El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que en su gobierno se atiende a los jóvenes “como nunca”; pero la realidad dice lo contrario: en dos años y medio de pandemia de Covid-19, los padecimientos mentales han aumentado entre los jóvenes de 15 a 19 años; y ocho de cada 10 son ignorados porque las autoridades de salud carecen de un programa específico para atenderlos.

El 26 de enero de este año, un policía capitalino frustró el intento de suicidio de un joven de 30 años en las inmediaciones de la Línea 1 del Metro Pantitlán. Cerca de las 15 horas, el hombre intentó lanzarse de un puente peatonal al piso de la calle cuando el policía, atado a una cuerda, se arrojó sobre él y lo abrazó fuertemente; pero ambos cayeron al asfalto al reventarse la cuerda y debieron ser trasladados a un hospital para ser revisados. La acción heroica del policía cobró mucha difusión en los medios de comunicación y en las redes sociales.

El 18 de junio, un joven de 25 años, que vivía solo en la colonia Xico, Segunda Sección, en el municipio mexiquense de Valle de Chalco, sí logró su objetivo fatal poco antes de que uno de sus familiares lo encontrara colgado de una viga del techo de la casa que ocupaba. A los intentos de suicidio se suman otros trastornos mentales como la depresión y la ansiedad, generados por el aislamiento social y la frustración que en los últimos años vienen afectando especialmente a los jóvenes.

En agosto de 2020, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó el informe Impacto de la pandemia en niñas y niños, en el que se revela que los suicidios de niños y adolescentes en el país habían alcanzado la cifra récord de mil 150, que representa un crecimiento del 12 por ciento con respecto a 2019.

Laura Barrientos Nicolás, médico psiquiatra y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recordó que una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que, en 2020, hubo siete mil 896 suicidios de jóvenes de entre 14 y 29 años. 700 más con respecto a 2019 y mil más que en 2018.

“Cuidar de la salud también es atender aquellos problemas que aparentemente no son visibles, pero que nos van haciendo menos. No hay lugar para la indiferencia o para la ignorancia. El suicidio no es un acto individual de consecuencias igualmente individuales, sino que repercute en los demás y, por ende, es un acto social que debe llevar a preguntarnos como sociedad, ¿qué hicimos o no hicimos para que una persona se suicidara?”, comentó a su vez María Elizabeth de los Ríos Uriarte, profesora e investigadora de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac.

El pasado 16 de mayo el Gobierno Federal publicó, pese a este problema de salud pública, en el Diario Oficial de la Federación un decreto que modificó la Ley General de Salud para que, en materia de salud mental y adicciones, se eliminaran varias responsabilidades del Sector Salud de nivel federal, entre ellas la de encargarse del modelo psiquiátrico asilar y construir hospitales monoespecializados, ya que la atención a este tipo de padecimientos en adelante se brindará en nosocomios generales y centros comunitarios.

La reforma contempla, además, que los actuales hospitales psiquiátricos deberán convertirse paulatinamente en centros u hospitales generales de la red de servicios de salud pública. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, negó que esto vaya a ocurrir; pero el decreto es bastante explícito y la infraestructura médica especializada en salud mental pronto será igual de reducida que el número de psicólogos en México: 12 por cada 100 mil habitantes.

Gran incertidumbre laboral

Uno de los problemas sociales que más afectan la salud mental de los jóvenes es el acceso al trabajo. En 2020, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que en el país se incrementaba el número de jóvenes que no estudiaban, los que no trabajaban y los que no estudiaban ni trabajaban, los popularmente llamados ninis. Pronto ese fenómeno que “no solo no disminuye sino que sigue aumentando y puede crecer aún más a corto término”, fue rebasado por la pandemia.

El estudio Tendencias mundiales del empleo juvenil 2020: La tecnología y el futuro de los empleos reveló que la franja poblacional de 15 a 24 años sin empleo pasó de 259 millones en 2016 a 267 millones en 2019 (dos terceras partes mujeres); y que en 2021 llegó a 273 millones. En agosto de 2021, en México había un millón de jóvenes entre 20 y 29 años, que no tenían trabajo; este sector social era el más desempleado debido a la falta de políticas públicas.

En el país, además de la falta de trabajo, los jóvenes tienen dificultades para seguir estudiando, padecen discriminación étnica, de género y socioeconómica, que los obliga a migrar o padecer depresión y aislamiento. En 2020, ocho de cada 10 jóvenes estaban desempleados; y los que no estudiaban eran en su mayoría mujeres, quienes realizaban trabajos del hogar sin remuneración.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi evidenció que, en este año, el desempleo en México se situó en 2.2 millones de personas, cifra que representa 249 mil menos que la registrada en febrero de 2021. Los desempleados se encuentran en un rango de entre 25 y 44 años; y entre estas personas se concentró el 45.9 por ciento de la tasa de desempleo, 1.3 puntos porcentuales más con respecto a la del mismo mes de 2021.

“El ejercicio del derecho al trabajo digno todavía es una realidad lejana para millones de jóvenes en nuestro país”, afirma la asociación civil Jóvenes con Trabajo Digno, que reportó que el 67 por ciento de quienes trabajan percibe ingresos menores al valor de dos canastas básicas; es decir gana menos de seis mil 400 pesos mensuales: solo el dos por ciento (315 mil) gana más de esta cantidad.

