Minsa, la empresa de Altagracia Gómez, afirma que paga hasta 1,000 pesos más por tonelada que el precio internacional y asegura que su participación del 1 por ciento impide cualquier influencia en el mercado.
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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) detectó una presunta red de empresas y funcionarios que construyeron desde hace dos décadas un falso monopolio alrededor de la autorización de medicamentos genéricos en beneficio de una sola empresa, informó el titular del Organismo, Alejandro Svarch.
"Lo que se construyó durante 20 años lo vamos a destruir en menos de una semana y eso será en beneficio de la población", advirtió.
Según Svarch, a través de un esquema corrupto se pretendía establecer un falso monopolio en los laboratorios de pruebas de intercambiabilidad, conocidos como terceros autorizados, para frenar la investigación y en consecuencia la producción de fármacos genéricos.
En este sentido, detalló que los implicados, de los que no reveló más detalles, exigían una regulación adicional a las empresas interesadas en producir algún medicamento, con excepción de la compañía que participaba en esta red, la cual recibía autorizaciones a modo.
Asimismo, explicó que en consecuencia de dicha práctica, el mercado de fármacos genéricos se cerró, es decir, con este esquema los consumidores tenían menos opciones de medicamentos y debían pagar más por ellos.
"Este ilícito mecanismo buscaba cerrar las puertas a muchos para beneficiar a pocos, a través de una sobrerregulación por un lado, y facilidades por el otro. Hemos destacado que esto no sólo buscaba agilizar las empresas, sino que procuraba crear un falso monopolio para retrasar solicitudes de sus competidores", abundó el funcionario.
En la misma línea, dijo que ya se tomaron las primeras acciones para terminar con esta práctica, mismas que consisten en realizar denuncias ante el Órgano Interno de Control de todos los funcionarios y exfuncionarios involucrados, y aseguró que habrá "sanciones ejemplares" en contra de los laboratorios beneficiados.
“Estamos trabajando con nuestro órgano interno de control y otras instancias como la Secretaría de Marina para que se investiguen las implicaciones de esta colusión. Iniciamos un proceso de notificación inmediata a las empresas afectadas en las que debieran ser autorizadas de un principio y cuyo proceso de reposición regulatoria, ya está en marcha”, concluyó.
Minsa, la empresa de Altagracia Gómez, afirma que paga hasta 1,000 pesos más por tonelada que el precio internacional y asegura que su participación del 1 por ciento impide cualquier influencia en el mercado.
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Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | X: @srivera1410