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La creciente violencia en México evidencia que la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no está funcionando. Diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil han demandado al Presidente dar un golpe de timón a su estrategia, sin embargo, éste ha reiterado que continuará con su plan de “abrazos y no balazos”.
Carlos Juárez Cruz, director en México del Instituto para la Economía y la Paz, en entrevista con buzos, destacó que el gobierno de la “Cuarta Transformación”, encabezado por AMLO ha invertido más recursos al sector militar que a la seguridad pública y al sistema de justicia, según datos del informe Índice de Paz México 2022.
México es uno de los países con la tasa de homicidios más alta del mundo para los grupos de edad de 15 a 35 años; que su principal causa de muerte sea el homicidio con arma de fuego, al alcanzar 31 mil víctimas en 2021, evidencia que las estrategias de seguridad implementadas no están funcionando.
El experto afirma que es necesario diseñar políticas públicas eficientes, basadas en este informe que presentan ya que, insiste, para el diseño de estrategias se deben basar en la evidencia y en los datos duros y no en la intuición, anécdotas o percepciones.
A pesar de las cifras, en su informe mensual, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que hubo una baja en la incidencia delictiva en la mayoría de los delitos, que el Gobierno Federal “trabaja con Inteligencia, estrategia y acciones concretas para dar tiros de precisión a las estructuras criminales”.
buzos (b): El informe sobre el Índice de Paz México 2022 destaca la situación en la que se encuentra México respecto a la violencia. ¿El Gobierno Federal engaña al asegurar que la violencia en el país va a la baja?
Carlos Juárez Cruz (CJC): La novena edición del Índice de Paz México es un informe bastante completo en cuanto al panorama de violencia que vive el país, hemos encontrado que hay un conjunto de violencias que están sucediendo y que van desde la potencia y la espectacularidad de los homicidios con arma de fuego por el crimen organizado pasando por el número creciente de desaparecidos que ya alcanzaron máximos históricos en 2021, máximos históricos en personas desplazadas, pero incluso llega a otros extremos con naturalezas distintas que es la violencia de género que también alcanzó máximos históricos, feminicidios al máximo de registros en un año (mil cuatro casos); violencia de género, entendida como violencia sexual, que aumentó 24 por ciento en el último año; y la violencia familiar, que creció 14 por ciento.
Tenemos estos datos, hacemos un análisis estadístico, un seguimiento a las cifras y a los indicadores. Para ser muy franco, no analizamos ni calificamos el discurso público del Presidente, lo que sí vemos es una creciente tendencia del Gobierno Federal para invertir mayor cantidad de recursos cada año hacia el sector militar en contraste de lo que se invierte en el sector de seguridad pública y en el sistema de justicia. En justicia y seguridad pública cada vez se ha invertido menos en los últimos años y la inversión en seguridad pública ha bajado. En los últimos siete años bajó un 37 por ciento; la inversión en el sector justicia ha bajado un 7.5 por ciento en el mismo lapso, mientras que el gasto militar creció 31 por ciento en ese tiempo.
b: Contrario a lo dicho por el Presidente, sí se ha invertido más en la militarización del país, ¿cuál es la repercusión en la parte de seguridad?
CJC: Ahí habría que hacer un contraste de dónde se ha desplegado mayor cantidad de recursos militares o de personal militar y ver si en esos estados ha mejorado después de la presencia de estos cuerpos militares en la seguridad. En realidad, es muy difícil de evaluar esto porque los programas y las estrategias de seguridad públicas no establecen un objetivo definido.
Es decir, me gustaría ver que una estrategia dijera: “vamos a implementar una estrategia, la pueden compartir o no por temas de seguridad y de confidencialidad, vamos a destinar una estrategia en este estado y esperamos que en los próximos dos años, un año, seis meses, los homicidios bajen este porcentaje, la extorsión disminuya en un tanto por ciento, y en seis meses, que es el plazo integral propuesto, revisemos los resultados, veamos qué funcionó, qué no funcionó, hagamos más de lo que funcionó y menos de lo que no sirvió”. Así es como funcionan las políticas públicas y su mediación.
