El pasado viernes 25 de octubre, los representantes del Senado, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Banco de México (BM) se declararon satisfechos con la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) de 2020 porque, señalaron, garantizará la estabilidad macroeconómica del país. Arturo Herrera, titular de la SHCP y responsable de la propuesta, se congratuló porque el resultado final de la LIF, tras el análisis del Congreso, fue satisfactorio. Asimismo, Gerardo Esquivel, subgobernador del BM, declaró que “Es positivo que se haya aprobado la Ley de Ingresos. Tal como ha sido planteada junto con la propuesta de Presupuesto de Egresos (…) plantean una política fiscal prudente (…) es una garantía que se mantendrá la macro estabilidad económica en el país”.

La discusión sobre los presupuestos del Estado en las cámaras de Diputados y Senadores se basa en el supuesto de que en estas instituciones efectivamente están representados los intereses de los distintos grupos sociales que conforman a la sociedad mexicana, y que, por lo mismo, ahí se defienden aquéllos y se hace una distribución equitativa de la riqueza social generada por el pueblo. Cada año se discute el llamado “paquete fiscal”.

Éste consiste, por un lado, en la propuesta que el Presidente de la República hace sobre el monto de los ingresos que el Gobierno Federal dispondrá el año siguiente con sus respectivas fuentes; es decir, los impuestos, los derechos y las ganancias de las empresas paraestatales y servicios públicos que presta el Estado. El paquete fiscal, como se mencionó arriba, incluye el proyecto del gasto gubernamental, es decir, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Los presupuestos para 2020 se hicieron con el mantra del Presidente de la austeridad republicana. Y como éste se comprometió a no incrementar la deuda y los impuestos, ya que según su diagnóstico para resarcir las injusticias que hay en México solo se necesita combatir la corrupción, el monto de su propuesta de ingresos apenas aumentó. De acuerdo con la LIF el gobierno dispondrá de seis billones de pesos, equivalente a poco más del 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Los ingresos del Gobierno Federal serán muy similares a los que tuvo la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, especialmente a partir de la caída del precio internacional del barril de petróleo en 2015, cuando su gobierno se quedó sin una fuente importante de ingresos.

La aplaudida aprobación de la LIF 2020 genera una pregunta relevante para prever lo que podría ocurrir el año que entra: ¿qué significa la estabilidad macroeconómica? Esencialmente que habrá poca variabilidad del poder adquisitivo del peso mexicano; es decir, que primero habrá una inflación controlada y por debajo de la tasa objetivo del BM (tres por ciento); y, segundo, que habrá un comportamiento estable del tipo de cambio del peso mexicano con respecto al dólar. Estas explicaciones, sin embargo, omiten otros costos consustanciales de la estabilidad macroeconómica que el actual gobierno pretende soslayar u ocultar a la ciudadana.

Entre los efectos negativos más importantes de la estabilidad macroeconómica destacan la contención de las inversiones productivas, de la demanda de los consumidores, del crecimiento económico y, por lo tanto, de la generación de empleos. Una estabilidad macroeconómica así no es benéfica para todos por igual, sino para los que ya tienen garantizado un ingreso. Hay que recordar que, en México, los desempleados abiertos, subempleados y autoempleados en el sector informal alcanzan la impresionante cifra de 45 millones de personas. ¿A quién, entonces, beneficia la estabilidad macroeconómica?