La información que permite conocer con rigor el desempeño de una economía no puede obtenerse solo con una mirada a una granja o un pueblo, o mediante simples “pláticas”. El crecimiento se conoce mediante datos técnicamente obtenidos, con una metodología científica, y aplicando protocolos estadísticos rigurosos. Dicha información debe ser validada y comunicable en lenguaje técnico. El gobierno no puede desdeñar a la ciencia; ésta debiera ser su guía. No debe ignorarse la información (como hace el propio Presidente) que dependencias gubernamentales o instituciones especializadas recaban, arguyendo que se tienen “otros datos”, por lo demás nunca mostrados. La palabra de un funcionario no niega la validez del conocimiento técnico. Pretenderlo es incurrir en lo que se llama falacia ad verecundiam: la infalible palabra del gobernante debe ser creída como cuestión de fe, porque lo dice con vehemencia. Para efectos de validez técnica, eso carece de todo valor.

El ciclo económico del capital consiste en una serie de expansiones simultáneas en diferentes sectores de la economía, convertidas luego en recesiones (o depresiones), nuevas reactivaciones, y así sucesivamente. En la depresión y en la recesión (técnicamente crecimiento negativo en dos trimestres seguidos), la actividad económica general retrocede; caen la producción de bienes y servicios, el empleo, el consumo. No hablamos aquí de inversión especulativa. A veces no ocurre formalmente recesión, sino una ralentización (crecimiento cada vez más lento); o estancamiento (situación actual en México con crecimiento cero en este año). El Producto Interno Bruto (PIB), medida más usual del crecimiento, se compone de la suma de los valores de los bienes finales producidos en un periodo. Se le llama “interno” porque incluye todos los bienes y servicios producidos dentro del país, por productores y empresas nacionales, y también por extranjeros. Sus cambios se expresan en variaciones porcentuales respecto al periodo previo, la tasa de crecimiento.

El incremento del PIB implica, obviamente, el empleo de un mayor número de personas, lo que a su vez origina un círculo virtuoso, con más demanda y más empleos para los desocupados y para la generación que recién se incorpora a buscar trabajo. En México, estos últimos son actualmente 434 mil (Inegi), y la economía estancada no puede emplearlos a todos. Entre enero y julio se crearon 42.3 por ciento menos empleos formales que en el mismo periodo de 2018. El número de trabajadores inscritos en el IMSS cayó en 72 mil 547 con respecto a noviembre de 2018. Según el IMSS, en los dos últimos años, por cada punto porcentual de aumento en el PIB, el empleo crece en dos por ciento (antes en un punto). Y está aumentando el desempleo: este año se sumaron 217 mil personas, para hacer un total de 2.1 millones.

El crecimiento es condición para el aumento de ganancias empresariales y de salarios (aunque esto último no ocurra automáticamente). Hay más consumo y ahorro de las familias. El gobierno recibe más ingresos fiscales, tanto de las empresas como de impuestos indirectos, aplicados al consumo, y dispone de más recursos para gasto e inversión. Expertos estiman que por cada punto porcentual que cae el crecimiento del PIB, caen en 27 mil millones de pesos los ingresos tributarios. Con el crecimiento cero se reducen los ingresos del gobierno. En octubre, se recaudó 7.9 por ciento menos ISR que en octubre de 2018. Desde julio, la recaudación en el ISR viene cayendo; la del IVA en octubre es inferior en 8.6 por ciento respecto a ese mes en 2018. De enero a octubre pasado, el ISR se redujo en 1.2 por ciento y el IVA en 3.2 con respecto al año anterior. Como consecuencia, el gasto gubernamental en inversión física en infraestructura, equipo y mantenimiento había caído hasta octubre en 13.5 por ciento. En general, en todas sus fuentes, la inversión fija bruta hasta julio pasado cayó en 9.1 por ciento respecto al año anterior (Inegi).

Si baja el crecimiento sube la deuda, pues se reducen los ingresos fiscales. Y no es pura teoría. El costo financiero de la deuda superó de enero a octubre a la inversión física, “...pues se destinaron 482,983.4 millones de pesos, lo que implicó un aumento de 6.2 por ciento, respecto de los primeros diez meses del 2018” (El Economista, 29 de noviembre de 2019). El endeudamiento reducirá el PIB futuro pues sustrae recursos. “El Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP) prevé que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) —la medida más amplia de la deuda— se ubique más cerca de 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del 2024 y no en 45 por ciento como contempla el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (...) Cuando las calificadoras se preocupan por que se eleve la deuda es porque nosotros recaudamos 13 por ciento del PIB, lo cual es muy bajo...” (El Economista, 15 de agosto de 2019). Una deuda tan alta elevará el riesgo de perder el grado de inversión, y ocasionará salida de capitales. El CIEP reporta ya un aumento en la deuda en la 4T: “Al cierre del primer semestre del año, el SHRFSP fue de 10 billones 559,667.9 millones de pesos, un aumento de 1.7 por ciento con respecto al saldo del mismo periodo del 2018...”; una deuda que había crecido también en el sexenio anterior.

Para lograr el crecimiento el gobierno necesita aplicar, entre otras, primordialmente las siguientes acciones: 1) mayor inversión pública en infraestructura: carreteras y caminos, hospitales, infraestructura hidráulica, sistemas de electrificación, drenaje, pavimentación, vivienda popular, etc. Con ello aporta directamente e incentiva la inversión privada mediante contratos y condiciones materiales; 2) aumento significativo en inversión en educación, ciencia y tecnología, para promover la productividad; 3) garantizar el Estado de Derecho, el respeto a la ley, empezando con los propios gobernantes. Si se violan las garantías individuales y no se respetan los derechos de propiedad, suben los costos de transacción, y cae más la inversión; 4) finalmente, crear un ambiente de paz y seguridad, hoy inexistente. Ninguna inversión es segura en tales circunstancias. No se crean condiciones propicias, y la economía se frena. El desproporcionado aumento del gasto improductivo del gobierno a expensas del productivo solo ahondará la crisis; aunque crea una apariencia de mejora por el reparto de dinero, no es sustentable. Lo dicho, lo que al pueblo con una mano le dan, con la otra se lo quitan.