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Internacional
Fallo judicial arrebata a China el control de puertos clave del Canal de Panamá
La Corte Suprema panameña anuló la concesión a la empresa hongkonesa Hutchison y abrió la puerta a una nueva operación portuaria encabezada por la danesa Maersk.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá anuló la concesión que mantenía desde 1997 la empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings sobre dos puertos estratégicos del Canal de Panamá, una decisión que debilita la presencia de China en la vía interoceánica.
Tras el fallo, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció que APM Terminals, filial de la compañía danesa Maersk, asumirá de manera temporal la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en ambos extremos del canal, mientras se define una nueva concesión.
La sentencia, emitida el jueves 29 de enero, declaró inconstitucionales las leyes mediante las cuales Panama Ports Company (PPC) —filial de CK Hutchison— controlaba los puertos, cuya concesión había sido renovada en 2021 por 25 años. La decisión fue celebrada por Estados Unidos y rechazada de inmediato por China.
El fallo se produce en un contexto de creciente presión política, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump reiterara amenazas de “recuperar” el canal, bajo el argumento de que la infraestructura estratégica estaba bajo influencia de Pekín.
El presidente panameño José Raúl Mulino explicó que, mientras se ejecuta plenamente la resolución judicial, habrá un periodo de continuidad operativa a cargo de Hutchison, seguido de una fase de transición. Reconoció, además, que ya se han sostenido conversaciones con la subsidiaria de Maersk.
Reacciones de China y EE. UU.
Estados Unidos y China son los principales usuarios del Canal de Panamá, por el que transita cerca del 5 por ciento del comercio marítimo mundial. Tras el anuncio, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, celebró el fallo y afirmó que Washington se siente “alentado” por la decisión judicial.
En contraste, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, advirtió que Pekín “tomará todas las medidas necesarias” para proteger los derechos e intereses de sus empresas. En la misma línea, autoridades de Hong Kong rechazaron cualquier intento de un “gobierno extranjero” por utilizar métodos coercitivos para interferir en relaciones comerciales.
Por su parte, Panama Ports Company sostuvo que la resolución judicial carece de sustento legal y pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de familias panameñas.
La anulación del contrato fue impulsada por dos demandas presentadas por la Contraloría General de la República, que acusó a la PPC de no haber pagado al Estado panameño alrededor de mil 200 millones de dólares derivados de sus operaciones, además de señalar irregularidades constitucionales en la concesión.
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Escrito por Adamina Márquez
Directora editorial de buzos web. Egresada de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación por la UNAM.