Los especialistas afirman que las Pensiones del “Bienestar”, de obvia vocación electorera, han creado una “bomba de tiempo” en las finanzas del Gobierno Federal, que estallará en el corto plazo, ya que insiste en entregarlas con absoluta irresponsabilidad como hasta ahora.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), en 2024, el gasto general en pensiones corresponde a 1.9 billones de pesos (bdp), monto del que 1.5 bdp provienen de las pensiones laborales, en tanto que las del “bienestar” ascienden a medio billón de pesos.

Sin embargo, el IMCO advierte que, si las pensiones “compravotos” se incrementan 25 por ciento cada año y entregándose a cada vez más beneficiarios de 65 años, pronto alcanzará y rebasará al de las pensiones laborales, cuyo monto será de al menos 2.08 bdp en los próximos años.

Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que éste siempre buscó ganar las elecciones a cualquier costo; y que, en función de tal objetivo, usó la entrega de las Pensiones del Bienestar, cuyo financiamiento resulta insostenible.

El maestro en economía incluyó a las llamadas obras “emblemáticas” –Tren Maya, refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)– en la misma situación de inviabilidad financiera, como gasto para los “soldados electorales” de Morena (Servidores de la Nación) y la propuesta de que las pensiones laborales definan el monto con base en el 100 por ciento del último salario.

Este proyecto pertenecía al paquete de iniciativas para reformar la Constitución que AMLO anticipó, y que presentó el pasado cinco de febrero de 2024. Con relación a la iniciativa, Urzúa reconoció que una tasa “de esa enorme magnitud no existe en ningún país del mundo, por más rico que sea”, y aseguró que para incrementar esa tasa al 100 por ciento se requeriría un presupuesto de tal magnitud que no quedaría dinero suficiente para cubrir las necesidades mínimas del sector educativo, el de salud y el de seguridad pública”. 

La iniciativa pensionaria “está obviamente diseñada con propósitos electorales, por lo que habrá que tratarla con pinzas”, señaló a los medios nacionales el 15 de enero de 2024, un mes antes de su fallecimiento, el 19 de febrero de 2024.

Urzúa previó también que las pensiones laborales con ese monto serían “una bomba de tiempo que nos llevaría a una crisis financiera completita… el problema de las pensiones es que crecen a lo largo del tiempo; más y más gente se pensiona y más y más dinero se requiere”.

Evaluación similar hizo Carlos Ramírez Fuentes, extitular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), quien reconoció: “más que prometer tasas de reemplazo de 100 por ciento en un año electoral, lo ideal sería revisar a fondo el sistema de las Afores, para mejorarlo”.

El actual codirector de la consultora Integralia enfatizó: “digámoslo así de claro: es impagable… ni Dinamarca ni Holanda ni Australia, que son los tres mejores sistemas de pensiones del mundo, pagan tasas de reemplazo al 100 por ciento.

“No hay un gobierno que lo pueda soportar, porque hay menos jóvenes, hay más adultos y hay que mantenerlos. Ésa fue la razón del cambio central en México, de la ley de las Afores de 1997”, explicó Ramírez.

La “tasa de reemplazo”

La “tasa de remplazo” evocada por Carlos Urzúa y Carlos Ramírez corresponde al porcentaje del último salario convertido en pensión para un trabajador, que en México equivale al 55.2 por ciento del último cobro salarial, según el informe Pensions at a Glance 2023 (Pensiones en un vistazo) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Con este porcentaje, México se ubica a la mitad de los niveles pensionarios mundiales, dentro del que España ocupa el más alto de los países desarrollados, con una tasa de reemplazo de 80.4 por ciento; mientras que el más bajo corresponde a Sudáfrica, con 16 por ciento.

La tasa en el Reino Unido es de 43 por ciento; Alemania, 47.8; Estados Unidos (EE. UU.), 49.4; Dinamarca, 76.6; la media de los demás países en la Unión Europea (UE) representa el 60 por ciento; y la de los 38 países integrantes de la OCDE es de 56 por ciento.

Argentina tiene la tasa de reemplazo pensionario más alta del mundo con 109.5 por ciento, país latinoamericano que en este año atraviesa por su tercera crisis de deuda pública en un cuarto de siglo (la primera fue en 1989), debida al alto déficit fiscal en las finanzas de su gobierno; es decir, que éste tiene más gastos que ingresos, estatus donde ya se encuentra México.

Grecia tiene también una tasa de reemplazo alto, de 94.2 por ciento, por la que también padece un severo desbalance fiscal y una crisis de deuda pública que, en 2023, alcanzó un monto exorbitante equivalente a 161.9 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB).

Consultado por buzos, Kristóbal Meléndez, especialista en economía y finanzas, reveló que ciertamente existe un reto en el sostenimiento financiero de las pensiones laborales, que cuentan con aportaciones de los trabajadores, y que las del “bienestar” son financiadas exclusivamente con recursos públicos. Sin embargo, el experto agregó que el esquema pensionario se determinó en las elecciones del dos de junio cuando “se votó por cuál de los dos modelos es el que debería existir.

“Si hay un problema financiero a largo plazo, en todo caso, fueron los mismos ciudadanos quienes eligieron endeudarse; la gente eligió que todos reciban una pensión a largo plazo ¿Y si eso va a tener consecuencias? Sí, se puede llegar a tener un endeudamiento, pero es algo que eligieron los ciudadanos”, sentenció.

Alza de pensiones sin respaldo 

El estudio Las pensiones y las finanzas públicas en México 1997-2030, difundido en agosto de 2022, especialistas del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de la Cámara de Diputados, informa sobre la insuficiencia de las acciones gubernamentales para enfrentar el problema de las pensiones laborales.

De 1997 a la fecha –expone– “en muchos casos, las reformas han significado ahorros netos para las finanzas públicas, (pero) esto no significa que los sistemas se encuentran totalmente fondeados, por lo que requerirán recursos fiscales durante los siguientes años”.

Este año, sólo en el caso de las Pensiones del Bienestar para Adultos Mayores de 65 años y más, se entregan seis mil pesos bimensuales a 14.4 millones de personas, según información de la Secretaría del Bienestar (SB). 

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que AMLO le dejará “finanzas públicas sanas”; y que, por tal motivo, mantendrá el incremento de 25 por ciento anual a las Pensiones del “Bienestar”, es decir, en 2025, las pensiones para adultos mayores serán de siete mil 500 pesos.

Sin embargo, en los Precriterios de política económica 2025, texto presentado en marzo pasado por el Gobierno Federal al Congreso de la Unión, se reconoce un notable “déficit fiscal” o desbalance entre sus ingresos y egresos, equivalente al cinco por ciento del PIB; y se anticipa un magno recorte en presupuesto de ingresos y egresos de la Federación.

Para reducir el déficit fiscal del cinco por ciento, se prevé una disminución de 2.5 por ciento en el gasto público para 2025, lo que los analistas consideran inviable porque, el año próximo, los ingresos federales serán más bajos que en 2024 debido a la disminución del crecimiento económico.

En los Precriterios 2025 se plantea un recorte al gasto público de 833 mil 664 millones de pesos (mdp), por lo que de los nueve bdp del presupuesto 2024 se bajará hasta poco más de ocho bdp en 2025; aunque no se informa cuáles rubros dispondrán de menos recursos financieros.

Especialistas locales y reportes del Fondo Monetario Internacional (FMI) alertan que el déficit fiscal es realmente del seis por ciento, que no se superará en un año y elevará aún más la deuda pública nacional.

Pese a que AMLO persiste en negar que ésta ha crecido durante su gobierno, información oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoce que, en 2019, el débito total en pesos y dólares sumaba 10.5 bdp; y que al 30 de abril de 2024 había subido a 13.3 bdp. Sin embargo, el FMI y analistas locales aseguran que alcanza los 18 bdp. 

Fondo de Pensiones para el Bienestar

Ante esta crítica situación, el 1° de mayo de 2024, durante la celebración del Día del Trabajo, AMLO anunció que el Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB), cuya creación había sido aprobada al “vapor” en el Congreso de la Unión, se aplicaría hasta el 1° de julio para festejar su triunfo en las elecciones presidenciales de 2018.

Este nuevo fondo pensionario dispondría inicialmente de 40 mil mdp provenientes de las cuentas controladas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) de los trabajadores con 70 años y más, que “no hayan reclamado” su dinero y se incrementarían con el 25 por ciento de las supuestas ganancias obtenidas por sus obras emblemáticas, es decir, Tren Maya, el AIFA y la renovada línea Mexicana de Aviación, operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El FPB absorbería también los recursos obtenidos por la venta de bienes en custodia del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), cuyo monto se desconoce; y los de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero (FND), extinguida por el gobierno morenista y que financiaba a pequeños productores del campo.

La extinción de FND fue aprobada el 25 de abril de 2023 por los legisladores federales de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) porque “arrastraba” una cartera vencida de ocho mil 454 mdp.

Cabe aclarar que las aportaciones del gobierno al FPB serán adicionales a las que está obligado con las Afores, cuyas cuentas individuales se integran, además, con las de los trabajadores y los empresarios, porque su integración es tripartita.

Otra de las particularidades del FPB en el corto plazo es que no será permanente, como lo supuso el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el siete de mayo anterior, cuando habló durante la clausura de la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2024 del grupo financiero BBVA-México.

