La propuesta surge en un contexto donde la tasa de informalidad laboral alcanzó 54.8 por ciento en agosto de 2025, lo que representa 32.6 millones de personas.
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A diferencia de la reforma al Poder Judicial, que se aprobó en cuestión de horas, dos reformas constitucionales clave que favorecen a la población mexicana siguen estancadas en el Senado de la República, se trata de las iniciativas que buscan un aumento en los salarios mínimos y el fortalecimiento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que aún no avanzan a pesar de haber cumplido con los requisitos legales para su aprobación.
Fue el pasado 17 de octubre cuando ambas reformas lograron el aval de 17 Congresos estatales, superando el mínimo necesario para su validación, conforme al Constituyente Permanente. El Congreso de Chihuahua aprobó la reforma el 24 de octubre, consolidando el apoyo requerido; sin embargo, el Senado ha suspendido el registro oficial de las reformas desde el 14 de octubre, reconociendo sólo 16 estados y omitiendo a Baja California Sur.
Una de las reformas contempla garantizar que los empleados del sector público federal ganen al menos el salario más bajo de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que la otra propone agregar un segundo párrafo al Artículo 123 Constitucional para que el Estado otorgue un apoyo económico mensual equivalente al salario mínimo vigente a jóvenes de 18 a 29 años que no cursen estudios formales, con el fin de capacitarlos para el trabajo en negocios y unidades económicas. Esta reforma se presentaría por un periodo de hasta 12 meses.
Ambas reformas enfrentan cuestionamientos relacionados con la falta de recursos para su financiamiento, dado que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro depende del salario mínimo y genera duplicación de costos en los recursos públicos.
La Junta de Coordinación Política, dominada por Morena, no ha ofrecido explicaciones oficiales sobre la razón de la demora. De manera extraoficial, se menciona que la falta de presupuesto sería el principal obstáculo para su implementación.
La propuesta surge en un contexto donde la tasa de informalidad laboral alcanzó 54.8 por ciento en agosto de 2025, lo que representa 32.6 millones de personas.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera