El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es el plan de gastos del gobierno. La Ley de Ingresos (por ser ley se deberá discutir y aprobar en ambas cámaras, la de diputados y la de senadores) establece los parámetros para saber, aproximadamente, con cuánto contará la nación para gastar. Por otro lado se prepara el PEF, que no es ley y por ello solo corresponde su aprobación a la Cámara de Diputados; éste debe contener el destino de los recursos públicos. Lamentablemente, como solo se requiere mayoría simple en la Cámara de Diputados, es muy seguro que se apruebe casi en los términos en los que se envió, como ocurrió con el PEF 2019, cuando miles de presidentes municipales acudieron con la esperanza de que sus proyectos serían incluidos, solo para enterarse que éstos no fueron aprobados ni contaban con techo presupuestal.

El gasto público debe tener propósitos concretos que tiendan, por lo general, a mejorar la suerte de los mexicanos, de ahí que el modelo económico y político de cada gobierno servirá como base para el proyecto del presupuesto. En ese sentido, debemos recordar que vivimos en una economía capitalista neoliberal y que no podemos abstraernos de ella ni decretarla como desaparecida así nada más porque sí, o por ocurrencia; por el contrario, para proyectar en qué debe gastar el Estado los recursos, se debe considerar el modelo capitalista para que sirva de palanca para el desarrollo nacional.

Los gobiernos anteriores fueron acusados de ser “neoliberales” y, por lo mismo, que su presupuesto “fifí” solo estaba pensado para satisfacer los intereses de la mafia del poder y para las clases ricas; por el contrario, se pronosticó que, con el gobierno actual todo marcharía de maravilla para estar “feliz, feliz, feliz” y que “por el bien de México”, primero se beneficiaría a los pobres; pero no ha sido así.

La sociedad en la que vivimos requiere de la inversión pública como uno de los detonantes de la economía y, sobre todo, como dijo Enrique Quintana, “confianza”, para que las empresas privadas inviertan, se creen nuevos empleos y todo vaya bien. Pero no debemos olvidar que la economía actual está orientada hacia el mercado exterior y, por lo mismo, no es capaz de abastecer el mercado interno; y el presupuesto debe considerar esto.

La principal bandera del gobierno actual fue combatir la corrupción, eliminando todos aquellos programas que olieran a ésta. Así se canceló el proyecto aeroportuario de Texcoco y todos los programas anteriores que beneficiaban a la gente (comedores, estancias infantiles, Prospera, Seguro Popular, etc.), en lugar de ello, se prometió regalar dinero a la gente (y no a toda), mediante programas sociales y un par de obras faraónicas, aunque inútiles; y así nos encontramos hoy: Dos Bocas no ha iniciado; al Tren Maya no le vemos futuro; Santa Lucía carece de proyecto y es un barril sin fondo al que inicialmente se invertirán cinco mil millones de dólares. El programa de apoyo a los “jóvenes” está plagado de corrupción, sin que por ello se haya detenido a nadie; el programa de adultos mayores, que apoyaba a ciudadanos de 65 y más, “incrementó” al doble la pensión, pero también aumentó la edad de beneficio a 68 años, por lo que ahora serán menos quienes accedan a este apoyo; el programa de becas para jóvenes de preparatoria alcanzó al 50 por ciento de los estudiantes.

La eliminación del Ramo 23 para proyectos de desarrollo regional dejó a los municipios sin presupuesto para obras; se redujo la inversión pública, lo que derivó en un freno al crecimiento, que hoy es de cero por ciento sin que el gobierno reconozca su responsabilidad en este resultado.

El presupuesto para el año entrante es similar al de 2019, con la diferencia de que ahora, además de un optimismo desenfrenado en los ingresos que no se alcanzarán, se invierten más recursos a los programas de transferencias monetarias directas, prometiendo entregar más dinero en efectivo a la gente, pero no con el objetivo de combatir en serio el problema de la pobreza. Así, más del 60 por ciento del gasto programable se va a los programas de AMLO.

No se pretende combatir la pobreza, lo que se busca es comprar votos para las elecciones de 2021, cuando buena parte de los jóvenes que hoy están en preparatoria podrán votar; por eso aumentaron el presupuesto de 17 mil millones a 28 mil millones de pesos, para garantizar que ahora sí les alcance para repartir entre todos los jóvenes. Lo mismo pasa con el programa de pensión para adultos mayores, entre otros.

Si los programas de AMLO están destinados a promover el consumo y, por esa vía, estimular la famosa demanda agregada de Keynes, ello tiene como premisa, para detonar la economía, una respuesta adecuada de la oferta, pero podemos prever que eso no sucederá; los productores no responderán ante el “estimulo” de la demanda agregada. Efectivamente, a quienes se destinarán miles de millones de pesos es a las clases pobres, que gastan 70 por ciento de sus ingresos a la compra de alimentos, bebidas, tabaco y telecomunicaciones. Una vez que la gente tenga más dinero, éstos son los sectores de la economía que se desarrollarán; sin embargo, los productores nacionales de alimentos básicos no tienen la capacidad para atender la demanda aumentada por los programas y, en el caso de los alimentos, el incremento de la demanda no generará un avance en la producción nacional, pues en México la agricultura de alta tecnología se destina, principalmente, a la producción para la exportación y no para abastecer el mercado interno, además de que importamos el 42 por ciento de los alimentos y la única estructura que podría trabajar para abastecer el incremento de la demanda serían las tierras minifundistas, cuya vocación de temporal y su escasa tecnología no abastecerán ese mercado, en consecuencia, habrá gente con dinero pero no habrá, en la misma proporción, mercancías para adquirir y, por lo tanto, se incrementarán los precios, de tal suerte que no se activará la economía; tendremos que importar más productos a precios más elevados y se observará una pérdida de la capacidad para adquirir los productos alimenticios con el salario de los trabajadores y con el dinero entregado mediante de las transferencias monetarias directas. En otras palabras, nos saldrá más caro el caldo que las albóndigas, pues no habrá inversión pública, la gente tendrá dinero; pero lo que pueda adquirir le saldrá más caro y, finalmente, se reducirá su consumo, quedando tan pobre como antes. Así que no es cierto eso de que: “por el bien de México, primero los pobres. Ése es el futuro del PEF 2020. De tal suerte que la verdadera intención del presupuesto es ganarse votos para la elección de 2020. ¿Tiene miedo la Cuarta Transformación de perder la siguiente elección?

Por ello, el Movimiento Antorchista hará uso de su derecho a manifestarse pacíficamente para dejar constancia al pueblo de que una política que deja al pueblo sin obras no es la mejor política.