Ramírez detalló que el FPB tendrá una vigencia de 10 años y que “no es un fondo de pensión general, sino que es un fondo para igualar a los retirados bajo estos esquemas, a partir de la reforma (pensionaria de las Afores) de 1997”.

En su conferencia de prensa “mañanera” del pasado 1° de julio de 2024, AMLO declaró que con el FPB estaba “echando abajo” la reforma pensionaria “neoliberal” de 1997; pero esta afirmación es engañosa porque dicha legislación sigue vigente.

La reforma de las Afores de 1997 se aplica hoy todavía porque fue fruto de modificaciones a la Carta Magna, a diferencia de la aprobada “al vapor” por los legisladores de Morena, PT y PVEM, que únicamente modificó el artículo de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre las iniciativas secundarias.

Esta propuesta fue una de las reformas a las leyes secundarias pertenecientes al paquete legislativo ofrecido por el Presidente el cinco de febrero de 2024, 18 de las cuales sí modificaron la Constitución. Por eso los morenistas y sus aliados no pudieron sustituir la reforma de 1997, creadora de las Afores, cuando intentaron modificarla, porque no contaban con mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

Sin embargo, tras las elecciones generales del pasado dos de junio, Morena y sus aliados contarán con los votos suficientes para modificar la Constitución una vez que se instale el nuevo Congreso, a partir del próximo 1° de septiembre.

La aprobación del FPB permitirá al Gobierno Federal eliminar 10 Afores privadas, que administran unos 74 millones de cuentas individuales con un monto global de 6.2 bdp.

La mayoría de las cuentas se concentran en cuatro administradoras de grupos financieros nacionales y trasnacionales: Banorte, de la familia Hank González; Profuturo-GNP, de grupo BAL de la familia Bailleres González, también dueña de la minero-metalúrgica Peñoles y la cadena el Palacio de Hierro.

Entre las extranjeras se hallan Citibanamex, del corporativo estadounidense Citigroup, con capital de Blackrock, principal fondo de inversiones del mundo; y SURA, que pertenece a un grupo de inversionistas sudamericanos con sede en Colombia.

Con la reforma a la Ley del IMSS aprobada “al vapor” en abril por Morena y sus aliados, el FPB recibiría unos 40 mil mdp provenientes de las cuentas Afores de los trabajadores que no han reclamado su dinero, pero que aún les pertenecen porque son imprescriptibles, es decir, no caducan.

A ese monto se sumaría un “copete” o complemento aportado por el gobierno para que los empleados que comenzaron a trabajar a partir del 1° de julio de 1997 –cuando se crearon las cuentas de Afore– se jubilen con una pensión equivalente al 100 por ciento de su último salario.

Las pensiones alcanzarían un monto promedio de 16 mil 777 pesos mensuales, contrario a los cinco mil mensuales del IMSS (el 70 por ciento, según un análisis del diario especializado El Financiero publicado el 24 de febrero de 2022).

“El 70.5 por ciento de los jubilados del IMSS, un total de dos millones 976 mil, recibe una pensión de menos de cuatro mil 999 pesos al mes, mientras que 12.6 por ciento, equivalente a 532 mil 89 personas, percibe entre cinco mil y nueve mil 999 pesos, establecen indicadores del Instituto”, publica el análisis.

En los “otros datos” 

Durante la “mañanera” del pasado 1° de julio, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que el FPB empezó con 44 mil 894 mdp, monto integrado por 24 mil 238 mdp, ya no 40 mil mdp, de las cuentas de Afores “no reclamadas”.

Agregó como aportante al Instituto Nacional para el Fomento de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), con seis mil 135 mdp, mientras el Indep aportó supuestamente 12 mil mdp, sin aclarar los artículos decomisados al crimen organizado ni las operaciones comerciales o las subastas en las que fueron vendidos.

En el rubro “otros”, Alcalde incluyó una aportación por dos mil 528 mdp; y como fuente del FPB se quitó 25 por ciento de las ganancias adelantadas por las obras emblemáticas de AMLO, que a la fecha aún no operan o que no son viables como negocio.

Carlos Carrasco Sánchez, académico e investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey (UDEM), aseveró que abundan serias dudas sobre cómo el Gobierno Federal financiará en el largo plazo las pensiones creadas por la administración saliente.

En su artículo Pensiones y Reforma Fiscal, publicado el pasado dos de mayo, escribió: “Reformar las pensiones es urgente, de eso hay pocas dudas. No obstante, el esquema debe ser financieramente sostenible en el largo plazo; esto es, que no represente una amenaza a la sostenibilidad de las finanzas públicas”.