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El pasado domingo 26 de enero, Colombia alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para aceptar que los migrantes deportados hacia su territorio sean devueltos en aviones militares, tras una serie de amenazas del presidente Donald Trump, que incluyeron fuertes aranceles.
Colombia anunció esa misma noche que aceptó los términos del presidente Trump, que incluían la “aceptación irrestricta” de inmigrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos. Esto ocurrió después de que Colombia impidiera el ingreso al país de dos aviones militares estadounidenses que transportaban deportados, ya que presuntamente los trataban sin “dignidad” ni “respeto”.
El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, declaró que su país prepararía su avión presidencial para repatriar a sus ciudadanos, a quienes garantizarían condiciones dignas.
La disputa comenzó cuando el presidente colombiano, Gustavo Petro, negó el aterrizaje de dos vuelos militares estadounidenses que transportaban deportados hacia Colombia.
Posteriormente, Petro anunció la imposición de aranceles del 25 por ciento a las importaciones provenientes de Estados Unidos, en respuesta a una serie de medidas contra su país, dictaminadas por su homólogo estadounidense, quien previamente había indicado la imposición del 25 por ciento de arancel a los productos provenientes de Colombia, además de un listado de sanciones contra su país.
Cabe señalar que, de acuerdo con la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de Colombia, tan sólo entre enero y noviembre de 2024, tres mil 230 empresas colombianas enviaron sus productos a ese país.
Ante la llegada de vuelos militares con migrantes repatriados, Brasil se unió a Colombia para condenar el trato que la administración de Trump daba a sus ciudadanos, al cual calificaron de “degradante”.
La cancillería de Brasil acusó el uso “indiscriminado” de esposas y cadenas en la deportación de ciudadanos brasileños, que llegaron el pasado viernes al aeropuerto de Manaos, en el norte amazónico de Brasil.
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La medida eleva a 42 años el límite para enlistarse en el Ejército en un contexto de ofensiva militar en Oriente Medio y necesidad de ampliar capacidades operativas.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.