En estos momentos, ningún mexicano se extraña de la presencia de la Guardia Nacional en el territorio nacional. La pandemia permitió ampliar su actuación. El pasado 19 de mayo, dos puntos de la geografía nacional, nos mostraron lo rápido que se puede utilizar a los elementos de esta corporación en contra de los ciudadanos. En un solo día, en la Ciudad de México y en Puebla, a miles de kilómetros de diferencia, dos ediles, utilizaron a esta corporación para el despliegue en contra de manifestantes que pedían apoyos alimentarios ante la falta de recursos por las afectaciones del coronavirus SARS Cov-2. En el primer caso, solo fue el despliegue, sin embargo, en el segundo, se llegó hasta el encarcelamiento de 2 menores de edad. Imagínese el uso de esta fuerza, pero ahora no en manos de un edil, sino del presidente ¿monstruoso? Y así será hasta 2024.

Tras el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación publicado con fecha del 11 de mayo, que se convierte en el blindaje legal largamente esperado por las fuerzas armadas para su labor en las tareas de seguridad, el uso discrecional de la guardia nacional por parte del poder ejecutivo seguirá presente. Decimos largamente, porque desde que los elementos castrenses dejaron los cuarteles en el sexenio del ex presidente, Felipe Calderón, su presencia se amplía hasta el 12 de marzo de 2024, con la diferencia de que ahora están blindados por la ley.  

Sobre la visión jurídica y política de este tema, ha corrido tinta. Jurídicamente, se ha dicho, es un decreto amarrado a un transitorio de la Ley que dio origen a la Guardia Nacional. Políticamente, lo peligroso de este paso dado por la administración federal bajo el contexto de la pandemia, a decir de expertos en derecho, es la ambigüedad de esta norma es lo más peligroso.  En entrevista para mi espacio radiofónico AC Noticias, el abogado y politólogo, Miguel González Compeán, aseguró que, con el decreto, “lo que se acaba de construir es un artículo a modo, para poder tener control total sobre la seguridad pública y al mismo tiempo en favor de él (del presidente, Andrés Manuel López Obrador), porque como la definición de “extraordinaria” no existe, o sea, no hay una idea de qué significa “condiciones extraordinarias” en las cuales el ejército debería cooperar. Entonces, el presidente, el día que decida que hay una condición extraordinaria y decida llamar al Ejército, éste tendrá facultades para actuar en contra de ciudadanos y de civiles, sin que medie la ley. Entonces, el tema no es menor, es bastante serio” aseguró el también economista.

El abogado destaca quiénes están en facultades legales para revertir esta situación, desde la Cámara de Diputados, senadores e incluso municipios e incluso la Suprema Corte de Justicia de la nación, los cuales podrían interponer un recurso de inconstitucionalidad bajo el argumento de que “El decreto…se arroga más facultades que lo que la Constitución le da la presidente de la República y al Ejército respecto de su labor y su tarea definida en la Carta Magna” afirmó González Compeán. ¿lo harán? Es la gran pregunta. Hasta ahora se adelanta.

Insisto, lo acontecido el 19 de mayo de 2020, en dos puntos diferenciados por decenas de kilómetros, se puede multiplicar a nivel nacional. Solo una fuerza social organizada puede oponer una resistencia tanto para revertir el carácter jurídico de la norma, como para denunciar aquellos casos que se conviertan en atropellos reales. Dichos reductos constitucionalmente facultados, deben apostar a que los mexicanos más progresistas los respaldarán, a través de la movilización ciudadana, antes que normalizar vivir bajo el asedio de un régimen que no respeta la ley, ni busca ponderar las libertades ciudadanas. Protestemos ahora, antes de que, como dijo el poeta, Martín Niemoller, no quede nadie que diga nada. El dique a este régimen que manipula la ley, se debe levantar sobre una fuerza social organizada, lo demás corre el riesgo de quedarse solo en retórica.