La reducción de dos mil millones de pesos (mmdp) al presupuesto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicano (INPI) en 2020 fue un golpe histórico contra proyectos sociales relevantes, como el de la Infraestructura Educativa Indígena, los albergues y comedores escolares que, desde 2012, brindaban importantes servicios a decenas de miles de niños y adolescentes pobres. 

El recorte del 33.4 por ciento al gasto del INPI , que de cinco mil 880 millones 946 mil 975 pesos bajó a tres mil 918 millones 533 mil pesos–, tendrá en Oaxaca un impacto casi terminal, porque equivaldrá al 91.6 por ciento en el presupuesto de la Casa del Niño Indígena que este año dispuso de dos mil 362 millones 117 mil 433 pesos y, en 2020, solo contará con 200 millones de pesos, con lo que deja en el abandono a más de 12 mil infantes.

La reducción fue ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y concretada, el 20 de noviembre de 2019, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.

Para Eufrosina Cruz Mendoza, titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno de Oaxaca, encabezado por Alejandro Murat, este recorte al INPI tendrá las mismas consecuencias fatales de la cancelación a la cocina de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que, al desaparecer, dejó sin alimentación a cerca de 30 mil personas.

 “He dicho que el INPI de hoy, antes CDI, no es un espacio de ningún gobierno. Es un espacio que se logró con la lucha de los pueblos indígenas para tener un espacio donde se visibilice la construcción de las políticas públicas dirigidas a las comunidades indígenas y afromexicanas. Pero sin recursos será nuevamente invisible, estará nuevamente negada”.

Cruz Mendoza fue coordinadora de Asuntos Indígenas del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), pero fue expulsada de este instituto político por apoyar la candidatura presidencial del priista José Antonio Meade; ella sostiene que, en el discurso presidencial, el indigenismo parece un eje transversal, pero que en la práctica no responde a la realidad.

La funcionaria explicó que el Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI), creado en 2014, dentro de la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) –hoy INPI–, brindó atención a más de 60 mil alumnos de 21 estados de la República, con mil 63 albergues, y comedores comunitarios en 2015; pero poco después se acotó.

Este proceso de reducción obligó al PAEI a financiar solo 906 casas y 153 comedores en el último trimestre de 2018 y, en el caso de Oaxaca, a limitar sus servicios de alimentación a únicamente 49 comedores que, a partir de 2019, contaron con el apoyo del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal para que sus beneficiarios no quedaran en el desamparo.

Entrevistada por buzos, asegura que el gobierno de Oaxaca hace hoy un doble esfuerzo para sostener los albergues y los comedores comunitarios para evitar que el “desarrollo de miles de niños y niñas pobres” no se interrumpa por la actitud irresponsable del Gobierno Federal, que solo piensa en mantener programas sociales generadores de votos.

El recorte es contrario al discurso de AMLO: MULT

El Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT) de Oaxaca criticó este recorte ordenado por AMLO porque contraviene a su discurso político y a la reducción presupuestal de los programas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas, que en 2020 equivaldrá al 70 por ciento con respecto al gasto histórico de 2015.

La dirigencia del MULT recordó que el presupuesto destinado a las comunidades indígenas en 2019, fue de 87 mil 517 mdp, que el recorte será de 26 mil 255 mdp y que el programa de infraestructura indígena no haya aumentado un solo peso, después de que en 2016 dispuso de siete mmdp.

“El mensaje que el Poder Ejecutivo, representado por AMLO, está mandando a los pueblos indígenas es lo contrario al del bien de todos... Con este recorte, lo único que busca es desaparecer al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, la única institución que atiende directamente a los pueblos indígenas en el país”, afirmaron los integrantes de la organización, una de las más combativas de Oaxaca.

El líder del MULT, Rufino Merino Zaragoza, indicó que su organización, integrada por más de 60 mil militantes, revisará con detalle el grado de afectación del recorte presupuestal en el PEF 2020 a cada uno de los programas educativos, sanitarios, económicos y culturales de sus comunidades para definir su estrategia de lucha en defensa de sus intereses como pueblo indígena.

La misma opinión tiene Fabián Pereda, dirigente de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), que aglutina también a miles de ciudadanos en esa región, quien aseguró que el recorte generará mayor distanciamiento entre las diversas comunidades indígenas –como ocurre al interior de la etnia triqui en la Mixteca de Oaxaca– y entre los pueblos indígenas con el propio INPI.

Si los gobiernos Federal y estatal de Oaxaca, acusó Pereda, omiten el cumplimiento de sus compromisos con el acuerdo de paz en la región triqui, será cada vez más complicado que lleguen los apoyos productivos a estas comunidades; es decir, la reducción tendrá varios efectos colaterales en los pueblos indígenas.

Eufrosina Cruz Mendoza explicó, por ejemplo, que el recorte no solo golpeará a la infraestructura escolar indígena, a los albergues y los comedores escolares, sino también a los presos de diferentes etnias oaxaqueñas, que actualmente se hallan en proceso de liberación y que no contarán con los 30 mil o 50 mil pesos requeridos para pagar sus fianzas.

La funcionaria recordó que, en el pasado, existía un convenio con el gobierno estatal, la CDI y una fundación privada, para integrar una bolsa que financiaba el pago de las fianzas de indígenas presos en diferentes cárceles del Estado. En 2019, por ejemplo, 527 presidiarios lograron su libertad condicional gracias a esta bolsa. CDI era una institución multidisciplinaria y la atención que brindaba los pueblos indígenas data de 1948.

La reacción contra el recorte al presupuesto del INPI no se ha limitado a la protesta; desde su presentación misma, el proyecto de PEF 2020 generó el rechazo de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), de la Revolución Democrática (PRD) y el PAN.

Los legisladores de los tres primeros partidos votaron en contra del PEF 2020 y los del PAN se ausentaron de San Lázaro; por lo que aquél fue aprobado por los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Verde Ecologista de México (PVEM), en una sede alterna habilitada en la Expo Santa Fe, siete días después del plazo fijado por la ley reglamentaria de la Cámara de Diputados.

La controvertida aprobación del PEF 2020, cuyo monto asciende a seis billones 107 mil 732.4 mdp, se debió a que diversas organizaciones campesinas e indígenas bloquearon los accesos del Palacio Legislativo de San Lázaro para oponerse a los recortes propuestos por AMLO a los rubros sociales y productivos, que contradecían su eslogan “Por el bien de México primero los pobres, primero los pueblos humildes e indígenas”.

Por ello, ahora organizaciones que habían confiado en la palabra del actual Presidente de México –entre ellos el MULT y el Ubisort–, se aprestan a aplicar estrategias de acción pública para mostrar su rechazo a la reducción presupuestal del INPI, pues aseguran que atenta contra los derechos de los pueblos indígenas y violenta el Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.