Los diputados del Congreso de San Luis Potosí (SLP), en su mayoría morenistas, aprobaron una modificación al Artículo 71º de la Constitución Política del estado, con la que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno estatal podrá sancionar, con penas de cárcel, a los choferes del servicio público de transporte que trabajen sin permisos otorgados por esa dependencia.

“¿Qué vamos a hacer sin trabajo? ¿Con qué mantendremos a nuestras familias? ¿Por qué criminalizar nuestra labor de transporte público y no dar una verdadera solución?”, cuestionaron en tono de reclamo indignado algunos de los trabajadores del volante, entrevistados por buzos, quienes aún no asimilan cómo los legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que se dicen de izquierda, aprobaron ese cambio constitucional.

Los diputados morenistas, encabezados por Alejandra Valdez Martínez, aprobaron también, con 17 votos a favor, una reforma al Código Penal local para perseguir de oficio el “pirataje” de los choferes potosinos y otra a la Ley de Transporte para que éstos y los vehículos de plataforma cumplan con nuevos requisitos para operar en la entidad.

La legisladora perredista María Isabel González Tovar declaró que sus colegas de Morena abrieron “una brecha de desigualdad entre los potosinos”; pero previó que tales reformas seguramente serán declaradas improcedentes, porque violentan varios ordenamientos constitucionales, entre ellos el Artículo 123º de la Carta Magna, cuyo texto dice que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”.

González Tovar insistió en que la mayoría morenista omitió estos atropellos a la Constitución y al Estado de Derecho al aprovechar su número para aprobar algo que violaba “flagrantemente los derechos humanos y constitucionales” de los trabajadores del volante. 

La nueva legislación entrará en vigor en los primeros días de 2020, tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado, al igual que los nuevos requisitos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) exigirá a los choferes de Uber y otras plataformas; entre ellos se halla la renovación anual de sus permisos; contar con un vehículo de casi 300 mil pesos, que debe ser renovado cada cinco años; ser propietario del mismo y someterlo a revista.

Además de dañar los conductores del servicio de plataforma, las reformas afectarán los derechos laborales de muchos choferes del sistema transporte público suburbano de la metrópoli potosina y el de las áreas rurales, a quienes la propia SCT niega su regularización, pese a que han cumplido con el 100 por ciento de los requisitos que impone esta misma dependencia.

 “Queda prohibido que los vehículos dados de alta en una Empresa de Redes de Transporte, sean conducidos por una persona ajena al propietario, de acuerdo con la factura o carta factura”, aclara una de las nuevas cláusulas aprobadas por la mayoría morenista, que generó molestia en algunos legisladores que se opusieron a ella porque estimaron que quita la oportunidad de trabajo a muchas personas.

Un caso particular

Los 72 choferes de Escalerillas tienen 30 años de brindar servicios de transporte colectivo entre la zona metropolitana de San Luis Potosí y varias comunidades del área rural aledaña a la capital del estado. Desde hace décadas, cuentan con los permisos correspondientes de la SCT estatal y la Federal. Sin embargo, la actual titular de la primera, Fernando Chávez Méndez, intenta desconocerlos aduciendo la existencia de nuevas normas de operación.

“Han sido varios años entregando solicitudes a la SCT, cumpliendo requisitos, soportando la persecución de inspectores de la dependencia, policías estatales, realizando manifestaciones, solicitando audiencias y solución para los trabajadores de Escalerillas. Sin embargo, seguimos en las mismas condiciones”, reveló José Luis Rivera Calderón, representante de este gremio.

El líder pidió que se acabe el hostigamiento de la policía estatal en su contra, ya que de manera arbitraria se ha amenazado a los choferes con imponer infracciones de tránsito por el ascenso y el descenso de pasajeros en sus rampas, porque ese tipo de acciones no son de su competencia.

Rivera Calderón comentó a los choferes de Escalerillas que sus rampas están debidamente autorizadas por el ayuntamiento de la capital y que, además, cumplen con todos los requisitos establecidos por la SCT estatal. “Estamos pidiendo a los funcionarios de gobierno que ya se nos regule, para que los trabajadores del volante mantengamos asegurada nuestra fuente de empleo y el sustento de la familia. Tenemos años padeciendo el mismo problema”.

 “Ya es tiempo de que el gobierno del estado resuelva el problema de regulación de transporte público que brindan los taxistas de Escalerillas. Ellos cumplen 30 años dando el servicio de transporte a los vecinos de su localidad, que no cuentan con vehículos para trasladarse a su trabajo o escuelas que se encuentran en la ciudad; y que en este lugar, lamentablemente, no existe ningún tipo de transporte público para mover a la gente, más que los taxis colectivos”, explicó.

El dirigente gremial denunció que además del hostigamiento de inspectores de la SCT y de los policías “también nos enfrentamos con asociaciones que quieren acaparar todo; tal es el caso de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A. C. (Amotac), que ha invadido nuestra ruta del transporte público sin que las autoridades de la SCT estatal actúen y, por lo tanto, han avalado esta invasión, sin importarles que se afecte el interés y la fuente de empleo de decenas de familias.

“No es un delito dedicarse a ser chofer; al contrario, por años cubrimos una necesidad que tiene la gente de Escalerillas, lo que las autoridades no han podido solucionar hasta ahora. Sería injusto e inhumano que nos arrebaten nuestra fuente de ingresos, con esta actividad mantenemos a nuestras familias. Lo que sí es un delito es adueñarse de una ruta de transporte público de manera irregular y valiéndose del hostigamiento y amenazas de las autoridades y otras asociaciones”, denunció.

buzos también entrevistó a los usuarios de esta ruta de transporte colectivo, quienes aseguran que es un servicio indispensable para ellos. “Durante 20 años he utilizado el servicio de transporte colectivo que ofrecen los choferes de Escalerillas, ya que mi trabajo se encuentra en la capital potosina. Es necesario decir esto porque a pesar de ser tanto tiempo, ahora quieren penalizar su labor, como si se tratara de delincuentes. Ellos solo están trabajando, ofrecen un servicio muy importante para el ejido. Nos podemos mover gracias a su trabajo; hombres, mujeres, estudiantes, trabajadores, todos utilizamos el servicio”, expuso la señora María del Socorro Alvarado.

 “Es importante establecer acuerdos que no trasgredan la ley, en el entendimiento de que el objetivo principal es que se beneficie a la población. Solo pedimos que nos dejen trabajar, que las autoridades sean justas, que no se violen nuestros derechos como trabajadores y, sobre todo, que la SCT ya nos otorgue los permisos correspondientes. Son décadas las que hemos estado pidiendo solución y solo nos dan permisos provisionales”, denunció Rivera Calderón.

Los taxistas de Escalerillas viven actualmente en la incertidumbre, pues no saben qué pasará con su trabajo y con qué mantendrían a sus familias, en caso de que el gobierno potosino les niegue el derecho al trabajo. Por ello, ahora se preparan a refutar esa “ley absurda” que injustamente los condena a ser perseguidos y enjuiciados solo por trabajar y pelear por su derecho al trabajo.