Daniel Hernández es empleado del Poder Judicial del estado, lleva 20 años trabajando en esa área del servicio público y tiene la esperanza de acumular 30 años de servicio para alcanzar su jubilación. Pero la noticia de que el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal) está en quiebra lo ha preocupado bastante, porque eso significa que su anhelado retiro podría esfumarse.

La única institución estatal que otorga pensiones y prestaciones a los trabajadores públicos de la entidad está en riesgo de desaparecer en seis años, porque sus finanzas registran un déficit de 260 mil millones de pesos, propiciado por pérdidas irrecuperables derivadas de inversiones fallidas, baja sensible de afiliados y la existencia de una clase vip que saquea el presupuesto.

El secretario general de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado y sus Municipios (Fegtem), Cuauhtémoc Peña Cortés, explicó que la quiebra técnica del Ipejal se debe a la corrupción y al contubernio entre la clase política jalisciense –gobernadores, diputados, etc.– y los líderes sindicales de varias administraciones.

Identificó en particular a los exgobernadores Emilio González Márquez (panista) y Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (priista), y a los exlíderes de la LVIII Legislatura del Congreso de Jalisco como los causantes inmediatos de la quiebra de la institución; reveló que se estudia la posibilidad de denunciarlos por la vía penal en la Fiscalía General de la República (FGR).

Peña Cortés aclaró que piensa recurrir a la instancia federal porque, tal como se han desarrollado los hechos, no tiene confianza en la administración estatal del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, militante del Movimiento Ciudadano (MC), ni en su fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez.

Precisó asimismo que la crisis financiera del Ipejal se ha dado pese a las reformas aprobadas a la Ley de Pensiones, la noche del 13 de noviembre de 2009, entre las que resaltan el incremento de la edad de jubilación a 65 años, con 30 años de servicio; el alza del cinco al 11.5 por ciento en las aportaciones laborales y la creación del salario tabular (sueldo base) en sustitución del salario integral (sueldo base, sobresueldo y prestaciones), con el que se calcula la pensión.

Además de estos cambios, que calificó de negativos para los trabajadores, existe la posibilidad de que haya un incremento discrecional en los intereses de los créditos, debido a los “amplísimos poderes” que esa misma reforma otorgó al Director General y al Consejo Directivo para que inviertan los ahorros de la institución en lo que deseen.

Peña Cortés recordó que el exgobernador González Márquez fue quien inició el desfalco del Ipejal cuando ordenó a su director general, en 2011, Óscar García Manzano, que desviara 587 millones de pesos para la construcción de la villa habitacional de los Juegos Panamericanos de ese año, que desde entonces ha quedado en el abandono.

Una vez que los ahorros de los trabajadores fueron “liberados” al uso irrestricto del gobierno estatal, González Márquez y García Manzano sustrajeron 89 millones de dólares que destinaron para el desarrollo turístico Chalacatepec, en el municipio de Tomatlán, pero como los ejidatarios se opusieron y se ampararon, el proyecto fue suspendido.

La misma administración estatal adquirió posteriormente certificados de inversión en el proyecto Zapotillo, que contemplaba la construcción de un acueducto que llevaría agua de Jalisco a la ciudad de León, con un costo de 604 millones de pesos, pero como la constructora española Abengoa se declaró en quiebra técnica, los certificados se perdieron.

Pensiones vip

Entre los pensionados del Ipejal destacan al menos 68 personas que reciben cheques de más de 150 mil pesos mensuales, cuyos montos posiblemente fueron fijados con base en negociaciones turbias y que han contribuido a aumentar el déficit financiero de la institución. En esa nómina vip figuran exfuncionarios de las anteriores administraciones estatales, entre ellos el exsecretario de gobierno en Jalisco, Roberto López Lara.

También destacan 20 exmagistrados del Poder Judicial de la Federación que reciben de 90 mil a 110 mil pesos mensuales, que fueron jubilados cuando estaban en funciones, además recibieron bonos de cinco millones de pesos por su retiro, que fueron cubiertos con recursos de las finanzas estatales.

En una rueda de prensa, a la que asistió el actual Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el recién nombrado director del Ipejal, Iván Arguelles, responsabilizó del déficit de 260 mil millones de pesos a la administración de Aristóteles Sandoval.

La nómina vip del Ipejal aumentó de 789 empleados a 801 y pasó de pagar 162 millones de pesos a 180 millones de pesos mensuales en pensiones. Estas cifras están a la vista en la página de transparencia; en la misma se advierten aumentos hasta del 76 por ciento en los salarios últimos de los exfuncionarios y la creación de 19 direcciones, una de éstas asignada a la hermana de la exdiputada federal, Rosa Alba Ramírez Nachis, así como la inhabilitación de un funcionario público por actos de corrupción.

Javier Peralta Ramírez, secretario general del Nuevo Sindicato Independiente del Poder Judicial, anunció que se organizan varias agrupaciones sindicales –alrededor de 25–  para promover en el Congreso del Estado una reforma a la Ley de Pensiones a fin de retirar de la Junta de Gobierno del Ipejal a Juan Pelayo, representante de los trabajadores.

El dirigente denunció que Pelayo y los líderes de la Sección 46 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), son responsables del déficit y la bancarrota de la institución porque, pese a representar a los burócratas en el órgano social y financiero de los trabajadores del Estado, permitieron el saqueo y han puesto en riesgo el futuro de miles de sus compañeros.

Pelayo, Secretario General de la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado (FSSE), que agrupa a 130 mil empleados, aseguró que la reforma de 2009 salvó al Ipejal de una crisis, pero que en la administración de Sandoval se realizaron acciones que provocaron graves daños financieros; aunque se cuidó de no señalar como responsable directo al presidente de la Junta de Gobierno del Instituto, Francisco Ayón López.

De antemano reconoció que las inversiones en Abengoa (de 604 mdp) y TMM (de 1.2 mdp)  nunca se reportaron al Consejo, ya que los integrantes solo aprobaron una partida para la inversión y fue el área financiera la que decidió el traslado de los recursos del instituto.

“No todo es negro. Pensiones que debe administrar con mucho interés el gobierno, no dejan de ser un tema de gobierno, así se lo dije al gobernador. Nosotros como consejeros nada tenemos que ver; ahorita se pueden estar tomando decisiones que podrían afectar al patrimonio de los trabajadores”, argumentó Pelayo.

Aseguró que en las anteriores administraciones, sobre todo en la de Jorge Aristóteles Sandoval, se maquilló la información, se ocultó principalmente la correspondiente a las inversiones y ahí se encuentra el mayor daño.

Dijo que la federación sindical que representa presentó una denuncia penal en contra de los responsables del mal servicio médico que se daba en la anterior administración; y que espera que todos los responsables del desfalco, así como los daños causados, se investiguen a fondo a fin de recuperar la fortaleza del organismo.

A su vez, el Secretario General del Sindicato Plural de Trabajadores del Ipejal,  Eduardo Guzmán, quien se amparó con la justicia federal, pues fue desconocido como representante de los trabajadores, denunció que esta administración, encabezada por Iván Argüelles, pretende cancelar el organismo.

Denunció que, desde su llegada, Argüelles se ha dedicado a incrementar la nómina para beneficiar a los recomendados del MC y la alianza que la actual administración tiene con el exgobernador Emilio González Márquez, responsable de los cambios legales para facilitar el saqueo de los recursos destinados a las pensiones.

Gerardo de la Cruz Tovar, Fiscal Especializado Anticorrupción, dio a conocer que ya se han presentado cinco denuncias con las que se están integrando otros tantos expedientes. Uno está relacionado con una enfermera que recibió pagos fuera de la ley; otros con la basificación de plazas, compras de medicinas e inversiones desafortunadas con dinero del Ipejal.

Explicó que la fiscalía inició la integración de las carpetas correspondientes para que en el momento indicado haya posibilidad de presentarlas ante un juez e iniciar el proceso legal correspondiente, que finalmente conduzca a la consignación de los responsables de los delitos.