Minsa, la empresa de Altagracia Gómez, afirma que paga hasta 1,000 pesos más por tonelada que el precio internacional y asegura que su participación del 1 por ciento impide cualquier influencia en el mercado.
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La de México es una economía enfermiza, distorsionada y dependiente; maquiladora, vendedora de fuerza de trabajo barata y en condiciones precarias, que basa su relativo éxito en el empobrecimiento de sus trabajadores. Aquí encuentran las trasnacionales un paraíso donde aumentar su competitividad abatiendo costos laborales: trabajo barato. Por ejemplo, exportamos carros (cuarto lugar mundial), sin tener empresas automotrices mexicanas. En su artículo Los salarios en México como factor de competencia desleal en la industria automotriz, 2003-2019, publicado en 2020, Agustín Tapia y Cesaire Chiatchoua, enlistan los diferentes salarios mensuales en dólares para el puesto de soldador en la industria automotriz: Reino Unido, cinco mil 888; Alemania, cinco mil 593; Canadá, cuatro mil 752; Japón, cuatro mil 381; Estados Unidos (EE. UU.), tres mil 391; China, mil 900; Brasil, mil 347; y México… 656 dólares. Una abismal brecha salarial.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Informe Mundial sobre Salarios 2020-2021, Niveles de salario mínimo mensual bruto en las Américas, 2019 (dólares norteamericanos mensuales) publica las remuneraciones por país: Canadá, mil 612; EE. UU., mil 257; Panamá, 953; Costa Rica, 880; Paraguay, 874; Honduras, 816; Argentina, 813; Bolivia, 786; los últimos lugares son: Jamaica, 430; Haití, 359; y en el fondo, México, con 289. La OIT agrega: “En Chile y México, a diferencia de las tendencias observadas en 2019, el índice del salario medio disminuyó en abril y mayo de 2020 a medida que aumentaba la tasa de desempleo” (Ibíd., pág. 41). Datos muy recientes.
Según Expansión, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE): “En el último trimestre de 2021, el 24% de las personas ocupadas en México lo estaba bajo condiciones laborales críticas (…) En mayo de 2019 (…) previo a la pandemia, el porcentaje de la población ocupada que se encontraba laborando bajo estas condiciones era del 19.3% (…) la recuperación del empleo en México se está sustentando en trabajos cada vez más precarios. Un reciente reporte del Observatorio del Trabajo (…) indica que el 60% de los trabajadores de la industria de la manufactura tienen un salario que no supera el umbral de pobreza para dos personas (…) el Coneval estima que el 40.7% de la población mexicana vive bajo pobreza laboral (…) proporción más alta que la del tercer trimestre de 2019, antes de la pandemia (38.5%)…” (Expansión, 17 de febrero de 2022).
Somos, además, el país de América con menos vacaciones pagadas al año: seis días; Brasil, Perú, Panamá y Cuba conceden 30 días, al igual que Austria, Francia y España (World Policy Analysis Center, Forbes, 31 de marzo de 2022). La OIT recomienda un mínimo de 18 días al año. Adicionalmente, México es el país donde se trabajan más horas (dos mil 137 horas al año): el promedio en la OCDE es de mil 730 (El Financiero, 20 de agosto de 2022, OCDE).
Así están las cosas para la minoría de “afortunados” que encuentran trabajo, pues 60 por ciento de la población ocupada no es empleada en empresas establecidas y se ha ido al sector informal: son 32 millones en actividades de sobrevivencia, mayormente improductivas. La informalidad elevada es característica de países pobres; entre los desarrollados su incidencia es mucho menor: en Austria, Bélgica y Suiza representa menos del cinco por ciento (OIT). Y su gran magnitud impide el cálculo exacto del desempleo. Supuestamente, la tasa de desempleo es de 3.4 por ciento de la PEA, alrededor de 2.2 millones. Las Pymes son las principales generadoras de empleo (siete de cada 10), pero su pequeño capital no les permite cubrir todas las prestaciones y derechos de sus trabajadores; su predominio laboral es también característico de países pobres. Al problema del empleo agréguese la subocupación: 4.7 millones, 8.3 por ciento de los ocupados (ENOE, julio 2022), cuyo ingreso no les alcanza y requieren trabajar más. Un gran derroche del recurso productivo más valioso: la fuerza de trabajo.
Aparte de ir a la informalidad, quienes no encuentran un empleo –he aquí otra distorsión de nuestra economía–, emigran. “México se ha convertido en el principal expulsor de migrantes en el año fiscal 2021, comprendido entre octubre de 2020 y septiembre de 2021. 608 mil mexicanos fueron detenidos por autoridades fronterizas de Estados Unidos…” (El País, 20 de octubre de 2021). En fin, otros, incontables, van a la delincuencia. Absurdamente, todas estas “alternativas” son vistas por la 4T ¡como “soluciones”!
Tal estado de cosas no puede continuar. Urge aplicar acciones que implican un cambio de modelo económico. Reorganizar la estructura económica, promoviendo empresas grandes, a mayor escala, que dispongan del capital necesario para garantizar a sus empleados todos sus derechos laborales. El pleno empleo debe ser una meta, pero trabajos bien remunerados. Sobre el monto del aumento salarial necesario, y posible, a manera de referencia tomemos el promedio actual en todos los países de América Latina y el Caribe: en 2019, el promedio de salario mínimo mensual bruto era de 366 (valor real en dólares estadounidenses), contra 289 en México (como dejamos dicho antes), 77 dólares (mil 540 pesos) al mes por debajo de ese exiguo promedio; en realidad, el incremento debería llevarnos a la altura del salario en las economías más grandes de la región: México es la segunda, solo después de Brasil. Asimismo, deben ajustarse oportunamente los salarios de acuerdo con la inflación, para resarcir la capacidad de compra. Garantizar que el sector formal genere empleos suficientes para todos los mexicanos en edad y condición de trabajar. Así se reducirá el desproporcionado peso del sector informal, símbolo de desamparo e incertidumbre laboral; se revertirá la emigración y podrá retenerse toda esa energía y capacidad, evitando así la disolución de millones de familias y la infame explotación de nuestros connacionales en EE. UU., donde hoy crean riqueza. Y podrá ofrecerse una opción laboral decorosa y segura a los miles (jóvenes los más) que delinquen para obtener el sustento.
Debe hacerse efectivo el derecho de sindicalización para todos los trabajadores; un sindicalismo libre, no sometido a las centrales charras, viejas y nuevas; plena libertad para elegir representantes sindicales, potestad que se han arrogado hasta hoy las dependencias gubernamentales. Los trabajadores deben gozar del amparo de contratos colectivos en su relación laboral, que los protejan y otorguen todas las prestaciones laborales que la ley establece, evitando su escamoteo por los patronos. Hacer efectivo el derecho de huelga, conculcado de facto mediante mil y un argucias legaloides que hacen prácticamente imposible su empleo por los trabajadores como arma de defensa. Eliminar la grosera injerencia gubernamental en la determinación de la validez de las huelgas. Finalmente, limitar el poder legal e impunidad de los patronos para despedir trabajadores, garantizando a estos últimos seguridad y estabilidad laboral. Deben aumentarse los días de vacaciones pagadas, de seis en la actualidad, a 18 al año, como recomienda la OIT.
Mas no olvidemos que tales cambios, que implican un nuevo modelo económico, serán posibles solo con los trabajadores, campesinos y sus aliados de la clase media en el poder. Mientras el gobierno responda a los intereses empresariales, como hasta hoy con la “Cuarta Transformación”, estos cambios serán imposibles. Con todo lo importante que es la lucha sindical, por sí sola no transforma el orden social existente; su alcance es limitado: luchar por mejorar las condiciones en que los obreros venden su fuerza de trabajo y atenuar las manifestaciones más brutales de la explotación; lo que se requiere es suprimir totalmente la explotación, mediante un cambio estructural, económico y político, un cambio de clase en el poder, lo que a su vez exige crear una organización política nacional que concientice al pueblo, sea su vanguardia y oriente y apoye a los sindicatos mismos.
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Escrito por Abel Pérez Zamorano
Doctor en Economía por la London School of Economics. Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Chapingo.