No hay comprobación fiscal que lo inculpe, argumentó la consejera electoral Carla Humphrey
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Las “consultas populares” de Andrés Manuel López Obrador enfrenta su administración con empresarios y con ciudadanos. En esta ocasión, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazó el proceso y resultado de la consulta ciudadana realizada en Mexicali, Baja California, sobre la planta de la cervecera Constellation Brands.
En un comunicado, el CCE informó que genera incertidumbre jurídica y económica, al mismo tiempo que se pone en riesgo el bienestar de la población. Incluso envía una grave señal negativa para la inversión nacional y extranjera.
Agregó que el proyecto de dicha empresa implica una inversión de mil 400 millones de dólares y ya cuenta con los permisos necesarios, por lo que la realización de una consulta ciudadana para determinar la viabilidad de un proyecto que cuenta con todas las autorizaciones es violatoria del marco legal vigente.
Resaltó que con esta consulta se afecta directamente a los trabajadores y sus familias, al poner en riesgo los empleos que ya se estaban generando y la creación de miles más. De igual forma, se estigmatiza a los actores económicos en un momento de falta de crecimiento en México acrecentado por la crisis internacional.
“Esta consulta atenta contra la capacidad de México para atraer inversiones e incrementa el riesgo económico que enfrentamos por la inestabilidad de los mercados financieros, el precio del petróleo y la convulsión internacional causada por la pandemia de Covid-19. La competencia global por las inversiones necesarias para la reactivación económica será intensa, y la nación quedará en desventaja si se continúa generando incertidumbre al no respetar el marco legal vigente”, precisó.
No hay comprobación fiscal que lo inculpe, argumentó la consejera electoral Carla Humphrey
El salario de Andrés López Beltrán, como el de todos los dirigentes de partidos políticos, proviene del erario.
Lo que quiere este gobierno es silenciar, callar, amedrentar y asustar”: Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.
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CiBanco, Intercam y Vector, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de oficina de AMLO, fueron acusados de facilitar transferencias para tráfico de precursores químicos y lavado de dinero.
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Desde su creación no se cuentan con proyectos de inversión, áreas de exploración o acuerdos con expertos para las labores de explotación de yacimientos.
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Escrito por Redacción