Mil 630 llamadas estuvieron relacionadas a incidentes de violación.
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En Nuevo León se han registrado por lo menos cinco denuncias de violencia política en razón de género, de estas sólo una persona ha sido penalizada, se trata de Mayra Alejandra Morales, candidata a la alcaldía de San Nicolás de los Garza por Movimiento Ciudadano (MC).
El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE), indicó que Alejandra Morales fue sancionada junto con Glen Villarreal Zambrano, exencargado de la Comunicación Social del Gobierno de Samuel García por rendir declaraciones que contenían elementos que perpetuaban estereotipos de género, lo que constituyó violencia simbólica en perjuicio de una funcionaria anónima.
A pesar de que se le sancionó, Alejandra Morales no asistió a los talleres de concientización sobre violencia de género ofrecidos a los infractores, motivo por el cual permanece en el registro de sancionados.
A las víctimas de violencia política se suma la candidata a la alcaldía de Santa Catarina por el Partido del Trabajo (PT), Claudia Garza, quien denunció haber recibido amenazas de atentar contra sus hijos en caso de no renunciar al proceso electoral. Asimismo, la candidata del partido Vida a la alcaldía de Guadalupe, Linda Padilla, quien dejó su candidatura luego de sufrir un atentado en el que fue baleada y Graciela Villarreal, candidata a la alcaldía de El Carmen, quien sufrió heridas mientras realizaba actos de campaña.
De acuerdo con el INE, la publicación de material denostativo en redes sociales y medios digitales era una de las principales causas de denuncia; sin embargo, la violencia se ha acrecentado pasando de las amenazas digitales a ataques verbales y asesinatos, violencia que incrementa conforme se acercan las elecciones del 2 de junio.
Los datos del Registro Nacional de Personas Sancionadas revelan que el 75.19 por ciento de los casos de violencia política en razón de género ocurren a nivel municipal, mientras que el 14.07 por ciento se presentan a nivel estatal.
Mil 630 llamadas estuvieron relacionadas a incidentes de violación.
Las cifras cuantifican lo que en los hechos es una muy notoria verdad.
La PAPNNA informó que se han atendido precisó que se atendieron 130 reportes por omisión de cuidados, 125 casos por violencia psicológica y emocional y 16 por agresión física y sexual.
Además de los 19 casos registrados, el gobernador Alejandro Armenta ha sido señalado por impulsar reformas como la “Ley Censura”.
El SESNSP reportó 382 homicidios dolosos, un promedio de más de dos diarios, aunque con una reducción del 1.6 por ciento respecto al año anterior.
Quintana Roo y Estado de México concentran el 53.5 por ciento del total de enero a junio de 2025.
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El 92.3% de las víctimas son mujeres y el 75.1% de los casos suceden en viviendas.
El MULT ha registrado 38 asesinatos desde diciembre de 2022.
Baja California, Sinaloa, Morelos, Quintana Roo y Colima encabezan la tasa más alta de violencia homicida en el primer semestre de 2025.
El Departamento de Bomberos reportó al menos siete personas con lesiones; cuatro fueron trasladadas a hospitales.
El 80% de las mujeres con voz pública redujo su actividad en redes sociales; el 40% se autocensuró y 1 de cada 3 cambió de trabajo por la violencia en línea.
Se estima que las cuatro principales empresas mineras, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, pierden aproximadamente mil 121 millones de pesos anuales por robos y violencia.
Chiapas, bajo el gobierno de Morena, cerró 2024 con 867 homicidios dolosos, la cifra más alta que alcanzó en una década.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera