En los territorios palestinos ocupados, Israel viola el derecho internacional, las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y los derechos humanos de los palestinos con aval de Estados Unidos (EE. UU.). La propuesta “de paz” de Donald John Trump pretende legitimar esa brutal colonización y revive la trágica Declaración Balfour de los británicos de crear un “hogar judío” en Palestina.

A 71 años de la nakba (catástrofe), los pueblos piden a sus gobiernos condenar ese expansionismo israelí que viola los principios sobre los que se fundamenta la convivencia humana. Hoy, cuando el mundo avanza hacia la multipolaridad, urge el respaldo global a la demanda de autodeterminación del pueblo palestino, castigado por el imperialismo.

Acorde con su agresiva política contra los palestinos, el presidente estadounidense Donald John Trump ha insinuado que anunciará su “acuerdo del siglo”, un supuesto plan de paz entre palestinos e israelíes, en el aniversario de la nakba (el 15 de mayo) y que coincide con la proclamación del Estado de Israel. Según filtraciones, ese plan cambiará radicalmente el mapa político de la región, pero los analistas consideran que será una propuesta colonial, proisraelí y afín al espíritu hegemónico de EE. UU., y un intento de engañar a los palestinos y al mundo.

En su objetivo de rediseñar el Medio Oriente a su conveniencia, hasta ahora la superpotencia militar no ha garantizado el cumplimiento de Israel de la Resolución 242 (del 22 de noviembre de 1967), que demanda su retirada de los territorios ocupados, ni de otras resoluciones que reafirman el derecho de los palestinos a la libre determinación, sin injerencia del exterior, a la soberanía nacional y al retorno a sus hogares y  propiedades, de las que fueron desposeídos. 

Es lo que comúnmente se denomina “solución de los dos Estados”. Pero con Trump, su yerno y asesor principal Jared Kushner, su enviado especial para la región, Jason Greenblatt,  y su embajador en Israel, David Friedman, involucrados en dichas negociaciones, la paz no es garantía.

 Por ello el “gran acuerdo” es solo un nuevo intento, pero no es posible esperar un avance positivo, pues desviar, descarrilar y liquidar la causa palestina, alerta el profesor de la Universidad Estatal de San Francisco, Rabab Abdulhadi, “no significa respetar los derechos inalienables de los palestinos, ni permitirles decidir su futuro, tampoco otorgar el derecho de retorno, eliminar el racismo, la discriminación y detener las prácticas abusivas contra ellos”.

Se sabe que el gobierno de Trump ya ha completado su propuesta y asegurado los fondos necesarios para emprender los proyectos económicos que contempla. Aunque la Liga Árabe, con sede en El Cairo, haya advertido que rechaza toda propuesta que no garantice los derechos territoriales de los palestinos, señala Mohanad Mustafá, de la Universidad de Haifa.

Por casi dos años, esa iniciativa ha sido concebida y articulada por Jared Kushner. “Israel está abierto a distintas opciones y en todo este proceso su prioridad es la seguridad de sus ciudadanos”, explicó el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon.

A diferencia de sus antecesores, a Trump no se le ocurrió un esquema que convenza a las dos partes en conflicto. Él tiende a usar la política de hechos consumados, de ahí que haya abrazado totalmente las demandas de la parte israelí, estima el director del Centro de Investigación Masarat de Ramala, Hani al-Masri.

Ante ese complejo pronóstico, los palestinos confirman que mantendrán la resistencia y prevén que las semanas por venir serán muy difíciles. El seis de mayo comienza el Ramadán (mes de ayuno islámico), razón por la que Trump pospondría hasta el fin de ese periodo su anuncio, según el portal Al-Khaleej.

Apoyo cómplice

Entretanto, otra alerta detonó cuando el embajador estadounidense en Israel, David Friedman, anunció que el plan Trump otorgará a ese Estado partes de Cisjordania, que el derecho internacional considera territorio ocupado. Al respecto, los países árabes y la Autoridad Nacional Palestina (ANP) rechazaron tal posibilidad.

Para apaciguar la ola de inconformidad, Danny Danon aseguró que Israel no tomará “medidas de gran calado, como la posible anexión de Cisjordania”. Sin embargo, el diplomático recurrió a la Biblia en un intento por justificar el “derecho israelí” sobre Judea y Samaria (nombres bíblicos de Cisjordania).

Este nuevo foco rojo se encendió a unos días de que, sin ningún respaldo legal y con el reconocimiento cómplice de EE. UU., Israel declarara su soberanía sobre los Altos del Golán –que ocupó en 1967 y se anexionó en 1981– y proclamó a Jerusalén capital de su Estado.

Ese respaldo imperial alienta a los grupos de colonos extremistas que exigen extender el Estado israelí a Cisjordania “o al menos, a los grandes conjuntos de colonias judías”. Detrás de esos grupos están los partidos de la derecha del Likud, del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Se trata de Nueva Derecha, Zehut y la Unión de Partidos de Derechas que exigen la “urgente anexión” de lo que en los Acuerdos de Oslo se denominó Zona C: el 60 por ciento del territorio de Cisjordania en donde reside la mayoría de colonos israelíes.

