La iniciativa busca dar facultades a fiscalías locales para aplicar la ley federal, mientras expertos advierten riesgos por el uso de medidas excepcionales y la falta de capacidades institucionales.
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De cuatro impactos de bala fue asesinado, la tarde de este miércoles, Edmundo Román Pinzón, expresidente del Tribunal Superior de Justicia, en Acapulco, Guerrero.
La agresión habría ocurrido aproximadamente a las 16:00 horas en el Fraccionamiento Las Playas, cuando el magistrado salía del estacionamiento de los juzgados de Caleta. El atentado causó consternación entre los trabajadores del recinto, así como a los usuarios.
De acuerdo con testigos, los agresores arribaron en un vehículo blanco y habrían esperado a que el magistrado abordara su auto para acercarse a él y abrir fuego.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ya inició la investigación por el homicidio en agravio del magistrado estatal. Abundó que personal de la Policía de Investigación Ministerial acudió al lugar para realizar las indagatorias necesarias, recabar información de posibles testigos y ubicar cámaras de videovigilancia públicas o privadas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos.
En tanto, la Coordinación de Servicios Periciales de la FGE Guerrero acudió para realizar el levantamiento de los indicios que puedan encontrarse. Según autoridades policíacas, el magistrado habría recibido al menos cuatro impactos de arma de fuego de grueso calibre, de los cuales tres fueron en el tórax y uno más en el brazo.
De acuerdo con testigos, los agresores arribaron en un vehículo blanco y habrían esperado a que el magistrado abordara su auto para acercarse y abrir fuego. Los atacantes lograron escapar, sin que hasta el momento se conozca su paradero ni los motivos del ataque contra el magistrado.
En redes sociales circulan imágenes del lugar de los hechos, en que se ve el cuerpo del juzgador Edmundo Román Pinzón al interior de su vehículo, en el asiento del conductor, cubierto con cristales rotos.
La iniciativa busca dar facultades a fiscalías locales para aplicar la ley federal, mientras expertos advierten riesgos por el uso de medidas excepcionales y la falta de capacidades institucionales.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera