Comienzo mi opinión con una cita publicada por el diario El Universal del 1º de mayo con referencia al discurso pronunciado por el Presidente de la República a líderes obreros invitados a comer en Palacio Nacional: “El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en casi seis años de gobierno ha logrado revertir las tendencias “antiobreras” que caracterizaron al régimen neoliberal y entreguista, por lo que exclamó: “misión cumplida… al hacerlo juntos como ya lo expresé, hemos hecho historia”.

El Presidente destacaba sobre todo la publicación el día anterior, en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto mediante el cual el dinero ahorrado por miles de trabajadores y depositado en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), sería retirado por el gobierno y pasaría a formar el llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar. Ya sabe usted, amigo lector, es distinción y orgullo del régimen lopezobradorista el uso permanente de la palabra “bienestar”, así de que, ahora, con motivo de la campaña electoral, no podía faltar la palabra insignia. Cabe precisar que el Gobierno va a disponer solamente (si la palabra sirve de consuelo) del dinero de las cuentas que no hayan tenido ningún movimiento en los últimos diez años.

En ninguna ley, en ningún reglamento y en ningún convenio, ningún trabajador fue informado ni se le advirtió ni aceptó que si durante un periodo de tiempo determinado, por el motivo que fuera, su cuenta no recibía depósitos o no sufría retiros, esa cuenta, con sus ahorros pequeños o grandes de toda la vida, pasaría a poder del Gobierno. Estamos aquí ante una transgresión a la ley, un abuso muy difícil de explicar y justificar en un Estado de Derecho. Precisamente, uno de los principios fundamentales del derecho consiste en la no retroactividad, lo que significa que ninguna nueva ley se puede aplicar a hechos ya consumados, las normas no tienen aplicación hacia atrás en el tiempo. Lo dicho sirve para fundamentar sin lugar a dudas cómo se revierten en el régimen de la 4T las tendencias antiobreras.

Pero la historia que cree estar haciendo Andrés Manuel López Obrador se encontrará con otros no pequeños obstáculos para que se aumente un poco la pensión de sólo algunos trabajadores. Los depósitos que han venido haciendo los trabajadores en todas las Afores no quedan guardados en forma de billetes en estuches o en cajas de zapatos para, posteriormente, entregarlos al titular; son, guste o no, registros contables que incrementan el capital que la institución financiera que los administra y otorga en préstamo con el propósito de hacerse de los intereses que (no todos, claro) paga a los ahorradores. La cruda realidad es que el dinero de las Afores está prestado y el principal acreedor es el Gobierno, que lo ha utilizado para enfrentar los constantemente ascendentes presupuestos de sus obras faraónicas. ¿Cómo, pues, va a transformar lo que se dice son 40 mil millones de pesos depositados en las cuentas “sin movimientos” en dinero contante y sonante para entregarlo a los trabajadores el 1º de julio, según prometieron? ¿Se contratará más deuda o sólo es una finta electoral para atraer votos? Ambas cosas.

Si se cumplen sus propósitos, este Fondo de Pensiones para el Bienestar ayudará únicamente a que las personas que ganen menos de 16 mil 777 pesos se retiren con el 100 por ciento de su último salario, o sea, si su último sueldo fue de 10 mil pesos, en lugar de retirarse con siete mil pesos, lo hará con los 10 mil mensuales que ganaba. No hay vuelta de hoja, las cacareadas nuevas pensiones las pagarán, legal o ilegalmente, los trabajadores con los magros ahorros de sus salarios depositados cándidamente en las Afores. Así se enfrenta lo que es ya una emergencia nacional.

La carga de las pensiones sobre la espalda de los trabajadores ha estado creciendo en los últimos años y seguirá creciendo. El gasto total en pensiones de este Gobierno ascendió en 2022 a un billón 445 mil millones de pesos, 43 por ciento más que al cierre del sexenio pasado y los ingresos del sector público se ubicaron en seis billones 595 mil millones de pesos, un aumento de sólo 5.5 por ciento; nótese, pues, que el aumento porcentual del gasto en pensiones, 43 por ciento, es mucho mayor que el aumento porcentual, 5.5 por ciento, en los ingresos del Gobierno. El gasto ineludible en las pensiones aumentó 6.6 veces más que los ingresos.

El fenómeno no es nuevo. La diferencia se ha venido estrechando. En el gobierno de Vicente Fox, los ingresos todavía crecieron 6.4 veces más que el gasto en las pensiones; en el de Felipe Calderón, se elevaron 3.5 veces más y en el de Enrique Peña Nieto, solamente 2.6 veces. El gasto en pensiones ya representa el 5.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y puede llegar a 6.5 por ciento en este 2024. Los ingresos del Gobierno ya no alcanzan.

“El gasto en pensiones contributivas absorbió, en 2023, mayores recursos del presupuesto público que el costo financiero de la deuda y de las participaciones a estados y municipios… En 2023… se gastaron un billón 302 mil 736 millones de pesos en el pago de pensiones y jubilaciones, lo que representó un aumento de 4.5% en comparación anual. Lo anterior significó que, el año pasado, de cada 100 pesos de los 8.1 billones de pesos que el gobierno gastó en total, 16 pesos se destinaron al pago de pensiones y jubilaciones”. (El Economista, 11 de febrero de 2024). Ello explica sobradamente por qué no hay gasto en obras y servicios para la población y por qué se está raspando la cazuela de las Afores para que los ahorros de los trabajadores sigan sosteniendo jubilaciones demagógicas, aunque no sean las de los propios ahorradores.

A la clase patronal se le exige muy poco: que colabore con un 3.15 por ciento del salario del trabajador y, hasta 2030, si no hay disminuciones de última hora, el esfuerzo patronal inaudito llegará a 13 por ciento del salario. Ése es el orgullo de Andrés Manuel López Obrador y todos sus legisladores de la “Cuarta Transformación”. Escondida atrás de una ruidosa propaganda manipuladora que grita que el régimen vive sufriendo por los pobres primero, se oculta la continuación sistemática de la política económica, “neoliberal y entreguista” que ha dejado mucho más ricos a los hombres más ricos del país. Ello explica por qué, ante la barahúnda de declaraciones suscitadas por las modificaciones legales que le permiten al gobierno echar mano de los ahorros depositados en las Afores, los señores empresarios no dicen ni esta boca es mía.

En un país, ya no muy justo, sino sólo con un Gobierno menos cínico y demagógico, ¿quién tendría que pagar la pensión de un hombre o una mujer que ha llegado a los 65 años? ¿Su vecino o su vecina que todavía no han llegado a esa edad o su empleador, que lo ha exprimido toda la vida? ¿Quién? Pues aquí en nuestro país se acaba de reforzar, porque ya se obligaba a toda la clase trabajadora a sufragar las pensiones de los adultos mayores, se acaba de reforzar, digo, la obligación de que sea toda la clase trabajadora, con sus impuestos, la que pague las jubilaciones y, como ya no alcanzan los impuestos cobrados, ahora, con la ingeniosa idea de echar mano de los ahorros obreros custodiados en las Afores. ¿Se han revertido ya las “tendencias antiobreras” o, más bien, se han acentuado y refinado? No sólo se ha agravado la situación de los trabajadores, sino que vamos derechito a una reforma fiscal, pero no a una reforma fiscal progresiva en la que paguen más los que más ganan, sino a otra reforma fiscal regresiva en la que pagan más los que ganan menos y que aquí, en nuestro país, se ha enmascarado con el seudónimo de “miscelánea fiscal”. Si no, al tiempo.