Hoy en México no tenemos ese tipo de políticas, no estamos midiendo, o sea, medimos todo en cuanto al pasado, de lo que ya sucedió, por eso estamos dando cuenta nosotros de nuestros indicadores.
Lo que vemos en los números es que no están funcionando las estrategias, no es suficiente lo que se está haciendo, México tiene la octava tasa de homicidios más alta del mundo para el grupo de edad de 15 a 35 años, el homicidio con arma de fuego es ya la principal causa de muerte en México y tuvimos más de 34 mil víctimas de homicidio en 2021.
b: ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en Veracruz y otros estados de norte del país, el índice de violencia esté en verde, cuando en los hechos vemos cada día muchos homicidios, mucha violencia?
CJC: Hay varias cosas que analizar. Primero, la percepción a veces por el impacto de algunas manifestaciones de violencia, ganan atención pública, también hay que ver qué regiones se cubren más con las tasas de violencia a través de los medios. A veces la percepción se va construyendo a partir de lo que mide el impacto de los eventos; no es lo mismo que haya en un municipio o un estado 10 homicidios en diferentes zonas de la ciudad en un mes, a que en un mes haya cinco homicidios, pero en un solo evento, en una ejecución. Claramente la noticia de la ejecución de cinco personas los medios tomarán como principal nota y eso hace que la percepción diga que el lugar donde mataron a cinco es mucho más violento que en el lugar donde mataron a 10. Claro, no quiere decir que la percepción de violencia está equivocada, ya que la percepción se construye a partir de algunas nociones de realidad.
Las personas saben vivir con miedo en los lugares donde está sucediendo la violencia, no negamos eso, pero nosotros necesitamos procesar la información que tenemos disponible. Para el caso de algunos estados, incluso hemos aclarado que nosotros en el índice usamos información oficial, es decir, la información que los estados entregan al Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, las encuestas del Inegi sobre victimización, pero al final estamos sujetos a la información oficial, y eso lo hacemos para garantizar la consistencia de los números a lo largo del tiempo, pero también para evitar descalificaciones por parte de quienes gobiernan.
A veces a un alcalde o gobernador no le gusta mirar estos datos negativos y tienen la tendencia o tentación de descalificar el estudio. Cuando lo hacemos con datos oficiales no hay tantas posibilidades de descalificación.
b: ¿Han tenido alguna respuesta por parte del gobierno o alguna autoridad al presentar el Índice de Paz México 2022?
CJC: Hemos estado trabajando en los últimos años con varios actores, con diversas sesiones, trabajamos con grupos de la sociedad civil en Sinaloa, trabajamos en instancias del gobierno estatal de Jalisco, Hidalgo, trabajamos algunas compras con áreas de la secretaría de gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal. Hay vinculaciones.
Nos gustaría, más allá de que reaccionen a lo que presentamos, nos gustaría ver que más instituciones, más dependencias, vayan tomando la evidencia que les estamos mostrando en el informe y la utilicen para diseñar políticas públicas.
Hemos insistido mucho en que hace falta para el diseño de estrategias, basarnos en la evidencia y no en intuición, anécdotas o en percepciones, sino en los datos duros y en muchos casos también basarnos en las experiencias de lo que ya hemos entendido acerca de la violencia.
Sin embargo, hoy, a pesar de, por ejemplo, tener el número más alto de desaparecidos en un año, el máximo histórico de mujeres que han desaparecido en un año, segundo año con más hombres desaparecidos en 2021, a pesar de eso no sabemos por qué desaparecen o no están presentes, no sabemos quién los desaparece, por qué, para qué, son preguntas que están en el aire, pero ya rebasamos 100 mil personas desaparecidas en los últimos años y no tenemos estas respuestas aún. Quiere decir que no estamos comprendiendo las dinámicas que van impulsando estos fenómenos delictivos.
b: Son más de 100 mil desaparecidos, pero prácticamente en el discurso oficial parece ser que no pasa nada.
