El Congreso de Oaxaca aprobó, el jueves por la noche, el despido de mil 344 trabajadores del Gobierno Estatal, luego que el gobernador entregara un dictamen a la 66 legislatura local para suprimir dichas plazas administrativas. 

El gobernador morenista Salomón Jara Cruz, argumentó que los puestos laborales, entregados durante la pasada administración de Alejandro Murat Hinojosa (2016-2022), se otorgaron “de manera desproporcionada, irregular y sin los criterios generales de la política económica en nuestro estado”. 

El mandatario señaló que el dictamen enviado a la Legislatura de Oaxaca “está alineado a los principios de austeridad republicana, y tiene el objetivo de hacer un mejor uso de los recursos públicos, de manera responsable y eficiente, para generar un ahorro dentro la administración estatal”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Permanente de Administración Pública del Congreso de Oaxaca, Mónica Belén López Javier, aseguró que el aumento “indiscriminado” en la expedición de nombramientos de base generó un agujero enorme en el presupuesto público, pues las mil 344 plazas representan una cantidad superior a los 2 mil 24 millones 644 mil 976 de pesos.

Ante el anuncio de despido, cientos de trabajadores gubernamentales se manifestaron este viernes 13 de diciembre, en el complejo de oficinas de Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, para después moverse a las oficinas de la Secretaría de Movilidad y en el Registró Civil, aunado a ello, también bloquearon la Carretera Federal 190 Cristóbal Colón. 

Los manifestantes exigieron al gobernador Salomón Jara la revisión exhaustiva de sus expedientes laborales para demostrar la legalidad de sus plazas. “Exigimos que se revise expediente por expediente. Espero que usted haya leído bien esas normativas (para que vea) que todas las plazas que usted revocó hayan incumplido con esas normas, con esos procedimientos; espero que su decisión no haya sido un acto de venganza política”.

Durante la manifestación, los trabajadores aseguraron que no renunciarán a sus empleos y anunciaron que acudirán a las instancias jurídicas correspondientes pues su despido es un acto de violencia contra sus derechos laborales.