Algunos legisladores señalaron que el procedimiento funcionó más como una “simulación legislativa”.
Cargando, por favor espere...
Ciudad de México. La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) calificó como retrógrada la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de ocultar información.
Y es que, a principios de mes, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) se dio a conocer que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pilar en la divulgación sobre la actividad nacional, dejará de publicar información educativa por solicitud de la propia SEP.
Entre los datos que la ciudadanía ya no conocerá –estos dejarán de ser proporcionados por la SEP al Inegi– destacan los resultados de evaluaciones, características de la infraestructura educativa y nóminas magisteriales; ya no serán catalogados como Información de Interés Nacional (IIN) del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).
Al respecto, Adán Márquez Vicente, dirigente nacional de la FNERRR, reprobó la decisión y agregó que la organización estudiantil se une a la denuncia que de otras organizaciones como Mexicanos Primero; “la falta de información es retrógrada para contrarrestar la crisis educativa, pues sólo es perfectible lo que es medible”, sentenció. Además, dijo que la decisión afectará todavía más porque no habrá información para conocer los problemas educativos y diseñar políticas que realmente combatan la crisis educativa que vive el país.
“Sólo de conocer los últimos datos oficiales queda claro que debemos exigirles a los tres niveles gobierno una mejor educación, cobertura e infraestructura, implementada mediante políticas transparentes y no a través de programas clientelares que resulten con opacidad financiera".
La FNERRR sostiene que los problemas educativos deben conocerse y atenderse a nivel nacional. Los problemas de falta de infraestructura y su mantenimiento, como Sinaloa, donde se redujo el número de escuelas en educación media superior y superior, entre 2017 y 2018, según datos de la SEP y Gobierno Federal; además, alrededor del 56% de los planteles educativos tienen problemas con su infraestructura (SEPyC, 2022).
La materialización del derecho a la educación gratuita sigue sin efectuarse, casos como Monterrey donde la educación es de las más caras a nivel nacional, ya que, de acuerdo con el portal Roomgo, un estudiante ocuparía entre 9 mil 510 pesos mensuales en promedio, entre transporte, material y comida, además de las colegiaturas.
El rezago educativo se agudizó durante la pandemia; en estados como Chiapas el grado de escolaridad es de apenas 7.8, lo que equivale apenas al 5to grado de primaria (INEGI, 2020).
“Estos últimos datos son sólo un reflejo de lo que falta por mejorar en canto a educación y política pública, y son datos que el Gobierno Federal quiere ocultar”, sentenció el dirigente estudiantil.
La acción de ocultar datos de educación es turbia, porque no brindará claridad de las necesidades nacionales para la implementación de políticas públicas adecuadas y, además, porque se atropella el derecho a la información; también es retrógrado, porque es un retroceso histórico no dar a conocer la realidad educativa para exigir que se mejore, reiteró.
“No podemos permitir que decisiones como estas se queden en el silencio, los estudiantes debemos organizarnos y exigir pacíficamente que se brinde el derecho a la educación en todos sus niveles, que se conozcan las estadísticas oficiales de todos los estados y que estás permitan mejorar la educación en México; hay mucho por corregir”, finalizó.
Algunos legisladores señalaron que el procedimiento funcionó más como una “simulación legislativa”.
El aumento en pensiones acelera la saturación del gasto obligatorio y reduce en rubros prioritarios.
Entre las principales irregularidades destacan la asignación unilateral de plazas y ascensos sin respetar la antigüedad ni la participación del sindicato.
El alza salarial mejora el poder de compra, aunque introduce riesgos para inflación y actividad económica.
Se busca que en 2027 la jornada se reduzca a 46 horas semanales, en 2028 a 44 horas, en 2029 a 42 y finalmente, en 2030, alcanzará las 40 horas.
Desabasto de medicamentos e insumos, sustancias de laboratorio insuficientes y equipos descompuestos son sólo algunos de los problemas en el nosocomio.
De 2024 a 2025, el promedio mensual de reportes por agresiones se incrementó de 74 a 95 casos.
Dada su magnitud, no requirió la activación de la alerta sísmica.
Los campesinos se dirigen al Congreso para protestar contra la nueva Ley de Aguas.
Quienes no completen el proceso enfrentarán restricciones inmediatas, como la suspensión de depósitos hasta confirmar la identidad.
Oposición califica el proceso como simulación, en referencia al nombre de Ernestina Godoy, actual encargada interina de la FGR
El precio del maíz en la Bolsa de Chicago ronda los tres mil 400 pesos por tonelada, mientras que, en México, con los apoyos federales y estatales, supera los seis mil pesos.
El contingente avanza por la carretera Puebla–Veracruz, mientras que en Zacatecas continúan de forma intermitente los bloqueos.
Personal médico compra con sus propios recursos insumos y equipo básico para trabajar.
La OIM reporta un aumento inédito en los flujos provenientes de Asia-Pacífico entre mayo y agosto de 2025.
Escrito por Redacción