CJC: Hemos visto que no es útil ir correteando a las autoridades, buscarlas para aportarles estos datos; las instancias que estén interesadas seguramente nos encontrarán. Estamos tratando de difundir esta información en múltiples medios por múltiples canales y ahora tienes que pedirles el favor de difundir la información. Estamos visibles en la medida de lo posible y esperaríamos que haya mayor colaboración no solo como el Instituto para la Autonomía y la Paz, sino con lo que hemos visto; y yo haría aquí dos recomendaciones:
Por una parte es fundamental, es urgente que las instancias públicas se coordinen entre ellas, que conecten no solo en el nivel federal las diversas dependencias y secretarías, sino que además se conecten con los otros dos órdenes de gobierno (estatal y municipal) y que además se conecten con los otros poderes: el Judicial, el Legislativo (fundamental en estos casos) y además, ya que hay articulación en el sector público, necesitamos que estas instancias se vinculen con sociedad civil, con académicos, con empresarios, con las iglesias, con los ciudadanos, con las víctimas, que escuchen a las víctimas, que aprendan todo lo que no hemos aprendido hasta hoy y que la información está en las personas que están sufriendo estas violencias.
Desafortunadamente no hemos visto esta intención, esta vocación de acercarse a otros grupos, de colaborar.
Hemos visto que esto funciona en otros lugares, no lo decimos de manera utópica, como ingenua. En algunos lugares como Culiacán, Tamaulipas y en algunas iniciativas en el estado de Jalisco; en la Secretaría de Gobernación, están constituyendo consejos de paz y reconciliación o incluso en el caso de la Coordinación Nacional Antisecuestros que ha dado buenos resultados, vemos que esta colaboración, esta coordinación, funciona.
En el Índice de Paz de este año hemos destacado estos ejemplos, los definimos con cierto detalle y queremos ganar atención sobre ellos para hacer más de lo que está funcionando y dejar de estar hablando de trapecios nacionales que a veces nos llevan a los contextos locales.
Ni el gobierno municipal de Chimalhuacán, ni el de Nezahualcóyotl, han realizado obras o acciones para sustituir el puente peatonal Los Rosales que colapsó hace ya más de cuatro meses.
El presidente de la Coparmex, José Medina, advirtió que la ciudadanía no quiere que la democracia se ponga en entredicho por la inseguridad que hoy priva en el país.
Desde el inicio de la administración del presidente López Obrador hasta finales de este año, el número de militares en las calles del país ha alcanzado cifra récord al contabilizarse más de 80 mil 210 soldados.
Pese a los operativos de seguridad, la población de Los Altos de Chiapas sigue huyendo del crimen organizado.
El Jefe del Ejecutivo anunció que el próximo domingo 1 de septiembre rendirá su último informe de Gobierno.
La movilización busca manifestar el rechazo al cobro de piso, exigir justicia por el homicidio de un conductor y frenar la creciente inseguridad que afecta al sector.
Derivado de los acuerdos emitidos por los Consejos Distritales 02 y 08 del INE Chiapas, no se celebrarán comicios, debido a la falta de condiciones de seguridad y actos de violencia.
Según testimonios, se jugaba un partido de futbol cuando “dos sujetos entraron y realizaron detonaciones de manera directa hacia un hombre que se encontraba en las gradas”, señala una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
De acuerdo con el análisis, sólo 17 de los 50 municipios con más homicidios cambiaron de partido en la pasada jornada electoral
La propuesta de reforma en pensiones carece de una estimación del impacto presupuestario y podría comprometer la estabilidad financiera del Gobierno.
Hay muertos y casas quemadas tras varios días de enfrentamiento entre dos grupos armados, lo que ha provocado el éxodo de la población.
Datos oficiales afirman que un total de 281 personas tenían menos de 18 años al momento de su desaparición.
Marko Cortés señaló que la estrategia de seguridad “abrazos no balazos” de AMLO ha provocado que las Fuerzas Armadas se vean impedidas para ingresar a varias zonas de México.
Ante el problema de la inseguridad y de la participación de los grupos criminales en las elecciones, el representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón, urgió al Gobierno Federal emitir un “Atlas de Riesgo”.
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Escrito por Trinidad González .
Reportero. Estudió la maestría en Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.