El documento, entregado al Poder Legislativo el pasado 29 de enero, destacó irregularidades en los procesos de destrucción de narcóticos.
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En los últimos dos meses, más de 60 agresiones y ataques a vehículos de aplicaciones de transporte, como Uber, han sido reportados en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, derivado del monopolio que ejercen los sindicatos de taxistas, quienes además abusan de las tarifas en las principales zonas turísticas del estado.
La agresión más reciente ocurrió en Solidaridad, donde un grupo de turistas fue atacado por taxistas al confundirse con un vehículo de aplicación. La situación derivó en que la Fiscalía estatal confiscara dos taxis involucrados en el incidente.
Transportistas de aplicación aseguran que las confrontaciones se han intensificado luego de que Uber lograra un amparo que le permitió operar en la región, lo que desató una pugna violenta.
El ambiente de violencia no se limita solo a ataques a vehículos, sino que también incluye agresiones físicas. Recientemente, el jefe de seguridad del aeropuerto fue golpeado, al igual que empleados de hoteles que permitieron el acceso de taxis por aplicación.
La administración estatal encabezada por la gobernadora Mara Lezama ordenó a la Fiscalía que se finquen responsabilidades y se cancelen las licencias a los taxistas involucrados en actos de violencia, exigiendo que no haya impunidad.
Además, la Fiscalía ha detenido a al menos ocho líderes sindicales y taxistas en Cancún y Playa del Carmen, acusados de participar en agresiones, homicidios y tráfico de drogas. La situación sigue siendo una amenaza para la seguridad de los turistas y residentes, lo que ha generado una creciente preocupación entre las autoridades locales.
El documento, entregado al Poder Legislativo el pasado 29 de enero, destacó irregularidades en los procesos de destrucción de narcóticos.
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El mecanismo acumula millones de pesos desviados, investigaciones inconclusas y una notoria falta de castigos ejemplares.
La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
La subdirectora señaló que los tres alumnos implicados ya fueron canalizados al DIF de Chalco para recibir atención psicológica.
El operativo concluyó con la detención de cuatro presuntos responsables, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades.
Pese a la destitución, el funcionario se negó a dejar su cargo.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.