Organizaciones campesinas demandan fijar el precio del maíz en 7 mil 200 pesos por tonelada y excluir los granos básicos del T-MEC ante la caída productiva y el aumento de importaciones.
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La Secretaría de la Función Pública (SFP) debe cuidar los recursos públicos aprobados en el presupuesto anual que en 2024 ascienden a 9 billones de pesos (bdp), además de preservar el patrimonio público federal, cuyo monto alcanza los 13 bdp, sin incluir a las empresas productivas del Estado, lo que suma un total de 22 bdp.
Así lo señaló su titular, Roberto Salcedo al participar en la XXXV Reunión de titulares de Embajadas y Consulados (REC 2024), donde indicó que la Secretaría de la Función Pública es un órgano interno de control con atribuciones y facultades perfectamente delimitadas constitucional y legalmente, cuya labor es esencialmente de carácter preventivo.
Explicó que el sistema de control interno que impulsa la SFP articula dos elementos: diseñar y aplicar una metodología para identificar y administrar los riesgos, para que, de forma anticipada, se establezcan las acciones que impidan la materialización de la ineficacia y la comisión de ilícitos; garantizar el funcionamiento eficaz de los comités de control y desempeño institucional.
Salcedo Aquino agregó que, en el aspecto correctivo, el énfasis se ubica en las compras y en la obra pública, por lo que el 47 por ciento de las auditorías financieras y de cumplimiento se concentraron en esos rubros.
Detalló que, en la cuenta pública de 2019, el órgano superior auditor observó solo el 0.8 por ciento respecto del presupuesto para ese año, que fue de 5.5 bdp.
“En 2020 la proporción disminuyó a 0.4 por ciento de los 5.7 bdp; y en 2021 se redujo a 0.2 por ciento de 6.3 bdp. Señaló que los resultados finales de la revisión de la Cuenta Pública de 2022 se entregarán en febrero próximo, y la tendencia apunta a que el porcentaje puede disminuir”, señaló ante el cuerpo diplomático.
Los embajadores y cónsules acreditados en el exterior expusieron al secretario de la Función Pública, sus inquietudes sobre la asignación del presupuesto a las representaciones de México en el exterior, auditorias, arrendamiento de inmuebles, rendición de cuentas y blindaje electoral, ejes que señaron en el encuentro como fundamentales para que la Cancillería realice sus funciones de manera eficiente.
Organizaciones campesinas demandan fijar el precio del maíz en 7 mil 200 pesos por tonelada y excluir los granos básicos del T-MEC ante la caída productiva y el aumento de importaciones.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera