El gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) intenta cancelar o modificar los contratos que una veintena de empresas privadas habían firmado en 2016 para producir energía eléctrica; hoy están activas con amparos concedidos por el Poder Judicial de la Federación.

Esta actitud del Presidente obedece al propósito de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retome el control de la producción de esta energía para hacerlo mediante el uso de combustibles fósiles (combustóleo, gas, diésel), altamente contaminantes aun a costa de enfrascarse en conflictos legales con tales compañías, la mayoría son extranjeras y están protegidas con tratados comerciales firmados por México. 

El doctor David Lozano Tovar, investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que los mercados de energía renovable –eólica y fotovoltaica– están en expansión y países como Alemania, Suiza y Canadá, que disponen de dicha tecnología, están acaparándolos.

“Entonces es un mercado, de tecnología y energía, que tiene mucho futuro y las empresas que la manejan hoy en día van a tratar de acapararla. El gobierno mexicano quiere recuperar el mercado de la electricidad, pero no tiene los medios, y eso representará un problema.

“Aquí lo que tocaría hacer al gobierno de México es crear una paraestatal alterna a CFE, que me parece es por ahí por donde está intentando irse el Gobierno Federal, pero yo lo veo muy difícil en las actuales condiciones, no solo por la pandemia sino por la crisis económica”, destacó Lozano.

El empleo del combustóleo en la generación de electricidad produce emisiones de partículas tóxicas superiores a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 085 implantada en 2011 por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Para superar estas condiciones, la CFE tendría que desarrollar o adaptar nuevas tecnologías de producción de electricidad con energía eólica o fotovoltaica, cuya conversión será demasiado costosa.

En diciembre de 2018, cuando asumió la Presidencia de la República, AMLO difundió una estrategia para la recuperación de CFE cuando ordenó la suspensión de nuevas autorizaciones a empresas productoras de electricidad y luego impulsó modificaciones a las normatividades y reglamentos secundarios que expresamente buscan detener el desarrollo de proyectos privados ya en marcha, pero sin modificar los términos constitucionales fijados en la reforma energética 2014, los que a fin de cuentas brindan respaldo jurídico a los inversionistas privados.

Otro aspecto que complica el actual conflicto es el hecho de que en la elaboración de los proyectos de energía limpia autorizados en 2016 no se consultó a las comunidades sociales donde se asentaron, explicó a buzos Anaid Velasco Ramírez, gerente de Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

“Sí, sucedió que se implementaron proyectos donde no se consultó a las comunidades, aunque es una obligación consultarlas, pero no porque se hizo un proyecto mal se tiene que generar toda una política que castiga a todas las empresas de renovables. Lo que tendrían que hacer es revisar caso por caso y decidir si el contrato es abusivo o no, y ver qué remedio jurídico se les puede poner; pero eso no lo están haciendo”,  advirtió la litigante en materia medioambiental.

“Cortar de tajo estos proyectos y luego poner más requisitos, pone al país en riesgo de incumplimiento en los tratados de libre comercio –el ahora T-MEC, con Canadá y Estados Unidos (EE. UU.) y el suscrito con la Unión Europea (UE)– que llevarían el caso a paneles arbitrales (con abogados corporativos) en donde seguramente le van a dar la razón a los privados, porque se están obstaculizando sus derechos y, al final del día, pagar con nuestros impuestos estas decisiones de los arbitrajes que se llaman laudos”, precisó la abogada integrante de Cemda.

Velasco refirió que, por ahora, las corporaciones están recurriendo al Poder Judicial de México mediante amparos para defenderse de las medidas aplicadas por el Gobierno Federal porque consideran que éste lesiona sus intereses, pero aún tienen la posibilidad de llevar el caso al arbitraje privado pactado en los tratados de libre comercio, lo que puede redundar en exigencias de pago multimillonarios en dólares y euros a México.

“Claramente ellas (las corporaciones) tienen el derecho de accionar, ahorita lo están haciendo en tribunales nacionales y éstos les están dando la razón, se les están ratificando las suspensiones a la aplicación del acuerdo (del Cenace del 29 de abril, que suspende sus proyectos)”. Con esta salvaguarda de sus derechos, agregó, están autorizadas a continuar con sus desarrollos, pero si las condiciones siguen así, el caso no perdería el interés de acudir a los tribunales arbitrales.

Recuperar el mercado

El 29 de abril de 2020, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) emitió un acuerdo “para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)”. Con esto se sentaron las bases para la suspensión de proyectos privados en marcha para la producción eléctrica con energías eólica y fotovoltaica.

En su numeral quinto de los anexos al acuerdo, se indica: “(…) A partir del 3 de mayo de 2020 quedan suspendidas las pruebas operativas de las Centrales Eléctricas intermitentes fotovoltaicas y eólicas en proceso de operación comercial. Asimismo, para aquellas que no han iniciado, no se autorizarán pruebas preoperativas (…)”. 

La Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) y la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) reclamaron, en misivas conjuntas, esta medida y afirmaron que el Gobierno Federal estaba perjudicando 44 proyectos de energía renovable con una inversión de seis mil 400 millones de dólares (mdd), además de los 18 mil mdd ya invertidos en las plantas en funcionamiento.

Sobrevino, asimismo, la inconformidad en los países de origen de los inversionistas, en específico de España, a través de la UE, con el que se tiene firmado un acuerdo de libre comercio; así como del gobierno de Canadá, país socio en el renovado acuerdo comercial México-EE. UU.-Canadá (T-MEC) que se pondrá en vigencia el próximo 1° de julio.

En ambos acuerdos comerciales están previstas garantías para las inversiones, la intervención de los despachos de arbitraje para salvaguardar los intereses de las firmas comerciales ante eventuales acciones perjudiciales en su contra provenientes de algún gobierno firmante. De esos paneles de arbitraje han surgido multimillonarias sanciones para gobiernos, incluido el de México, como ocurrió en el caso de un confinamiento de residuos peligrosos.

Por ello, los especialistas aseguran que las empresas tienen “la sartén por el mango”, ya que en los paneles de arbitraje actúan abogados corporativos con amplia experiencia jurídica especializada en los conflictos entre empresas trasnacionales y gobiernos.

Ejemplo de las consecuencias de este tipo de decisiones es la inconformidad del gobierno de EE. UU. por la suspensión de la planta cervecera estadounidense Constellation Brands, en Mexicali; la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del citado acuerdo que suspendía las operaciones de las firmas de energía renovable originó la protesta de los países interesados con los que México tiene firmados acuerdos de libre comercio. 

Anaid Velasco señaló que el gobierno mexicano podría caer en varios incumplimientos. “No solo en cuanto a los tratados de libre comercio por el tema de inversiones, que es justamente el interés que están defendiendo los actores privados en defensa de los derechos que han adquirido al hacer estas inversiones, pero también se ponen en riesgo de incumplimiento de otras metas, por ejemplo, en temas de cambio climático que es el interés de Cemda.

“Lo que está sucediendo es que, tanto con el acuerdo del Cenace, que se publicó el 29 de abril, con el cual se suspendían las pruebas operativas de estos proyectos, principalmente eólicos y solares, y la otra política que se publicó el 15 de mayo de la Secretaría de Energía (Sener), en el cual se establecen mayores requisitos para que operen esos proyectos, en nuestra lectura, se están poniendo muchas trabas para el desarrollo de estos proyectos en perjuicio del medio ambiente y de la salud, independientemente de los intereses privados que existen”.

Además de la suspensión de los proyectos de energía limpia, preocupa a los ecologistas el hecho de que la CFE, que carece de tecnología renovable, sustituiría la que aquéllas ahora generan con electricidad producida con hidrocarburos contaminantes, que además son más costosos.

Ante las inconformidades, la Sener contestó que la planeación y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) necesita una regulación económica racional y que esto no sería posible si no hubieran efectuado los ajustes correspondientes. Precisó que la capacidad instalada de generación en México es de 80 mil megawats (MW) que supera en 30 mil MW la demanda de energía al SEN, de lo que no se podrían encargar las empresas de energía renovable, que al 31 de diciembre de 2019 tenían una capacidad instalada de energía renovable intermitente, eólica y fotovoltaica, que alcanzaba en México el 11.86 por ciento.

Descalabros

Hasta el momento, el gobierno de AMLO ha acumulado tres “descalabros” legales al hilo: 17 empresas de energía renovable y la organización Greenpeace han obtenido ocho amparos del Poder Judicial, que temporalmente dejó sin efecto las medidas impuestas por la Sener a través de Cenace, las cuales restringían el desarrollo de 44 proyectos de energía renovable con una inversión prevista de seis mil 400 mdd. Los proyectos energéticos privados pretenden alcanzar una capacidad instalada para producir dos mil 326 MW.

Las inversiones que planea la CFE –se plantean siete proyectos– se enfocan al uso de los combustibles fósiles contaminantes. En su plan de inversión de 2020 se contempla la construcción de una Central de Combustión Interna, con el uso de combustóleo o diésel, cuyo objetivo es cubrir la demanda de energía eléctrica en Baja California Sur mediante la producción de 42.3 megavatios-hora. 

Fue debido a este proyecto que, durante su gira del 28 de marzo pasado por La Rumorosa, Tijuana, Baja California, AMLO criticó al gobierno estatal –entonces panista– por autorizar la instalación de la planta de energía eólica en esa montaña.

“Es uno de los sitios más bellos de México, pero también aquí se expresa la falta de sensibilidad de los gobernantes: autorizaron esos ventiladores para producir energía eólica, miren cómo afecta el paisaje, la imagen natural, cómo se atrevieron a permitir la instalación de estos ventiladores”, reclamó el mandatario.

Esta declaración fue divulgada ese mismo día por Twitter, en el que presentó a un vecino de nombre Víctor Manuel, quien denunció que vivía en una cueva de región donde cuida a 13 animales. Esta persona se quejó de que los ventiladores hacen mucho ruido y asustan a las aves que sobrevuelan en la montaña.

La primera “batalla” legal perdida por el Gobierno Federal se dio el 26 de mayo y la segunda derrota fue el cuatro de junio, cuando el mismo juzgado rechazó 11 recursos que presentó el Cenace inconformándose por la expedición de amparos a favor de las empresas de energía renovable. Las impugnaciones fueron rechazadas y, por la vía de los hechos, se ratificaron los siete documentos de las compañías de energía.

La tercera fue el 29 de mayo, cuando la organización Greenpeace obtuvo una suspensión temporal contra el referido acuerdo del 29 de marzo, que se hizo efectivo el 15 de mayo con la expedición de las políticas específicas. Greenpeace explicó que esta acción no se concentra en la defensa de los contratos de las empresas, sino que forma parte de una estrategia en que la organización trata de evitar el uso de combustibles fósiles contaminantes en la generación de electricidad.

Las medidas tomadas por el gobierno de AMLO contra las empresas de energía, se fundamentaron en modificaciones a reglamentaciones secundarias hechas en la actual administración, mientras la reforma constitucional en materia energética 2014 sigue vigente. Como resultado, las empresas y Greenpeace obtuvieron esos ocho amparos del Poder Judicial.

El 26 de mayo, el magistrado Rodrigo de la Peza López Figueroa, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, ordenó la anulación, por tiempo indefinido, del acuerdo publicado el 29 de abril, hasta que se emita una sentencia final sobre el caso.

Con base en la decisión del juzgado, corporaciones de producción eléctrica como IEnova, Enel, Dolores Wind y Mexsolar XII, Recursos Solares PV de México, Eólica Tres Marías, Fuerza Eólica-San Matías y Fuerza Eólica del Istmo quedaron autorizadas por los amparos federales para continuar las pruebas de operación de sus plantas, con las cuales buscan ingresar como proveedores al mercado eléctrico mexicano.

Detrás de las inversiones multimillonarias en este sector están corporaciones como Iberdrola, Naturgy, Acciona, TSK, Ammper y X-Elio Elawan Energy, firmas trasnacionales que ya tienen en operación 109 proyectos eólicos y solares en territorio nacional. 

Otras vías 

En lugar de modificar la reforma constitucional en materia energética de 2014, la administración federal encabezada por AMLO busca revertir su contenido modificando reglamentos, aunque la apertura y garantía a la inversión privada en el sector eléctrico, antes controlado prácticamente al 100 por ciento por la CFE, sigue prevista en la Constitución desde 2014.

A las empresas que se inconformaron ante el Poder Judicial se les concedió la suspensión del acto gubernamental articulado por la Cenace y la titular de la Sener, Rocío Nahle. De esta manera, el “congelamiento” de las actividades de las empresas quedó anulado por el momento, mientras el juez toma una decisión de fondo sobre este litigio.   

En diciembre de 2018, se suspendieron las subastas de adjudicación de contratos a empresas que serían proveedoras de electricidad mediante fuentes no renovables, lo cual se reforzó en octubre de 2019 con la expedición de modificaciones a los lineamientos de los Certificados de Energía Limpia (CEL), con el acuerdo del 29 de abril y los lineamientos del 15 de mayo.