En su campaña electoral, Netanyahu apostó públicamente a esa anexión. Y tras su victoria, prometió anexar “al menos parte” de los territorios palestinos ocupados de Cisjordania, donde la comunidad internacional ha imaginado la creación del futuro Estado palestino.

Crímenes de guerra

La comunidad internacional en su conjunto, los grandes jugadores geopolíticos y sus aliados en particular, no ignoran que el cerco israelí sobre los territorios ocupados se traduce en el grave deterioro de la vida cotidiana de los palestinos. Los bombardeos israelíes tienen como blanco a civiles y la infraestructura básica; por tanto han colapsado casas, hospitales, escuelas templos religiosos y centros de esparcimiento.

La dimensión de estas acciones criminales demandan una acción global que presione y exhorte a Israel al cese de su política expansionista y hostil contra los palestinos.

La crisis humanitaria en la Franja de Gaza –bloqueada militarmente por Israel desde 2006– alcanza niveles alarmantes. La ONU ha reconocido que en ese territorio costero de 360 kilómetros cuadrados, el 53 por ciento de sus casi dos millones de habitantes vive en condiciones de pobreza porque el bloqueo israelí ha incrementado la inseguridad alimentaria y el desempleo.

Es paradójico que, pese a vivir en condiciones de terror psicológico por la ocupación y los constantes ataques aéreos, solo el 3.3 por ciento de los palestinos mayores de 15 años son analfabetas, según la Oficina Central de Estadísticas de Palestina. Para este pueblo árabe, la educación de la niñez es garantía de un mejor futuro para las próximas generaciones.

Pero Israel, violador del derecho internacional, condena al hambre a esos palestinos. “Esa política hace cada día más lejana la perspectiva de una solución política y una paz duradera, ante el creciente temor de una anexión total israelí”, alertó al Consejo de Seguridad (CS) la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary Di Carlo.

Entre los diarios actos violatorios de Israel al derecho internacional, descritos en días pasados ante el CS, figura la persistencia de Tel Aviv por construir asentamientos ilegales en territorios ocupados y atacar a civiles.

Militares israelíes atacaron la llamada “gran marcha del retorno”, una manifestación pacífica realizada el 30 de marzo de 2018. Asesinaron a decenas de palestinos –muchos de ellos niños– y causaron miles de heridos. El uso de fuerza letal de parte de Israel puede constituir un crimen de guerra, según la Comisión Independiente de la ONU.

Esta comisión, que originalmente investigó los alegatos de Tel Aviv de que esas protestas encubrían “actividades terroristas de grupos armados palestinos”, dio un giro integral a su diagnóstico al constatar que eran manifestaciones de civiles cuyo objetivo consistía en exigir que Israel acatara el derecho al retorno de los exiliados.

Por ello, días atrás, se escuchó en Ginebra un argumento insólito: “Hay motivos razonables para creer que los soldados israelíes han cometido violaciones a las normas internacionales de derechos humanos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”. Quien declaró esto fue el presidente del grupo investigador, el argentino Santiago Cantón.

Sin embargo advirtió que, para consumar esa acusación, una corte criminal israelí debe investigar los delitos denunciados “de forma imparcial e independiente”.

Además, tal ensañamiento y estrategia de represión sistemática durante muchos años de conflicto contra los civiles ha ocasionado también daños graves al medio ambiente. Así lo denunció ante el CS la representante palestina de la organización EcoPeace Middle East, Nada Majdalani, al describir que la mayoría de acuíferos de la Franja de Gaza no son aptos para el consumo humano, y debido a los continuos cortes de electricidad ya no funcionan las plantas de saneamiento de aguas.

Jerusalén ha sido escenario de otro acto infame del expansionismo israelí. El 17 de abril, autoridades hebreas demolieron dos edificios de un barrio palestino en el oriente de la ciudad, luego de que el Tribunal Supremo autorizó su derrumbe y el de otros 56 inmuebles en donde habitaba más de medio millar de personas.

Ese día, vehículos pesados del ayuntamiento, escoltados por agentes policiacos israelíes, irrumpieron en la zona de Wadi Yetzol –situada entre los barrios palestinos de Silwán y Abú Tor– para demoler esos edificios pese a la desesperada oposición de los vecinos, reseñó el diario Haaretz

La instancia judicial rechazó así la petición formal de esos vecinos contra los derribos, alegando que hace decenas de años construyeron esas viviendas “sin permiso” en un área que ha sido designada zona verde.

Esa decisión es arbitraria, pues las familias construyeron sus casas en terrenos de su propiedad y ante el acoso del ayuntamiento, en años recientes intentaron regularizar su estatus, pero sus peticiones fueron rechazadas en repetidas ocasiones, explicó el abogado defensor Ziyad Qawar a la agencia EFE.

Para la organización israelí Ir Amim, esas demoliciones “simbolizan la discriminación” en la planificación urbanística de las autoridades israelíes contra los palestinos de la zona oriental de Jerusalén, ocupada por Israel desde 1967, durante la Guerra de los Seis Días.

Cada vez es más común que los israelíes derriben casas de palestinos en Jerusalén. La propia ONU ha advertido que el objetivo es convertir a esa ciudad en un enclave muy selecto, de ahí que obtener permisos de construcción en esa zona sea extremadamente difícil y cara. Ése es el rostro del beneficio inmobiliario del que gozan los ocupantes de la tierra palestina.