"Yo creo que se van a parar algunas de esas cosas" para evitar abusos contra quienes viven en ese país, manifestó el exembajador.

Andrés López Beltrán rechazó tener negocios con Jorge Amílcar Olán o haber intervenido en contratos públicos; también acusó a empresarios, periodistas y agencias estadounidenses de orquestar una campaña en su contra.

Reynaldo Pérez Pérez representaba a 63 familias tzotziles desplazadas de Santa Martha, Chenalhó, y contaba con protección federal desde 2023.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención y pidió que la Asamblea General considere medidas de apoyo para México frente a la crisis de desapariciones.

El conato de violencia dejó un saldo de dos mujeres heridas, carpas y pancartas destruidas; además, se reporta la ausencia de autoridades de seguridad.

Emiliano Andrade Covarrubias, de 56 años, fue hallado inconsciente en su celda del Centro de Procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas. Su familia denunció que padecía diabetes, hipertensión y problemas cardiacos.

Haaretz documentó testimonios de exprisioneros que denuncian golpizas, desnutrición, enfermedades y humillaciones. Organismos de la ONU también han alertado sobre tortura.

Luego de las denuncias sociales, la autoridad estatal liberó a todos los detenidos.

La Fiscalía estatal informó que los detenidos fueron trasladados a Puente Grande.

Especialistas y organizaciones nacionales analizan al PJF surgido de la reforma, promovida por AMLO al final de su sexenio, que limitó su autonomía.

Su trayectoria abarca el enjuiciamiento de crímenes internacionales y la investigación de la violencia contra la población palestina.

El presidente Trump enfrenta el 59 por ciento de desaprobación en América Latina.

Ataques, desapariciones y asesinatos son sólo algunas de las situaciones que enfrentan los colectivos.

La investigación del Centro de Derechos Humanos de Berkeley analiza las agresiones bajo el marco del Derecho Penal Internacional y retoma datos de ARTICLE 19 y CIMAC.

La operación, coordinada por el Departamento de Estado, implicó 410 millones de dólares y acuerdos con países de América Latina, África y el Pacífico.