De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ubicó a municipios del Estado de México, Sinaloa, Michoacán y Zacatecas como los que tienen mayor percepción de inseguridad del país.

Entre los municipios que concentran más del 90 por ciento de la población que se siente insegura son: Ecatepec de Morelos, Toluca y Mexicaltzingo, en el Estado de México; Culiacán, en Sinaloa; Uruapan, en Michoacán; y Fresnillo, en Zacatecas.

La encuesta también mostró un fuerte deterioro en la infraestructura urbana de varios municipios mexiquenses. En Toluca, Ecatepec y Mexicaltzingo, más del 90 por ciento de los habitantes reportó condiciones deficientes en calles y avenidas, mientras que, en materia de alumbrado público, la insatisfacción superó el 70 por ciento en Almoloya de Juárez y Ecatepec; mientras tanto, alcanzó el 100 por ciento en Mexicaltzingo al cierre de 2024.

En respuesta a estos datos, diputados federales señalaron omisiones por parte de autoridades locales. La diputada priista Teresa Vargas acusó a la Junta de Caminos del Estado de México, encabezada por Ariel Juárez, de incumplir sus funciones en materia de mantenimiento vial. A pesar de manejar un presupuesto superior a los mil millones de pesos anuales mediante el Programa de Prestación de Servicios (PPS) carretero, no se observaron mejoras tangibles en la conservación ni en la operación de las vialidades.

Los legisladores también destacaron la falta de atención en el sistema de alumbrado público, considerado uno de los servicios con mayor nivel de insatisfacción. La falta de luminarias en colonias con alta incidencia delictiva contribuyó al aumento de la percepción de inseguridad.

Además, los diputados federales coincidieron en que la inseguridad no sólo se relaciona con la presencia del crimen organizado, sino también con la omisión de los gobiernos municipales y estatales en la prestación de servicios públicos básicos.

Finalmente, urgieron a las autoridades a destinar de manera eficiente los recursos y a supervisar su ejercicio para revertir la descomposición urbana que alimenta el miedo y la desconfianza ciudadana.