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La crisis del sistema de pensiones en Morelos pone en grave riesgo el futuro de miles de trabajadores al servicio del estado y los municipios, quienes, tras décadas de labor, podrían enfrentar un retiro incierto ante la insostenibilidad financiera del esquema actual.

El estudio “Cuenta regresiva: el riesgo financiero de las pensiones en Morelos”, elaborado por el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas y publicado por la revista Proceso, revela un panorama alarmante: el modelo vigente permite jubilaciones tempranas sin edad mínima —con 18 años de servicio para mujeres y 20 para hombres, incluso con pensiones de hasta 100 por ciento del salario—, lo que ha generado desigualdades, opacidad y un crecimiento descontrolado del gasto.

En 2024, el gobierno estatal destinó mil 607 millones de pesos al pago de pensiones, una cifra casi equivalente a la inversión en obra pública. De mantenerse la tendencia actual, para 2027 el gasto podría ascender a 2 mil 83 millones de pesos, compitiendo directamente con los salarios de trabajadores en activo y reduciendo recursos para servicios públicos esenciales.

El análisis advierte que la situación no solo compromete las finanzas públicas, sino que pone en jaque el derecho a una jubilación digna, especialmente para los trabajadores de base, quienes han cotizado durante años bajo reglas que prometían certeza al retiro. La falta de controles técnicos, las decisiones políticas discrecionales en congresos y cabildos, así como abusos documentados, como el inflamiento de años de servicio en algunos municipios, han profundizado la desconfianza.

Los trabajadores en activo y quienes están próximos a jubilarse figuran como los más vulnerables: si el sistema colapsa, podrían enfrentar recortes, retrasos en pagos o pensiones reducidas, afectando su estabilidad económica y la de sus familias.

Especialistas como Roberto Salinas, director del centro de investigación, coinciden en la urgencia de reformas estructurales que garanticen la viabilidad del sistema a largo plazo, sin castigar a quienes ya cumplieron —o están cumpliendo— con sus aportaciones y años de servicio.

Entre las principales propuestas destacan:

• Crear un Instituto de Pensiones con un consejo técnico plural e independiente que revise y autorice jubilaciones con criterios objetivos y transparentes, eliminando la discrecionalidad política.
• Establecer una edad mínima razonable de 60 años para jubilarse por años de servicio, protegiendo a quienes ya están cerca del retiro bajo las reglas actuales.
• Fijar topes a las pensiones más altas, por ejemplo de 55 mil pesos mensuales, para evitar la concentración de recursos en unos cuantos casos.
• Implementar aportaciones obligatorias compartidas entre trabajadores y gobierno, a través de un fideicomiso de ahorro e inversión.
• Garantizar transparencia total, con la publicación de todos los casos y estudios actuariales periódicos.

Los expertos subrayaron que cualquier reforma debe construirse mediante un diálogo amplio con sindicatos y trabajadores, respetando los derechos adquiridos y asegurando que el sistema de pensiones sea justo, sostenible y digno para quienes han sostenido el servicio público en Morelos.