elemento que AMLO no quiere tocar: la urgente necesidad de emprender una reforma fiscal progresiva.
Sí prometió que no habría más ni mayores impuestos, pero también es cierto que la falta de recursos fiscales hará naufragar a la 4aT y que quienes pagarán los platos rotos serán los mexicanos más pobres, pues no habrá dinero para invertir en salud, educación, creación de empleos y desarrollo económico.
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Me inclino más por el modelo chino que permite la apertura a la competencia, pero con la habilitación de controles de calidad para que no abusen de la gente.
La aprobación del FPB permitirá al Gobierno Federal eliminar 10 Afores privadas, que administran unos 74 millones de cuentas individuales con un monto global de 6.2 bdp.
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Escrito por Rogelio García Macedonio
Licenciado en Economía por la UNAM.