Poco o nada de lo que se ha informado en los grandes noticieros de televisión y en redes sociales en los últimos días sobre lo que ocurre en Venezuela posee un tono inocente o un genuino afán de veracidad. Aprovechando el conocimiento histórico superficial y la atención absorbida por las preocupaciones inmediatas de la clase trabajadora, estos medios insisten machaconamente en un discurso maniqueo que justifica la narrativa de unos “estadounidenses buenos y salvadores” contra un “dictador malo”. Sin embargo, un breve repaso histórico basta para recordar que, si hay un país que ha impulsado y sostenido regímenes abiertamente dictatoriales en América Latina, ése ha sido precisamente Estados Unidos (EE. UU.). Como muestra: existen documentos desclasificados de la CIA que evidencian el apoyo político, financiero y militar de este país imperialista a genocidas como Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), así como a la dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983), regímenes que asesinaron a miles de personas y violaron sistemáticamente los derechos humanos. Ahora bien, nuestro vecino del norte nunca condenará actualmente la falta de democracia en Arabia Saudita o en Qatar, países donde, según informes de la ONU, se han probado violaciones a los derechos humanos. Tampoco hará válida la condena internacional contra Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, autor intelectual del genocidio en Palestina. No, nada de eso recibirá su condena; porque, justamente, no existe una lucha genuina por la democracia y los derechos humanos, ese cuento oculta una verdad más simple: EE. UU. llamará dictadura a aquellos gobiernos que no se subordinen a sus intereses.

Los grandes medios de comunicación ahora propagan la nueva retórica centrada en el “combate al narcotráfico” para justificar las intervenciones estadounidenses. Sin embargo, omiten que documentos oficiales de la CIA desclasificados no proporcionan evidencia concluyente que respalde la existencia del llamado “Cártel de los Soles” venezolano, una entidad frecuentemente citada pero escasamente documentada que se utiliza para criminalizar al gobierno de Nicolás Maduro. Esta estrategia mediática ignora además una paradoja fundamental: EE. UU., autoproclamado “policía global antidrogas”, presenta las tasas de consumo de sustancias ilícitas más altas del mundo (según reportes oficiales, en 2022, más de 49 millones de personas trastornadas por consumo de sustancias psicotrópicas). Surge entonces una pregunta incómoda: ¿cómo un país con agencias como el FBI, la CIA, tecnología avanzada y recursos casi ilimitados fracasa en proteger a su propia población? La respuesta parece residir en la profunda complicidad entre élites políticas, económicas y criminales. El narcotráfico no opera al margen del sistema, sino que está estructuralmente integrado en la economía globalizada, con bancos que lavan dinero y corporaciones que se benefician indirectamente; por ejemplo, la colaboración probada de la CIA con narcotraficantes en Centroamérica durante los años 80 para desestabilizar gobiernos socialistas. Esta “guerra contra las drogas” parece, en realidad, un mecanismo de control geopolítico.

Entonces, subyacen motivos más profundos para amenazar al gobierno venezolano: el control sobre las mayores reservas de petróleo del mundo, la necesidad de Trump de proyectar una imagen de mano dura ante su base electoral y el deseo de enviar un mensaje contundente a otros gobiernos de la región que se resisten a alinearse con su agenda, como Brasil o Colombia. Con todo, una invasión terrestre a gran escala, con ocupación prolongada, es altamente improbable: los costos humanos, económicos y políticos para EE. UU. serían astronómicos, sumiendo a la región en un conflicto que podría emular la devastación de Siria o Irak. No obstante, sería aún más ingenuo descartar por completo la acción militar; en suma, el despliegue militar funciona simultáneamente como una herramienta de presión psicológica para incentivar un golpe interno y como una espada real lista para asestar un golpe calculado.

Esta creciente agresividad por parte de EE. UU., lejos de ser una muestra de fortaleza, revela los síntomas de una hegemonía en declive. Su retórica belicista y demostraciones de fuerza unilateral responden a la erosión de su capacidad para moldear el mundo mediante el soft power, en un contexto donde el ascenso de China, la consolidación de alianzas como los BRICS y la resistencia de potencias como Rusia configuran un escenario multipolar que ya no acata órdenes automáticamente. Esta deslegitimación se profundiza por su apoyo al genocidio israelí en Palestina, que corroe su autoridad moral. En este marco, Venezuela se convierte en un tablero simbólico donde EE. UU. intenta proyectar poder y forzar cambios de régimen para enviar un mensaje a rivales y aliados. La paradoja final es que esta demostración de fuerza, lejos de afirmar su dominio, confirma que el Siglo XXI ya no será estadounidense.