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El Congreso de Oaxaca aprobó, el jueves por la noche, el despido de mil 344 trabajadores del Gobierno Estatal, luego que el gobernador entregara un dictamen a la 66 legislatura local para suprimir dichas plazas administrativas.
El gobernador morenista Salomón Jara Cruz, argumentó que los puestos laborales, entregados durante la pasada administración de Alejandro Murat Hinojosa (2016-2022), se otorgaron “de manera desproporcionada, irregular y sin los criterios generales de la política económica en nuestro estado”.
El mandatario señaló que el dictamen enviado a la Legislatura de Oaxaca “está alineado a los principios de austeridad republicana, y tiene el objetivo de hacer un mejor uso de los recursos públicos, de manera responsable y eficiente, para generar un ahorro dentro la administración estatal”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Permanente de Administración Pública del Congreso de Oaxaca, Mónica Belén López Javier, aseguró que el aumento “indiscriminado” en la expedición de nombramientos de base generó un agujero enorme en el presupuesto público, pues las mil 344 plazas representan una cantidad superior a los 2 mil 24 millones 644 mil 976 de pesos.
Ante el anuncio de despido, cientos de trabajadores gubernamentales se manifestaron este viernes 13 de diciembre, en el complejo de oficinas de Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, para después moverse a las oficinas de la Secretaría de Movilidad y en el Registró Civil, aunado a ello, también bloquearon la Carretera Federal 190 Cristóbal Colón.
Los manifestantes exigieron al gobernador Salomón Jara la revisión exhaustiva de sus expedientes laborales para demostrar la legalidad de sus plazas. “Exigimos que se revise expediente por expediente. Espero que usted haya leído bien esas normativas (para que vea) que todas las plazas que usted revocó hayan incumplido con esas normas, con esos procedimientos; espero que su decisión no haya sido un acto de venganza política”.
Durante la manifestación, los trabajadores aseguraron que no renunciarán a sus empleos y anunciaron que acudirán a las instancias jurídicas correspondientes pues su despido es un acto de violencia contra sus derechos laborales.
La protesta estuvo encabezada por la líderesa social y comerciante, Diana Sánchez Barrios.
El proceso legislativo para eliminar los fideicomisos avanza sin que haya alguna disposición para detenerlo, por lo que el Sindicato de Trabajadores del PJF alista la presentación de amparos colectivos.
El martes 9 de enero regresarán a sus clases más de 90 mil estudiantes del Colegio de Bachilleres, luego de más de dos meses de huelga.
Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra de la propuesta de solidarizarse con la decisión.
El colectivo aseguró que el ataque a la activista representa un caso no aislado.
El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, afirmó que “no es el momento” de aprobar la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
Más de mil investigadores del SITIC Salud denuncian a las autoridades de Salud de mantener la política de cero huelgas, de reducir al mínimo las expresiones de inconformidad por la precariedad laboral, al negarles su CCT durante tres años.
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Los trabajadores informales son, naturalmente, presa fácil de esta industria rapaz por sus condiciones sociales en términos de bajo nivel educativo, escasa información y falta de colaterales para acceder a la banca formal.
Encapuchados comenzó con pintas en los muros de los comercios a lo largo de Paseo de la Reforma.
Los trabajadores aseguraron que no renunciarán a sus empleos y anunciaron que acudirán a las instancias jurídicas correspondientes, pues se está violando sus derechos laborales.
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Videos difundidos en redes sociales muestran a tractores arrojando estiércol y basura alrededor del edificio gubernamental, formando montículos. "No moriremos en silencio", se lee en una de sus pancartas.
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Escrito por Adamina Márquez Díaz
Directora editorial de buzos. Egresada de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación por la UNAM.