El 18 de febrero de este año, alrededor de cinco mil trabajadores del sector salud protestaron en el Estado de México por la falta de insumos médicos, medicamentos y el impago de salarios. El vocero de la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Salud denunció que, desde la transición al IMSS-Bienestar, las carencias en las instituciones de salud se han agudizado. Hay escasez de jeringas, material quirúrgico, antibióticos y analgésicos, lo que ha llevado a la suspensión de cirugías y a una atención médica deficiente. En lugar de atender las demandas, el gobierno envió granaderos para contener a los inconformes, quienes irrumpieron con sus vehículos contra los manifestantes.

El desabasto de medicamentos no es exclusivo del Estado de México, sino un problema nacional. En 2023, alrededor de siete millones 503 mil 818 recetas no se surtieron efectivamente. De 2021 a 2024, el portal cerodesabasto.org registró siete mil 89 reportes de pacientes y personal médico que enfrentaron desabasto en hospitales públicos, a pesar de ser derechohabientes. Un ejemplo es el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en Guanajuato, donde el laboratorio no puede operar por falta de insumos y en más de un año sólo una de sus siete salas quirúrgicas ha funcionado. Además, durante ese periodo se han contabilizado más de 61 protestas y paros en hospitales. Las políticas del gobierno han derivado en la sustitución del servicio público por el privado, evidenciando la adopción de medidas liberales en materia de salud. Esto se refleja en el gasto de bolsillo, pues de cada 100 pesos gastados en salud, 50 provienen del bolso de la población. 

Los trabajadores de la salud también sufrieron las consecuencias del desorden en la transición del Seguro Popular al INSABI y luego al IMSS-Bienestar. Hay atrasos de hasta medio año en el pago de salarios y prestaciones, desinformación sobre contratos laborales (si es a nivel estatal o federal) y el incumplimiento de la promesa, hecha en 2021, de otorgar bases laborales a profesionales eventuales. Además, algunos de los denunciantes han sido perseguidos a través de recursos humanos en sus hospitales por negarse a operar sin los insumos necesarios.

Actualmente, 50.4 millones de mexicanos (39.1 por ciento de la población) carecen de acceso a servicios de salud. Esta cifra es mayor si se considera a quienes, aunque tienen cobertura nominal, no reciben atención adecuada debido al desabasto de insumos. Aunque en teoría tienen derecho a la salud, en la práctica no pueden ejercerlo.

Responder con represión a las protestas no resuelve el problema. El gobierno debe reconocer el desabasto generalizado, la insuficiencia presupuestaria y el desorden en el IMSS-Bienestar. De lo contrario, se profundizarán la pobreza y la desigualdad. Los trabajadores de la salud son testigos del sufrimiento del pueblo, ya que deben negar atención por falta de recursos y han visto violados sus derechos laborales. Este problema no es sólo suyo; nos compete a todos. Debemos apoyar sus movilizaciones y denunciar el desmantelamiento del sistema público en favor del sector privado.

Las tarjetas del bienestar han distraído a la población, reduciendo sus exigencias a la mera supervivencia, es decir, a la satisfacción básica del hambre. Como pueblo, debemos organizarnos para transformar un sistema que impide a la mayoría vivir con dignidad y en el que el acceso a vivienda, vestido, educación y salud son derechos de papel. La lucha por un sistema de salud público y funcional es parte de una batalla más amplia por un país más justo y equitativo.