A la precarización laboral se suma el trabajo informal, al que cada vez se suman más jóvenes. Hasta el primer trimestre de este año, siete de cada 10 eran informales y, por tal motivo, no tenían atención médica, seguridad social ni derechos laborales, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Esta institución señala que hay una “situación laboral incierta y vulnerable”, que se profundiza cuando los jóvenes no tienen estudios superiores. Una carrera profesional, sin embargo, tampoco es garantía de acceso a oportunidades de empleo; ya que el 55 por ciento de quienes cuentan con estudios superiores se halla en la incertidumbre; mientras que el 64 por ciento de los que tienen preparatoria, enfrenta el mismo problema; y los que carecen de estudios equivalen al 68 por ciento.

El director del Departamento de Política de Empleo de la OIT, Sangheon Lee, reporta que las escasas oportunidades de empleo y preparación académica de tantos jóvenes “perjudica su futuro a largo plazo y puede llegar a minar el desarrollo socioeconómico de su país”. Y advierte que de no tomarse medidas pertinentes, aumentará “el número de jóvenes desanimados, una situación que socavará en último término el desarrollo socioeconómico de estos países”.

Crece la deserción escolar

La casi nula atención gubernamental a los jóvenes de México se refleja también en la educación. En abril pasado, la asociación civil México Evalúa y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey difundieron el estudio Restando oportunidades: caída en la matrícula de la media superior y superior 2018-2022, en el que informan que, en este ciclo escolar, hubo menos inscripciones en preparatoria y centros de educación superior debido a la situación económica de los padres de familia y los mismos jóvenes.

“Se suma otro año con más jóvenes sin oportunidades educativas: 366 mil 954 jóvenes de 15 a 17 años no se inscribieron en media superior desde 2019. Por tercer año consecutivo se registra una caída de 2.5 por ciento en la matrícula de educación media superior y de 0.5 por ciento en superior. Situación que afecta más a los hombres (-3.8 por ciento en media superior y -4.1 en superior) que a las mujeres (-1.2 por ciento en media superior)”, precisa el estudio.

En el actual ciclo escolar, ya con clases presenciales, aumentó en 1.2 por ciento el número de estudiantes de primer año de bachillerato y 1.9 por ciento de educación superior con respecto a 2021; pero dicho incremento quedó muy lejos de la caída del ocho por ciento en las inscripciones de educación media superior y del nueve por ciento en la superior reportados en los dos ciclos escolares pasados.

El informe destaca que la caída de la matrícula en las escuelas privadas de media superior ha sido mayor. Este año hubo una reducción de 708 mil estudiantes quienes “probablemente se inscribieron en escuelas públicas”.

En una de sus conclusiones, México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey recomiendan al Gobierno del Presidente que es “clave reconocer la magnitud del deterioro, sus distintos componentes, así como impulsar estrategias sostenidas que favorezcan eficazmente el ingreso, sin olvidar la continuidad de las trayectorias en ambos tipos educativos”.

También hacen tres sugerencias a las autoridades educativas para atender este problema: impulsar la demanda de nuevo ingreso tanto a la educación media superior como a la superior sin disminuir la calidad de la educación; limitar la brecha entre la educación media superior y superior para optimizar las opciones y ajustar la currícula para el desarrollo de habilidades y aprendizajes en los jóvenes, que no lograron adquirir por completo debido a las limitaciones de la educación a distancia.

El Imco destacó que la pérdida de aprendizaje arriesga el futuro de esta generación de estudiantes. “Más evidencia de la pérdida de aprendizajes ha surgido en la medida en la que más países regresan a clases presenciales. Hasta ahora, los estudios disponibles se han enfocado en países de alto ingreso al ser los primeros en reabrir. Estos países sirven como referencia a los escenarios más favorables, en comparación con países que tienen cierres de escuelas más largos y con mayores vulnerabilidades sociales y económicas, como es el caso de México”.

“Los efectos negativos sobre los estudiantes probablemente serán mayores en países de bajo y medio ingreso como México, donde se ha acentuado la baja calidad de los servicios educativos y donde más niños se enfrentan a más barreras sociales y económicas en su educación”, afirma Pablo Clark García, investigador de la asociación civil en el análisis Educación en pandemia: los riesgos de las clases a distancia.

Vivienda propia, solo en sueños

Los jóvenes han tenido que quedarse últimamente en las casas de sus padres o buscar otras alternativas de vivienda –como la renta compartida– que, según las ciudades donde viven, resultan más o menos costosas. En la capital de la República, una renta es superior a los seis mil pesos mensuales, dependiendo de la alcaldía.

En el resto de la República, según la oficina nacional Hábitat de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), casi cuatro de cada 10 jóvenes, o parejas recién formadas, no pueden comprar una casa debido a los precios elevados; y tres de cada 10 habitan una casa no adecuada o en condiciones de hacinamiento.

La inaccesibilidad de vivienda se “debe en gran medida a los precios elevados en las zonas urbanas que obligan a las personas a buscar alternativas generando otro tipo de complicaciones”, revela el informe Vivienda y Objetivos de Desarrollo Sostenible de ONU Hábitat-2019.

En ese año, la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) fijó el precio promedio de inmuebles nuevos de uso habitacional en 715 mil 392 pesos en los segmentos más económicos, cifra que contrastaba con el ingreso medio anual de poco más de 186 mil pesos de las familias, las que tendrían que haber destinado casi cuatro veces esta cantidad para adquirir una casa de contado.

Este año, el precio de la vivienda media aumentó considerablemente. En el primer trimestre, el precio promedio de este tipo de viviendas era de un millón 466 mil pesos, cifra 94 mil pesos mayor a la que se había registrado en diciembre de 2021.

Para la mayoría de los jóvenes mexicanos, la adquisición o el arrendamiento de una vivienda de costo medio es solo un sueño inalcanzable.